(Nueva York) - El intento de condenar a dos personas a quienes el Gobierno acusa de violar las leyes contra la conducta homosexual después de que celebraron una ceremonia de compromiso viola las libertades fundamentales por motivos de orientación sexual e identidad de género, Human Rights Watch señaló en una carta a las autoridades de Malawi. Human Rights Watch instó a los fiscales a que retiren todos los cargos contra Tiwonge Chimbalanga y Steven Monjeza y al Gobierno a que reafirme su compromiso con el derecho de todos los malauís a la igualdad, la intimidad y la dignidad.

"El caso contra Tiwonge Chimbalanga y Steven Monjeza es una afrenta a los principios fundamentales de la no discriminación y la igualdad", dijo Nath Dipika, investigadora del Programa de derechos de lesbianas, gays, bisexuales, y personas transgénero (LGBT) de Human rights Watch. "Señalan a dos personas como criminales simplemente porque se aman".

Chimbalanga, de 20 años, y Monjeza, de 26 años, fueron detenidos el 28 de diciembre 2009, a raíz de la cobertura en los medios de comunicación de su tradicional ceremonia de compromiso el 26 de diciembre en Blantyre. Se les acusó de conformidad con los artículos 153 ("delitos anti naturales") y 156 ("prácticas indecentes entre hombres") del código penal de Malawi. Han estado en custodia desde entonces, primero en la comisaría de Blantyre y luego en la prisión de Chichri, también en Blantyre. Los hombres dijeron a sus abogados que fueron golpeados por oficiales de la estación de policía con el objetivo de hacerlos confesar haber participado en la conducta homosexual y mantener una relación homosexual.

Tanto el tribunal de magistrados en Blantyre y el Alto Tribunal negaron otorgarles la libertad bajo fianza. Este último afirmó que los dos debían ser encarcelados por "su propia seguridad". Un recurso para trasladar el caso a la Corte Constitucional también fue rechazado. Chimbalanga fue sometido a un examen médico, sin consentimiento, en el Hospital Queen Elizabeth el 6 de enero de 2010, con el fin de establecer si Chimbalanga había tenido relaciones sexuales con hombres y para establecer el género de Chimbalanga. El 7 de enero, tanto Chimbalanga como Monjeza fueron sometidos - de nuevo sin su consentimiento - a una evaluación psiquiátrica en el Hospital Mental de Zomba en la ciudad de Zomba.

Su proceso se inició el 11 de enero en la Corte de Magistrados de Blantyre, y la fiscalía concluyó su caso el 22 de marzo. Entre los testigos estuvieron los funcionarios de policía que los detuvo, el empleador de Chimbalanga, y los testigos de la ceremonia de compromiso. La defensa presentará su caso el 6 de abril, y el veredicto se espera poco después.

Si son hallados culpables, Chimbalanga y Monjeza pueden recibir una pena de hasta 14 años de trabajos forzados. Sus familias los han abandonado, y dependen de organizaciones locales de derechos humanos y sus abogados para asistencia jurídica y apoyo. El caso ha recibido amplia cobertura en los medios de comunicación locales e internacionales, y los defensores de derechos humanos de Malawi temen que ya se ha dado un golpe muy duro a los esfuerzos de educación y prevención de VIH / sida entre las poblaciones ya marginadas de hombres que tienen sexo con hombres. Como mínimo, exigen que los acusados salgan en libertad bajo fianza sin más demora.

"Los colonizadores británicos impusieron estas disposiciones legales injustas en Malawi, y un Gobierno comprometido con la igualdad y los derechos humanos no tiene por qué cumplirlas", dijo Nath. "El juicio ya ha destruido dos vidas y orillado a las poblaciones vulnerables a la clandestinidad. La fiscalía debe retirar los cargos".

El arresto y el juicio violan tanto las normas nacionales como internacionales de derechos. Los artículos 19, 20 y 21 de la Constitución de Malawi garantizan el derecho a la dignidad humana y la libertad personal, la igualdad y la privacidad. Los artículos 32 y 35 garantizan el derecho a la libertad de asociación y de expresión. A nivel internacional, la criminalización de la conducta sexual consensual es considerada una violación de tanto el derecho a la intimidad como a la igualdad.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que interpreta con autoridad el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), un tratado del que Malawi es parte, encontró que en el caso de 1994 de Toonen contra Australia las leyes que penalizan la conducta homosexual consensual entre adultos violan las protecciones del Pacto a la vida privada y contra la discriminación. El artículo 9 del PIDCP garantiza la dignidad inherente de las personas privadas de libertad, y los artículos 17 y 19 garantizan los derechos a la intimidad y a la libertad de expresión.

Los exámenes forenses, médicos y psiquiátricos realizados a personas en detención y sin su consentimiento pueden constituir tortura o trato degradante. Su valor en la determinación de la orientación sexual y las prácticas ha sido desacreditado. El artículo 19 (3) de la Constitución de Malawi promete que "nadie podrá ser sometido a tortura de ningún tipo ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes". El artículo 19 (5) garantiza que "nadie podrá ser sometido a experimentos médicos o científicos sin su consentimiento." El artículo 7 del PIDCP prohíbe la tortura y los tratos crueles o degradantes. Específicamente promete que "nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos".