En sus esfuerzos por contener a la oposición política y consolidar su poder, el gobierno del Presidente Hugo Chávez ha debilitado las instituciones democráticas y las garantías de derechos humanos en Venezuela, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy.
El informe de 267 páginas, titulado: “Una Década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela”, analiza el impacto que ha tenido la presidencia de Chávez en instituciones que son esenciales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho: los tribunales, los medios de comunicación, las organizaciones sindicales y la sociedad civil.
“Hace diez años, Chávez promovió una nueva Constitución que podría haber mejorado notablemente la situación de los derechos humanos en Venezuela”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Sin embargo, en vez de promover las libertades públicas y sus mecanismos de protección, su gobierno desde entonces ha actuado en sentido contrario, sacrificando garantías fundamentales en función de sus intereses políticos”, agregó.
Chávez resultó elegido por primera vez en 1998, con el compromiso de reformar y renovar el desacreditado sistema político venezolano. La aprobación de una nueva Constitución en 1999 ofreció una oportunidad única para que el país pudiera fortalecer el estado de derecho y la protección de los derechos humanos. No obstante, el informe demuestra que esta oportunidad histórica ha sido desperdiciada.
“La violación más grave del estado de derecho en Venezuela durante los últimos diez años fue el golpe de estado de 2002 contra Chávez”, afirmó Vivanco. “Afortunadamente, sólo duró dos días. Pero, lamentablemente, el gobierno de Chávez ha explotado el golpe desde entonces para justificar políticas que han degradado la democracia en el país”.
Ante la ausencia de un control judicial creíble, el gobierno de Chávez ha aplicado, sistemáticamente, políticas discriminatorias que han limitado el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas, el derecho a la libertad sindical de los trabajadores y la capacidad de la sociedad civil de promover los derechos humanos en Venezuela.
Discriminación política
La discriminación por motivos políticos ha sido una característica definitoria de la presidencia de Chávez. El gobierno de Chávez ha implementado prácticas discriminatorias, en contra de sus opositores políticos y críticos. En algunas oportunidades, el Presidente mismo ha respaldado abiertamente actos de discriminación. De manera generalizada, ha incentivado a sus subordinados a tomar medidas discriminatorias al tachar sistemáticamente a sus opositores de conspiradores antidemocráticos – independientemente de que tuvieran o no alguna relación con el golpe de 2002.
Los tribunales de justicia
Otra característica definitoria de la presidencia de Chávez ha sido el manifiesto desprecio del principio de separación de poderes y, en especial, de la idea de que un poder judicial independiente es indispensable para la protección de los derechos fundamentales en una sociedad democrática. Después del golpe de 2002, la violación más grave del estado de derecho en Venezuela fue el copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia por parte de Chávez y sus partidarios en 2004, que logró neutralizar al poder judicial como rama independiente del gobierno. Desde su intervención política el 2004, el tribunal repetidamente ha abdicado de su papel como contralor del accionar arbitrario del estado y garante de los derechos fundamentales.
Los medios de comunicación
El gobierno de Chávez ha atentado contra la libertad de expresión a través de diversas medidas para cambiar el control y contenido de los medios de comunicación. En Venezuela aún existe un dinámico debate público, en el cual los medios opositores al gobierno y aquellos afines a él pueden hacer oír sus críticas y su apoyo a Chávez. Sin embargo, al expandir y endurecer las penas por delitos que castigan opiniones críticas y supuestas infracciones a las normas sobre regulación de los medios, Chávez y sus partidarios en la legislatura han fortalecido la capacidad del estado de limitar el ejercicio de la libertad de expresión, creando además poderosos incentivos para la autocensura. El gobierno también ha abusado del control estatal de las frecuencias de transmisión con el objeto de intimidar y discriminar a estaciones que emitían una programación claramente crítica.
Movimiento sindical
El gobierno de Chávez ha intentado rehacer el movimiento sindical con procedimientos que vulneran los principios básicos de libertad sindical. Ha despedido a trabajadores por ejercer su derecho de huelga, les ha denegado su derecho a negociar convenios colectivos y los ha discriminado debido a su ideología política. Mediante la violación sistemática del derecho de sindicación de los trabajadores, el gobierno de Chávez ha afectado a los sindicatos existentes y favorecido el surgimiento de nuevos sindicatos paralelos que apoyan su agenda política.
Sociedad civil
El gobierno de Chávez ha adoptado una postura de abierta confrontación frente a los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. Durante la presidencia de Chávez, los defensores de derechos humanos han sido objeto de hostigamiento judicial, acusaciones infundadas destinadas a desacreditar su trabajo, e iniciativas para excluirlos de los foros internacionales y restringir su acceso al financiamiento internacional.
El informe incluye recomendaciones pormenorizadas para que el gobierno venezolano revierta el daño causado por sus políticas y fortalezca las garantías de los derechos humanos en el país. Entre estas recomendaciones, pueden mencionarse la de restablecer la credibilidad del Tribunal Supremo de Justicia mediante un proceso de ratificación de cada uno de los doce magistrados que fueron parte del copamiento de dicho tribunal en 2004 y la creación de un organismo autónomo que administre las frecuencias de transmisión de radio y televisión.
“Chávez ha intentado activamente mostrarse como un defensor de la democracia, no sólo en Venezuela, sino en toda la región”, señala el informe. Sin embargo, “Venezuela no logrará avances reales y sostenidos en el fortalecimiento de la democracia, ni podrá servir de ejemplo válido para otros países de la región, si su gobierno continúa ignorando los principios de derechos humanos consagrados en su propia Constitución”, concluye el informe.
