El gobierno de Colombia puede legitimar su proceso de desmovilización de paramilitares y avanzar en el desmantelamiento de las redes criminales y financieras de estos grupos si al implementar ese proceso cumple con una reciente decisión de la Corte Constitucional, dijo hoy Human Rights Watch.
La Corte Constitucional de Colombia publicó el jueves el texto íntegro de su decisión sobre la constitucionalidad de la ley 975, que ofrece a los paramilitares rebajas de penas por sus crímenes. La decisión de la Corte daría a los fiscales e investigadores las herramientas necesarias para desmantelar a los grupos paramilitares, al condicionar las rebajas de pena a que los paramilitares den una confesión plena, entreguen información y reparen a las víctimas. También disuadiría a los paramilitares desmovilizados de volver a delinquir, al establecer que perderán sus rebajas de penas si cometen nuevos crímenes.
Funcionarios gubernamentales han indicado que acatarán la decisión de la Corte, pero al mismo tiempo han sugerido que podrían buscar la manera de evitar la aplicación de algunos aspectos de la decisión a los paramilitares. Algunas fuentes señalan que el gobierno está diseñando una nueva reglamentación para la ley, pero no es claro si el reglamento va a implementar plenamente la decisión de la Corte.
“Aplicando la ley de acuerdo con la decisión de la Corte, el gobierno colombiano mostraría su compromiso con el estado de derecho y con la paz”, dijo José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch. “Colombia tiene ahora la oportunidad de implementar una genuina desmovilización que desmantele a los grupos paramilitares y proteja a colombianos inocentes en el futuro,” agregó.
Human Rights Watch señaló que la decisión ha dejado prácticamente intactos los beneficios para los paramilitares que se desmovilicen: aquellos que cumplan con los requisitos de la ley serán elegibles para recibir penas drásticamente reducidas (de cinco a ocho años de prisión) por todos sus crímenes, que incluyen masacres horrorosas, asesinatos, desapariciones forzosas, secuestro y extorsión. También es muy probable que los acusados de tráfico de drogas logren evitar su extradición a los Estados Unidos.
La decisión de la Corte se concentra básicamente en aclarar los requisitos con los cuales deben cumplir los paramilitares para acceder a las rebajas de penas. Por ejemplo, la Corte establece que para merecer una rebaja de pena, los paramilitares deben hacer una confesión plena y sincera, revelar la ubicación de los cuerpos de los “desaparecidos” y pagar reparaciones económicas a sus víctimas con sus bienes legales y no sólo con los bienes ilícitos que ellos voluntariamente elijan entregar.
Human Rights Watch sostiene que la decisión, que corrige problemas sustantivos de la ley, no debería ser controversial, ya que el gobierno colombiano ha dicho reiteradamente en el pasado que su intención era incluir en la ley la confesión, la entrega de información y la reparación. Tales requisitos son también esenciales para asegurar que el proceso no sea una simple farsa diseñada para beneficiar a los líderes paramilitares, dejando su poder intacto.
La Corte Constitucional también establece que los paramilitares perderán sus rebajas de penas si se involucran en nuevas actividades criminales o si no cumplen con otros requisitos de la ley. La Corte señala que sería imposible hacer una verdadera contribución a la paz si los paramilitares pudieran mantener sus rebajas de penas aun mientras cometen nuevos crímenes.
“Al establecer que los paramilitares podrían perder las rebajas de penas, la Corte por fin les ha dado un incentivo para cesar sus actividades ilegales y desmantelar sus estructuras criminales”, dijo Vivanco. “Si los paramilitares realmente se están desmovilizando, entonces no van a tener ningún problema con esta decisión”, agregó.
Finalmente, la decisión de la Corte establece que los fiscales deben llevar a cabo una investigación plena de los crímenes de los paramilitares antes de imputarles cargos. Human Rights Watch señaló que tales investigaciones son imprescindibles para permitirle al gobierno descubrir y entender las estructuras financieras y criminales de los paramilitares y para asegurar su total desmantelamiento.
Es probable que los paramilitares busquen evadir la decisión de la Corte reclamando que ya se les había aplicado la ley antes de la publicación de esa decisión, la cual no es retroactiva. Pero como lo ha dicho acertadamente el Fiscal General Mario Iguarán en varias ocasiones, la ley aún no ha sido aplicada. De hecho, incluso las instituciones encargadas de aplicar la ley no han sido completamente establecidas. Por el contrario, los paramilitares han estado pasando por ceremonias de desmovilización de acuerdo con la ley 782 desde el 2003, mucho antes de que la ley 975 siquiera hubiese sido elaborada o aprobada.
“Nadie en Colombia ha pasado por los procedimientos especiales de la ley 975”, dijo Vivanco. “Si el gobierno colombiano en serio quiere desmovilizar a los paramilitares, entonces debe rechazar estos argumentos infundados de los paramilitares y adherirse plenamente a las instrucciones de la Corte”.
