(Washington, D.C.) — El juicio que comienza mañana, en el cual un ex comisario de policía es acusado de haber cometido arrestos ilegales y tortura durante la “guerra sucia” en Argentina, marca el fin de veinte años de impunidad producto de leyes de amnistía que fueron anuladas hace un año, dijo hoy Human Rights Watch.
El juicio en La Plata a Miguel Osvaldo Etchecolatz, el ex jefe de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires que ahora tiene 76 años de edad, es el primer juicio por desapariciones forzadas que se lleva a cabo en Argentina desde que la Corte Suprema anuló las leyes de “punto final” y “obediencia debida” en junio del 2005. Estas leyes, que hicieron imposible la persecución de crímenes cometidos durante la última dictadura militar argentina, fueron promulgadas en 1986 y 1987 por el Presidente Raúl Alfonsín, con la intención de acallar rebeliones militares contra los juicios de derechos humanos.
Etchecolatz enfrenta cargos en ocho casos—incluyendo cinco casos de “desapariciones”—por arrestos ilegales, tortura y homicidios cometidos después del golpe militar de 1976.
“Estamos viendo, finalmente, los resultados del fallo histórico que la Corte Suprema dictó el año pasado”, dijo José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch. “Después de años de impunidad, por fin avanza el enjuiciamiento de los responsables de estos crímenes”.
Etchecolatz fue sentenciado a veintitrés años de prisión en 1986 tras ser considerado responsable de cometer arrestos ilegales. Sin embargo, como consecuencia de la ley de “obediencia debida”, recuperó su libertad al año siguiente. La ley estableció que sólo los oficiales superiores de las fuerzas armadas podían ser enjuiciados por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la “guerra sucia”, con la excepción de casos de sustracción de bebés nacidos mientras sus madres estaban detenidas.
En marzo del 2004, Etchecolatz fue sentenciado a siete años de prisión por sustraer el bebé de una pareja que había “desaparecido” de uno de los campos de detención que estaban bajo su mando.
Entre 9,000 y 30,000 personas “desaparecieron” después de ser secuestradas por las fuerzas de seguridad durante la “guerra sucia”. Se espera que otros juicios por torturas y “desapariciones”, que fueron bloqueados por varios años como consecuencia de la ley de “obediencia debida”, comiencen próximamente.
