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Indonesia: Fallo judicial es un retroceso en la libertad religiosa

Ley sobre blasfemia pone en riesgo a las minorías religiosas

(Yakarta) – El Tribunal Constitucional de Indonesia asestó un duro golpe a la libertad religiosa al defender una controvertida ley que prohíbe la "blasfemia", Human Rights Watch dijo hoy. Human Rights Watch instó al Gobierno indonesio a revocar esta y otras leyes que violan los derechos a la libertad de religión, creencia, y conciencia.

El tribunal, en una decisión 8-1 el 19 de abril de 2010, dictaminó que la ley sobre blasfemia, que prevé sanciones penales para aquellos que expresan creencias religiosas que se apartan de los principios centrales de las seis religiones reconocidas oficialmente, es una restricción legal de las creencias religiosas de las minorías porque permite el mantenimiento del orden público.

"La decisión del Tribunal Constitucional sobre la ley de blasfemia es una amenaza real a las creencias de las minorías religiosas de Indonesia", dijo Elaine Pearson, subdirectora para Asia de Human Rights Watch. "Si el presidente Yudhoyono toma con seriedad la promoción del pluralismo religioso en Indonesia, debe trabajar para tener esta y otras leyes similares eliminadas de los libros".

En la apertura de la Sexta Asamblea del Movimiento Mundial por la Democracia el 12 de abril, el presidente Susilo Bambang Yudhoyono habló con orgullo del desarrollo democrático de Indonesia, afirmando: "Nosotros en Indonesia hemos demostrado que, con ejemplo, el Islam, la democracia y la modernidad pueden crecer juntos. Somos un ejemplo vivo de que no hay conflicto entre una obligación espiritual musulmán a Alá SWT [y] su responsabilidad cívica como ciudadano en una sociedad pluralista".

El recurso de inconstitucionalidad a la ley de blasfemia fue presentado en octubre de 2009 por un grupo de organizaciones indonesias no gubernamentales y personas encabezados por el ex presidente Abdurrahman Wahid, un individuo por mucho tiempo musulmán y partidario de la libertad religiosa y la tolerancia. Los peticionarios argumentaron que la ley violaba el derecho constitucional a la libertad de expresión y las obligaciones de Indonesia en el marco de los tratados internacionales de derechos humanos.

La ley sobre blasfemia de Indonesia, artículo 156a del Código Penal indonesio, castiga las desviaciones de los principios centrales de las seis religiones oficialmente reconocidas con hasta cinco años de prisión. Se basa en una regulación gubernamental de 1965, expedida por el entonces presidente Sukarno, que estableció que cinco religiones serían reconocidas oficialmente en Indonesia: el islam, el protestantismo, el catolicismo, el budismo y el hinduismo. El confucianismo fue añadido a esta lista en 1998.

La ley de blasfemia se ha utilizado para procesar y encarcelar a los miembros de las minorías religiosas y de las religiones tradicionales. En 2006, un tribunal de Yakarta condenó a tres líderes de un movimiento espiritual llamado la Comunidad Eden - Lia Edén, M. Abdul Rachman y Wahyu Andito Putro Wibisono - a penas de prisión de dos a tres años por violar la ley sobre blasfemia. Otros procesados bajo la ley incluyen miembros de las muchas religiones tradicionales practicadas en Java, Sumatra, Borneo, Sulawesi, y otras partes de Indonesia.

"La ley sobre blasfemia tipifica como delito la expresión pacífica de determinadas creencias religiosas", dijo Pearson. "Se cuelga como una ‘espada de Damocles’ sobre las cabezas de las minorías religiosas y de los que practican las religiones tradicionales".

La ley sobre blasfemia también sirve como la base jurídica para una serie de regulaciones gubernamentales que facilitan la discriminación oficial basada en la religión. Estas incluyen un decreto gubernamental de junio 2008 que ordenó a los miembros de la comunidad religiosa de Ahmadiya cesar todas las actividades públicas religiosas ya que se habían desviado de las principales enseñanzas del islam y amenazó a los infractores con hasta cinco años de prisión. El decreto fue emitido a raíz de un violento ataque el 1 de junio de 2008, por más de 500 militantes islamistas contra un grupo de manifestantes pacíficos que apoyaban el pluralismo religioso. Más de 60 manifestantes resultaron heridos por el grupo, que se hacían llamar la Tropa de Comandos del Islam, y varios miembros de Ahmadiya fueron hospitalizados.

Los miembros de grupos islamistas, entre ellos el Frente de Defensores Islámicos (FDI) asistió a la audiencia semanal de la Corte Constitucional sobre la ley. Los miembros del grupo están acusados de haber liderado un violento ataque contra los abogados de los peticionarios en el edificio del Tribunal Constitucional tras la última audiencia en la corte el 24 de marzo.

Si bien la mayoría de la corte dijo que la religión es un asunto privado donde la autoridad no debe intervenir, el tribunal ratificó las restricciones de la ley sobre blasfemia, por considerar que las minorías religiosas podrían convertirse en blancos de violencia por los miembros intolerantes del público que no sean lo suficientemente educados para apoyar el pluralismo religioso. Altos funcionarios del Gobierno que sirvieron como testigos en el examen de la corte, Suryadharma Ali, ministro de Asuntos Religiosos, y Patrialis Akbar, ministro de Derecho y Derechos Humanos, ambos defendieron la constitucionalidad de la ley, diciendo que, si fuera revocada, turbas violentas probablemente atacarían a las minorías religiosas.

La jueza María Farida Indrati emitió el único dictamen en contra, argumentando que la ley debe ser declarada inconstitucional, ya que explícitamente discrimina contra las minorías religiosas y obligaría a la personas a abandonar las creencias tradicionales y de las minorías en contra de su voluntad.

"Las leyes de Indonesia deben proteger a los que pacíficamente expresan sus perspectivas religiosas y castigar a los que amenazan con utilizar la violencia contra otros, no al revés", dijo Pearson. "Si el gobierno quiere prevenir la violencia, debe enviar un mensaje mediante el castigo de las conductas violentas".

La Constitución de 1945 de Indonesia garantiza explícitamente la libertad de religión en el artículo 28(E). En virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Indonesia ratificó en 2006, los Estados deben respetar el derecho a la libertad de religión. Este derecho comprende la "libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza". Las restricciones al derecho a la libertad de religión para proteger la seguridad pública o el orden deben ser estrictamente necesarias y proporcionales a la finalidad que se busca.

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