(Buenos Aires) — La decisión de la Corte Suprema de Argentina de anular las dos leyes de amnistía del país es una victoria histórica contra la impunidad por graves violaciones de los derechos humanos y a favor del Estado de Derecho, señaló hoy Human Rights Watch. Las dos leyes habían bloqueado el enjuiciamiento de los crímenes cometidos bajo la dictadura militar.
El fallo largamente esperado, de siete jueces contra uno, confirma las decisiones de los tribunales inferiores que habían declarado inconstitucionales las leyes. La aprobación en el Congreso en agosto de 2003 de una ley que anulaba las leyes también ha puesto de manifiesto la tendencia hacia el rendimiento de cuentas en Argentina.
"Los crímenes de la 'guerra sucia' son demasiado graves para amnistiarlos y olvidarlos", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "El fallo de la Corte Suprema demuestra que independientemente del tiempo que pase, las leyes que impiden la justicia por graves abusos contra los derechos humanos siguen siendo una espina que tienen clavados los gobiernos democráticos", agregó.
Al menos 14.000 personas "desaparecieron" cuando Argentina estuvo gobernada por los militares desde 1976 hasta 1983. Después del restablecimiento de la democracia, los tribunales empezaron a juzgar a los miembros de las juntas militares por secuestros, asesinatos y tortura; pero los juicios y las sentencias contra los líderes de la junta y oficiales militares y policiales provocaron una reacción violenta de las fuerzas armadas. El entonces Presidente Raúl Alfonsín aceleró la aprobación de dos leyes en el Congreso, el 24 de diciembre de 1986 y el 5 de junio de 1987, con la esperanza de apaciguar las objeciones militares a los enjuiciamientos.
La ley de punto final de 1986 (Ley No. 23.492) fijó un plazo de 60 días para el inicio de nuevos enjuiciamientos. Cuando la ley no logró frustrar el procesamiento de gran cantidad de acusados, se aprobó la ley de obediencia debida en 1987 (Ley No. 23,521), que concedió impunidad automática frente al juicio a todos los miembros de las fuerzas armadas, salvo los comandantes superiores. El 22 de junio de 1987, la Corte Suprema dictaminó que la ley de obediencia debida era constitucional, poniendo efectivamente freno al enjuiciamiento de los crímenes de la "guerra sucia".
Durante años, las leyes de amnistía impidieron los enjuiciamientos de todos los crímenes cometidos bajo la dictadura militar, excepto la violación y el robo de bebés nacidos de madres "desaparecidas", crímenes específicamente excluidos de la ley de obediencia debida. En 2001, sin embargo, el juez federal Gabriel Cavallo reabrió un caso contra dos agentes de la policía acusados de la tortura y desaparición en 1978 de una pareja chileno-argentina. En un fallo histórico que abrió las puertas a más enjuiciamientos de este tipo, el Juez Cavallo sostuvo que las leyes de amnistía eran inconstitucionales.
En 2001, la Corte Federal de Buenos Aires confirmó el fallo del Juez Cavallo. Pero la posibilidad de un avance real en los juicios de los crímenes de la "guerra sucia" ha tenido que esperar hasta la decisión de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de las leyes.
Los organismos de derechos humanos tanto regionales como internacionales han criticado las amnistías generales otorgadas por graves crímenes contra los derechos humanos. En 2001, en una sentencia sobre el caso Barrios Altos en Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que dos leyes de amnistía, introducidas por el gobierno del Presidente Alberto Fujimori en 1995, eran incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos y carecían por lo tanto de efecto legal.
La Corte Suprema de Argentina ha citado la sentencia del caso Barrios Altos como precedente legal para su fallo de hoy. Además de permitir el avance de los juicios sobre derechos humanos en Argentina, el fallo de la Corte Suprema tendrá un impacto significativo en otros países en los que existen o se están debatiendo leyes de amnistía, como en Chile, Uruguay y Colombia.
"La época en que se hacían acuerdos bajo la mesa con los militares, arrancados a punta de fusil contra las autoridades democráticas, se acabó," dijo Vivanco. "Ojalá esta decisión permita el surgimiento de una nueva era en la que todos, incluyendo los poderosos, estén sujetos a las mismas reglas."
