Washington, DC
Excelentísimo Dr. Fernando Francisco Gómez-Mont
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
México D.F.
Excelentísimo Dr. Gómez-Mont:
Tengo el honor de dirigirme a V.E. con el propósito de expresar nuestra profunda preocupación por las reiteradas amenazas contra defensores de derechos humanos en Tijuana, Baja California. En particular, consideramos crucial la adopción de medidas urgentes para garantizar que dos defensoras que han recibido amenazas recientemente puedan llevar a cabo sus actividades de manera libre y segura. Específicamente, instamos a V.E. a que transfiera la responsabilidad por los rondines en los domicilios de las defensoras-que actualmente están a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California-a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y a que les asigne escoltas federales permanentes a las defensoras y sus familias.
Blanca Mesina y Silvia Vázquez denunciaron haber recibido amenazas de muerte en reiteradas oportunidades como resultado del trabajo que llevan a cabo en relación con un caso en el cual 25 agentes de la policía municipal de Tijuana afirman haber sido torturados por miembros del Ejército y de la Policía. Mesina, hija de uno de los 25 oficiales, y Vázquez, una abogada de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), representan a varias de las presuntas víctimas.
Mesina y Vázquez afirmaron que tanto ellas como sus familiares recibieron llamadas telefónicas amenazantes, que fueron seguidas por vehículos militares y patrullas policiales y que sus viviendas han sido fotografiadas por individuos vestidos de civil. En febrero, el automóvil del hermano de Vázquez fue incendiado con bombas Molotov fuera de la vivienda de sus padres. Los ataques comenzaron el 5 de noviembre de 2009, cuando Mesina y otros miembros de la organización de Vázquez declararon en Washington durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos en relación con abusos perpetrados en Tijuana.
Según Mesina, el incidente más reciente se produjo cerca de las 6:00 p.m. del 18 de mayo de 2010, cuando una camioneta pick-up negra comenzó a seguirla y golpeó varias veces la parte trasera de su automóvil. La camioneta siguió a Mesina hasta que ella se detuvo en un estacionamiento. Un hombre encapuchado vestido completamente de negro bajó de la camioneta, se acercó al automóvil y golpeó la ventanilla para que Mesina la bajara. Según Mesina, el hombre dijo, "Es la última vez que te aviso que dejen de denunciar ... Creo que no quieres perder a algún familiar".
Los 25 agentes de la policía municipal representados por Mesina y Vázquez denuncian haber sido detenidos arbitrariamente en marzo de 2009 y trasladados a una base militar, donde recibieron golpizas, y fueron sometidos a descargas eléctricas y asfixiados con bolsas plásticas, entre otras formas de tortura realizadas por el Ejército y otros policías municipales.
En febrero, la CCDH y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos solicitaron medidas de protección en favor de las defensoras a la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos (UPDDH), que depende de la Secretaría de Gobernación, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California. También han solicitado medidas cautelares a la CIDH, que actualmente está analizando el caso.
En respuesta, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California exigieron medidas de protección para las defensoras. Como resultado, el 9 de marzo de 2010 varios representantes de la UPDDH de la Secretaría de Gobernación, junto con representantes de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Secretario de Seguridad Pública, el poder ejecutivo estatal, el Ejército y otros órganos acordaron debatir con Mesina y Vázquez sobre su seguridad. Entre otras medidas, las partes acordaron que: "La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California perfeccionará los rondines que se efectúan en los domicilios" de Mesina y Vázquez. Estos rondines debían efectuarse tres veces al día.
Sin embargo, en las semanas posteriores a la reunión la policía del estado incumplió sistemáticamente este compromiso. Normalmente transcurrían varios días entre cada rondín.
Mesina y Vázquez informaron a las autoridades sobre las irregularidades de estos rondines y la continuidad de las amenazas durante una segunda reunión celebrada el 20 de abril de 2010, a la cual asistieron representantes de la UPDDH. En respuesta, las autoridades concluyeron que la Secretaría de Seguridad Pública Federal evaluaría la posibilidad de llevar a cabo los rondines pero que, mientras tanto, esta obligación continuaría estando a cargo de la policía del estado. Las defensoras también solicitaron al gobierno que les asignara escoltas permanentes para garantizar su seguridad, y las autoridades se comprometieron a dar una respuesta al respecto en el plazo de una semana.
Desde la segunda reunión, la policía del estado ha continuado realizando los rondines de manera irregular. De hecho, durante la semana previa a la última amenaza sufrida por Mesina, la policía del estado directamente había interrumpido los rondines. (Representantes del poder ejecutivo estatal informaron a las defensoras que el estado había suspendido los rondines en forma indefinida, debido a que uno de los oficiales que participaba en ellos había perdido la vida en un accidente automovilístico). A su vez, en ningún momento antes de la agresión el gobierno se comunicó para informarles sobre la posibilidad de que se asignaran escoltas permanentes, como se había comprometido en la reunión del 20 de abril.
Por consiguiente, recomendamos enérgicamente que la responsabilidad por estos rondines se transfiera inmediatamente a la policía federal. Asimismo, en vista de la persistencia y la gravedad de las amenazas, así como del riesgo al que están expuestas las defensoras, instamos respetuosamente a V.E. a que asigne escoltas federales permanentes a dichas defensoras y sus familiares, tanto mientras se encuentren en sus viviendas como durante sus traslados. Por último, y a fin de asegurar que los rondines y los escoltas cumplan sus funciones, recomendamos que se designe a un funcionario de su secretaría para que establezca contacto regularmente con Mesina y Vázquez.
Sin otro particular, agradezco de antemano la atención de V.E. a esta grave situación y aprovecho esta oportunidad para expresarle mis sentimientos de la mayor consideración y estima.
José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo
División de las Américas
Human Rights Watch
CC: Dr. Arturo Chávez Chávez, Procurador General de la República
CC: Dr. José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador del Estado de Baja California
CC: Dr. Raul Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
CC: Dr. Arturo Sarukhan, Embajador de México en los Estados Unidos
CC: Dr. Carlos Pascual, Embajador de los Estados Unidos en México
