El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos debe optimizar los cuidados y el tratamiento para personas inmigrantes detenidas que viven con el VIH, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. La organización denunció que esa agencia no ha cumplido sus obligaciones hacia las personas detenidas que viven con el VIH ni ha respetado sus derechos. El DHS no vigila que estas personas reciban un tratamiento apropiado, ni siquiera sabe cuántas personas detenidas están infectadas por el VIH, y sus políticas y procedimientos están por debajo de la norma requerida para proporcionar cuidados que salvan la vida.

Casi 30,000 personas inmigrantes se encuentran detenidas en centenares de prisiones, cárceles y centros de detención inmigratoria en todo el territorio estadounidense. “El gobierno no tiene idea alguna de cuántas de estas personas viven con VIH o sida, cuántas requieren tratamiento y cuántas están recibiendo cuidados que son necesarios”, dijo Megan McLemore, del Programa de VIH/sida de Human Rights Watch.

El informe de 76 páginas, “Indiferencia crónica: Servicios de VIH/sida para personas inmigrantes detenidas por Estados Unidos", documenta las experiencias de personas que viven con VIH/sida bajo custodia inmigratoria cuyo tratamiento para el VIH les fue denegado, demorado o interrumpido, lo que ha tenido como consecuencia un riesgo grave y, a menudo, daños para su salud. La investigación incluyó entrevistas a personas actual y previamente detenidas, funcionarios del DHS y de los centros de detención, así como una revisión médica independiente del tratamiento proporcionado. Según los hallazgos del estudio, los centros de detención que alojan inmigrantes que viven con el VIH no brindaron medicamentos antirretrovirales en forma consistente; no realizaron las pruebas de laboratorio necesarias; no garantizaron la continuidad de los cuidados, como tampoco aseguraron la confidencialidad ni protección contra la discriminación.

Contrario a las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos, a las protecciones constitucionales y a las recomendaciones de prácticas óptimas, las normas de detención del Departamento de Seguridad Nacional referidas al VIH/sida no son compatibles con los criterios tanto nacionales como internacionales de una atención apropiada. Adicionalmente, la agencia hace muy poco para que se apliquen los estándares mínimos que esos criterios establecen. “Aunque el gobierno de Estados Unidos subcontrata cárceles y centros locales en todo el país para que se ocupen de una gran parte de la detención inmigratoria, no puede evadir su responsabilidad de proteger el bienestar, la salud y las vidas de inmigrantes que viven con el VIH”, dijo McLemore.

El informe destaca la muerte de Victoria Arellano, una mujer transgénero de 23 años de edad que vivía con VIH/sida, quien murió en julio de 2007 después de haber permanecido durante ocho semanas en un centro de detención en San Pedro, California. Supuestamente, a Arellano se le negó tratamiento y se enfermó de gravedad. Aunque otros detenidos en su misma unidad habitacional les avisaron a los guardias que ella necesitaba atención médica, éstos la dejaron sufriendo en su litera mientras su condición empeoraba. Cuando por fin se le llevó a la clínica del centro de detención, fue hostigada y ridiculizada por el personal. Poco antes de morir, Arellano les contó a sus compañeros de celda que eso “fue una pesadilla”.

“El Departamento de Seguridad Nacional debe optimizar sus políticas, así como vigilar más cuidadosamente y asegurar que las personas inmigrantes detenidas que viven con VIH o sida reciban un tratamiento eficaz”, dijo McLemore. “De lo contrario, estas personas continuarán sufriendo, e incluso morirán, mientras se encuentren bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos”.

Otros casos destacados en el informe:

Charles B., jamaiquino residente legal permanente en Estados Unidos, se hizo resistente a trece de los principales medicamentos para el sida durante los más de cuatro años que estuvo bajo detención inmigratoria;

Anna F., una mujer de 61 años de edad nacida en Alemania, no obtuvo el tratamiento médico indicado para prevenir la neumonía;

Peter R., químico farmacéutico de profesión, recibió sólo el 65 por ciento del tiempo su dosis completa de medicamentos para el sida durante la custodia inmigratoria, lo que le expuso al riesgo de desarrollar resistencia a fármacos de los cuales depende para sobrevivir;

Jean P., tras haber escapado de una violenta persecución en Haití, padece una condición relacionada con el sida que le provocó ceguera en un ojo; a pesar de ello, su condición es vigilada inadecuadamente en la detención inmigratoria;

A Gloria M., una consejera en VIH/sida que vive en Chicago, le informaron los agentes penitenciarios que “el Estado no pagaría” sus medicamentos para el VIH.