El Gobernador del Estado mexicano de Oaxaca debe asegurar que se realice una investigación exhaustiva e imparcial de las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias por policías durante un enfrentamiento con manifestantes en la Ciudad de Oaxaca el 16 de julio, señalo hoy Human Rights Watch.
El lunes 16 de julio, durante una marcha de miembros y simpatizantes de la Asociación Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en la Ciudad de Oaxaca, se produjo una violenta confrontación con la policía municipal y estatal. La policía lanzo gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes mientras que ambos grupos lanzaron piedras.
Human Rights Watch ha recibido informaciones creíbles de que la policía llevo a cabo detenciones arbitrarias, detuvo a personas que se encontraban en coches y autobuses, y golpeó a detenidos.
“Si el gobernador Ulises Ruiz esta comprometido con el mantenimiento de la ley y el orden público en su estado, debe asegurar que las denuncias de brutalidad policial sean investigadas y los responsables sancionados,” dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch.
El enfrentamiento ocurrió cerca del auditorio público donde se lleva a cabo la celebración cultural Guelaguetza. La APPO había anunciado su intención de tener una “Guelaguetza popular” como alternativa a la que organiza el estado.
Al parecer, la policía golpeó brutalmente a algunos de los detenidos quienes requirieron hospitalización. Emeterio Merino Cruz, 43, fue bajado de un autobús y arrestado aparentemente por tener tierra en las manos lo cual la policía atribuyo a que había lanzado piedras. Después de varias horas bajo custodia policial, Merino Cruz fue transferido a un hospital con lesiones que ameritaron cirugía. Después de una semana, permanece hospitalizado en terapia intensiva.
Funcionarios del Estado de Oaxaca inicialmente informaron que hubo un total de 40 detenidos de los cuales cuatro requirieron atención médica. La Subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca, Rosario Villalobos, reconoció públicamente que los policías estatales incurrieron en “uso excesivo de la fuerza” y acepto que el Gobierno tendrá que asumir su responsabilidad en estos excesos.
“Evidentemente las autoridades del Estado de Oaxaca tienen el deber de investigar a cualquier manifestante que haya violado la ley durante los disturbios del 16 de julio,” dijo Vivanco. “No obstante, la policía estatal y otros funcionarios también tienen el deber de respetar los derechos fundamentales de los detenidos en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución Mexicana.”
Human Rights Watch instó al Gobernador Ulises Ruiz a garantizar que todo policía bajo investigación por presuntos crímenes sea suspendido inmediatamente del servicio. Con el fin de evitar violaciones similares en el futuro, Human Rights Watch recomendó al Gobernador advertir a la fuerza pública que el trato abusivo no será tolerado bajo ninguna circunstancia, y que los funcionarios que incurran en estas prácticas serán destituidos de sus cargos y estarán sujetos a investigaciones penales.
