El gobierno de Zimbabwe debe poner fin a sus violentos ataques contra opositores políticos, activistas de la sociedad civil e incluso ciudadanos comunes en barrios que son vistos como frentes de la oposición, declaró Human Rights Watch en un informe divulgado hoy.

Human Rights Watch instó al presidente sudafricano Thabo Mbeki – a quien la Comunidad para el Desarrollo del Sur de África (SADC, por sus siglas en inglés) le ha dado el mandato de hacer frente a la crisis política en Zimbabwe – a que coloque los derechos humanos en el centro de sus planificadas conversaciones de mediación entre el partido gobernante y la oposición.

“El presidente Mbeki tiene la oportunidad de pugnar por el fin de las masivas violaciones a los derechos humanos que están exacerbando la crisis en Zimbabwe”, dijo Georgette Gagnon, subdirectora de la División de África de Human Rights Watch. “Los líderes de los países de la SADC deberían asumir una posición más fuerte contra la horrenda situación de los derechos humanos en Zimbabwe”.

El informe de 39 páginas, “Bashing Dissent: Escalating Violence and State Repression in Zimbabwe” (“Aplastando el disenso: Violencia en aumento y represión estatal en Zimbabwe”), documenta los ataques del gobierno de Zimbabwe contra la protesta y el disenso pacíficos desde marzo. Basado en dos semanas de investigación en Harare, Bulawayo, Masvingo, Mutare y Bindura, el informe ofrece relatos de primera mano acerca de los diseminados y sistemáticos abusos del gobierno contra miembros de la oposición y activistas de la sociedad civil, como también de su creciente represión violenta de ciudadanos zimbabwenses en los suburbios densamente poblados de Harare.

“Los arrestos arbitrarios, las detenciones y las brutales golpizas por parte de la policía y las fuerzas de seguridad aumentaron marcadamente en marzo y abril y continúan sin merma”, dijo Gagnon. “El gobierno de Zimbabwe está violando los derechos humanos de sus ciudadanos con toda impunidad”.

El 11 de marzo, la Campaña Salvemos Zimbabwe – una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil y miembros de la oposición política de este país – intentó realizar una reunión de oración en el suburbio de Highfield en Harare. Cuando cientos de personas llegaron a Zimbabwe Grounds, policías antimotines fuertemente armados lanzaron contra ellas un ataque brutal y no provocado, golpeándolas con garrotes y culatas de rifles e hiriendo a decenas en un esfuerzo por dispersarlas e impedir que la reunión se llevara a cabo. La policía arrestó a numerosos miembros de la oposición y activistas de la sociedad civil, incluidos líderes de dos facciones del opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MDC, según sus siglas en inglés). A los miembros del MDC y activistas de la sociedad civil que fueron arrestados se les detuvo en varias estaciones policiales en Harare y durante su detención muchos de ellos sufrieron brutales golpizas por parte de agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad.

El informe también documenta las maneras en que la policía ha utilizado una fuerza desproporcionada y letal contra activistas no armados, lo cual provocó la muerte de un activista y serias heridas a otros más. El 12 de marzo, durante el entierro de Gift Tandare, miembro del MDC que fue matado a tiros por la policía el 11 de marzo en los sucesos tras la reunión de oración en Harare, dos simpatizantes del MDC resultaron gravemente heridos cuando la policía abrió fuego contra las personas que asistieron al funeral.

“Los agentes de la policía saltaron de sus vehículos y empezaron a golpear a toda la gente que se encontraba allí. Fueron dos los hombres a quienes se les disparó en el funeral; yo lo vi”, dijo un simpatizante del MDC que fue testigo de cómo 20 a 30 agentes policiales que llevaban armas, garrotes y perros policías tomaron por asalto el funeral. “A uno le dispararon en el brazo y al otro en la pierna. [Los policías] simplemente dispararon y dijeron ‘dispérsense, dispérsense, ¿qué están haciendo aquí?’ Algunas personas empezaron a correr y fue entonces que a esos dos les dispararon. A los que no corrimos se nos obligó a acostarnos en el suelo y recibimos una golpiza”.

Víctimas de la violencia dijeron a Human Rights Watch, inmediatamente después del ataque del 11 de marzo, que la policía inició una persecución de dos semanas, golpeando a la gente que caminaba en las calles, en centros comerciales y bares en varios suburbios densamente poblados de Harare, los cuales son vistos por las autoridades como frentes de la oposición. La policía también fue de casa en casa golpeando a las personas con garrotes y acusándolas de pertenecer a la oposición.

Los altos niveles de represión en los suburbios continúan. La policía ha impuesto un toque de queda informal en varios suburbios, incluidos Glenview y Highfield, donde arrestan y golpean a cualquiera que sospechen que apoya a la oposición, en especial por las noches.

“Ahora mismo, nadie camina en las calles después de las 7 p.m., a menos que quiera que le golpeen”, dijo a Human Rights Watch un hombre en Highfield. “A mi sobrino le dieron una paliza el otro día mientras caminaba tarde hacia su casa después de visitar a unos amigos. La policía lo acusó de ser uno de los activistas del MDC que planifican actos de violencia, pero mi sobrino no apoya a ningún partido”.

El gobierno de Zimbabwe asevera que está respondiendo a la campaña de violencia y terror de la oposición en el país. Las autoridades han arrestado a más de 30 miembros y simpatizantes del MDC a quienes acusan de orquestar y llevar a cabo 11 ataques con bombas de gasolina en varias partes del país contra campamentos policiales, un tren de pasajeros y dos tiendas desde el 12 de marzo. El MDC niega estos alegatos y acusa a agentes del Estado de haber organizado los ataques a fin de justificar la persecución contra los opositores.

“Los ataques con bombas de gasolina son delitos graves y los responsables deben ser llevados ante la justicia”, dijo Gagnon. “Pero estos incidentes no justifican los violentos ataques del gobierno contra cientos de zimbabwenses comunes y corrientes, miembros y simpatizantes de la oposición y activistas de la sociedad civil”.

Contrario a las afirmaciones del gobierno de que la mayor responsabilidad por la reciente ola de violencia recae en la oposición política, Human Rights Watch descubrió que las fuerzas policiales de Zimbabwe, agentes de la Organización Central de Inteligencia (CIO, por sus siglas en inglés) y grupos de “milicianos jóvenes” que operan con apoyo gubernamental son los principales perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos. Es probable que la incapacidad del gobierno para detener los abusos cometidos por estos grupos esté alentando más violencia sin control, dijo Human Rights Watch.

Human Rights Watch hizo un llamado a la policía y a las fuerzas de seguridad de Zimbabwe para que detengan el uso excesivo de fuerza contra los manifestantes. La policía y las fuerzas de seguridad también deben poner fin a la intimidación, el hostigamiento y las golpizas contra miembros de la oposición, activistas de la sociedad civil y ciudadanos zimbabwenses comunes. El gobierno debe investigar y perseguir todos los incidentes de abuso.

Human Rights Watch exhortó a la SADC a que llame públicamente a un fin inmediato de la violencia y las violaciones a los derechos humanos en Zimbabwe y a que las personas halladas responsables de éstas sean llevadas ante la justicia. Asimismo, la SADC debería enviar una misión independiente a Zimbabwe a fin de investigar los reportes de violaciones a los derechos humanos, de conformidad con el objetivo manifiesto de la SADC de promover y potenciar el desarrollo de instituciones y prácticas democráticas dentro de los Estados miembros, como también el de alentar la observancia de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos estipuladas en los tratados de la Unión Africana y las Naciones Unidas.