(Washington, D.C.) — La condena de un ex oficial de policía que torturó brutalmente a personas detenidas durante la “guerra sucia” es una victoria histórica para la justicia argentina, dijo Human Rights Watch hoy.
Un tribunal federal en Buenos Aires sentenció a Julio Héctor Simón a 25 años de prisión tras decidir que es culpable del arresto ilegal y tortura de José Poblete Roa y Gertrudis Hlaczik de Poblete, una pareja chileno-argentina que “desapareció” después de haber sido detenida en noviembre de 1978 en “El Olimpo”, un centro de detención clandestino operado por la policía federal.
La sentencia tomó en consideración varias circunstancias agravantes, incluyendo que Simón ocultó que cuando Claudia, la hija de la pareja, tenía ocho meses fue arrebatada de su madre y entregada a un teniente coronel y su esposa, quienes la adoptaron y le ocultaron su verdadera identidad durante 22 años.
“Esta sentencia demuestra que las instituciones democráticas pueden, eventualmente, vencer las barreras creadas para proteger a los responsables de crímenes contra la humanidad”, dijo José Miguel Vivanco, el Director para las Américas de Human Rights Watch. “Finalmente se hizo justicia dónde debía hacerse — en Argentina.”
Simón, también conocido como “el turco Julián”, es la primera persona condenada por “desapariciones” desde que, en junio del 2005, la Corte Suprema argentina declaró inconstitucionales las leyes de “punto final” y “obediencia debida.”
Las llamadas “leyes de impunidad”, que impidieron el enjuiciamiento de crímenes cometidos durante la última dictadura militar en el país, fueron promulgadas por el ex Presidente Raúl Alfonsín en 1986 y 1987 para acallar rebeliones militares contra los juicios sobre derechos humanos. Sin embargo, las leyes excluyeron el secuestro de bebés.
En octubre del 2000, el Centro para Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos argentina, le solicitó al Juez Gabriel Cavallo — quien investigaba el secuestro de Claudia Poblete — que declarara que las leyes de impunidad eran inconstitucionales. En marzo del 2001, el Juez Cavallo invalidó las leyes y acusó a los oficiales de los crímenes que cometieron contra la pareja.
En noviembre de ese año, el Tribunal Federal de Apelaciones confirmó la decisión por unanimidad, y tres años y medio más tarde, la Corte Suprema finalmente la ratificó.
El Presidente Néstor Kirchner apoyó consistentemente las medidas para obtener justicia para los crímenes de la “guerra sucia” y en agosto del 2003 el Congreso argentino anuló las leyes, abriendo el camino para terminar con la impunidad.
