La Asamblea Legislativa de la capital mexicana debe apoyar la despenalización parcial del aborto actualmente bajo consideración, señaló Human Rights Watch hoy en una carta a los diputados.
“El acceso al aborto seguro y legal es una cuestión de derechos humanos,” dijo LaShawn R. Jefferson, directora de la división de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch. “Toda experiencia nos demuestra que las mujeres sufren consecuencias terribles cuando el acceso al aborto es obstaculizado y criminalizado. Los diputados deben votar con esto en mente.”
Actualmente, el aborto es considerado delito en todas las jurisdicciones de México, inclusive en el Distrito Federal, aunque todas establecen algunas excepciones. En el Distrito Federal se consideran excepciones a la responsabilidad penal por aborto las siguientes situaciones: en caso de violación; cuando corre grave peligro la salud de la mujer embarazada; en caso de malformaciones genéticas incompatibles con la vida extra-uterina; y cuando el aborto es el resultado de una conducta culposa por la mujer embarazada.
Ahora se está considerando una ampliación de las causales, permitiendo el aborto legal durante el primer trimestre en casos donde el embarazo es incompatible con el proyecto de vida de la mujer embarazado. Los diputados también están considerando reformas para mejorar el acceso a los anticonceptivos y a la información y educación sexual. Las estadísticas gubernamentales indican que cada año más de 400 mil adolescentes mexicanas llevan a cabo un embarazo – muchos de éstos en el Distrito Federal, y muchos no deseados.
“La verdad es que nadie se embaraza para poder abortar. También es verdad que cada mujer – y cada adolescente – que necesita un aborto tiene un derecho humano a que se lleve a cabo en condiciones seguras,” señaló Jefferson. “Las reformas propuestas podrían contribuir a bajar el número de embarazos no deseados y a garantizar condiciones mínimas para los abortos inevitables. Su adopción sería un gran paso para la mujer mexicana.”