Tengo el honor de dirigirme a S.E. para expresar nuestra preocupación por las inquietantes informaciones que nos han llegado sobre reiterados actos de violencia e intimidación contra mujeres transgénero, lesbianas y hombres gay en Guatemala. Nos preocupa especialmente el ataque del 17 de diciembre que se saldó con la muerte de Juan Pablo Menéndez Cartagena (conocido como Paulina) y las graves heridas de Kevin Robles (conocido como Sulma), y las denuncias creíbles de que los responsables de este brutal asesinato eran agentes de policía. Instamos respetuosamente a su excelencia a que adopte las medidas adecuadas para garantizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de estos crímenes y para llevar ante la justicia a las personas responsables.
Excmo. Oscar Berger Perdomo
Presidente de la República de Guatemala
Casa Presidencial
6 a. Avenida, 4-18 Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
21 de febrero 2006
Estimado Presidente,
Tengo el honor de dirigirme a S.E. para expresar nuestra preocupación por las inquietantes informaciones que nos han llegado sobre reiterados actos de violencia e intimidación contra mujeres transgénero, lesbianas y hombres gay en Guatemala. Nos preocupa especialmente el ataque del 17 de diciembre que se saldó con la muerte de Juan Pablo Menéndez Cartagena (conocido como Paulina) y las graves heridas de Kevin Robles (conocido como Sulma), y las denuncias creíbles de que los responsables de este brutal asesinato eran agentes de policía. Instamos respetuosamente a su excelencia a que adopte las medidas adecuadas para garantizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de estos crímenes y para llevar ante la justicia a las personas responsables.
Según la Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al SIDA (OASIS), una organización no gubernamental (ONG) dedicada a la prevención del VIH/SIDA y el bienestar de personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero (GLBT), Paulina y Sulma caminaban por un cruce de la Zona 1 de Ciudad de Guatemala en la madrugada del 17 de diciembre, cuando se les aproximaron cuatro hombres en motocicletas que les ordenaron detenerse. Uno de ellos disparó dos veces en la cabeza a Paulina, quien murió casi inmediatamente. Él u otro de los asaltantes disparó tres veces contra Sulma, dejándola gravemente herida. Los testigos oculares de los hechos han declarado a OASIS que los atacantes eran miembros de la Policía Nacional Civil.
Paulina era asistente de comunicaciones en OASIS. Había sido trabajadora sexual y se dedicó después a promover campañas sobre el VIH/SIDA y su prevención entre personas trabajadoras del sexo. Sulma es miembro y voluntaria en OASIS, además de trabajadora sexual.
Desde el ataque, OASIS ha registrado un aumento de la vigilancia policial de Sulma y otras trabajadoras sexuales transgénero, lo que les ha hecho temer por sus vidas. Se ha informado de que la policía ha advertido a Sulma que su vida corre peligro por haber presenciado el ataque. La oficina de OASIS y su personal también han sido objeto de vigilancia policial. Según OASIS, el Ministerio Público no ha seguido investigando el ataque desde las averiguaciones preliminares, a finales de diciembre.
El atentado contra Paulina y Sulma no es más que la última evidencia de una serie de denuncias recibidas por Human Rights Watch sobre la violencia contra las comunidades de LGBT en Guatemala. El 21 de diciembre de 2005, días después del ataque contra Paulina y Sulma, unos hombres, en un vehículo sin licencia y con ventanas ahumadas, robaron supuestamente a varios trabajadores sexuales gay a punta de pistola. El 7 de octubre de 2005, la trabajadora sexual transgénero Juan Manuel Villa Soto (conocida como Mishel) murió a consecuencia de una paliza tan violenta que su cabeza quedó aplastada.
OASIS ha informado que, en el 2005 en Guatemala, se produjeron al menos siete asesinatos de trabajadoras sexuales transgénero, incluidos los de Paulina y Mishel, y al menos seis asesinatos de hombres gay y mujeres transgénero que no eran trabajadores del sexo. Entre estos últimos casos se encuentran los de Flavio José Morales, asesinado a tiros el 12 de octubre en la Zona 3 de Ciudad de Guatemala; Luis Sicán, asesinado a tiros el 6 de noviembre en la 13 Calle de la Zona 1; y Héctor Osmín García, asesinado a tiros por un guardia de seguridad el 7 de octubre, mientras distribuía folletos de un salón de belleza. Según la Coordinadora Ciudadana por la Diversidad Sexual (CCDS), una ONG que trabaja por la eliminación de la homofobia y promoción de los derechos humanos, 19 mujeres transgénero fueron violentamente asesinadas entre enero y julio de 2004. Según los activistas locales de derechos humanos, ninguno de estos casos se ha enjuiciado.
Otros organizaciones y defensores de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero han denunciado ataques y amenazas en los últimos años. El 13 de mayo de 2003, dos hombres intentaron secuestrar a Jorge López Sologaistoa, Presidente de OASIS, pero logró escapar del vehículo al que le habían forzado a entrar. El 23 de mayo de 2003, Sologaistoa y otro miembro de OASIS fueron perseguidos por cinco hombres en un vehículo. El 7 de julio de 2004, se recibieron tres llamadas telefónicas amenazantes y una perturbadora visita a la oficina de dos ONG de GLBT en Ciudad de Guatemala, la CCDS y el Colectivo de Lesbianas Liberadas (LESBIRADAS), una organización que ofrece servicios y apoyo a mujeres lesbianas y bisexuales. Los que llamaron propinaron insultos y amenazaron al personal de LESBIRADAS con ataques sexuales. El visitante preguntó específicamente por Claudia Acevedo, una de las directoras del grupo, y advirtió al grupo: "tengan cuidado de no ser tan públicas, porque como están las cosas, con todos esos maniáticos sueltos y con lo que les esta sucediendo a las mujeres…"
Los artículos 1 y 2 de la Constitución de Guatemala afirman la responsabilidad del gobierno de proteger a toda persona y garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz. El artículo 4 afirma también la igualdad de todos los seres humanos. Asimismo, Guatemala está obligada al cumplimiento de tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales y prohíben la discriminación. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), a los que accedió Guatemala en 1978 y 1992 ,respectivamente, prohíben la privación arbitraria de la vida y garantizan el derecho a la seguridad personal y la libertad de expresión. En 1988, en el caso Velásquez Rodríguez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma la responsabilidad de los Estados por prácticas sistemáticas de violaciones cometidas por individuos particulares. En el caso Toonen v. Australia (1994), el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró que debe interpretarse que las protecciones del PIDCP contra la discriminación en todos los aspectos de los derechos incluyen la orientación sexual como una condición protegida frente al trato desigual.
Es más, la Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos ha llamado especial atención sobre "los mayores riesgos… que enfrentan los derechos de determinados, porque su trabajo compromete las estructuras sociales, las prácticas tradicionales y las interpretaciones de los preceptos religiosos que pueden haber servido durante mucho tiempo para condonar y justificar la violación de los derechos humanos de los miembros de esos grupos. De especial importancia son los grupos que defienden los derechos humanos de las mujeres, y los que se ocupan de cuestiones relacionadas a la sexualidad, y especialmente a la orientación sexual." (Véase "Informe presentado por la Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos" UN Doc.E/CN.4/2001/94, en 89g.)
Le instamos respetuosamente a que adopte medidas inmediatas para garantizar la seguridad de las personas GLBT, trabajadores/as sexuales y activistas que se ocupan de la salud sexual y los derechos humanos en Guatemala. En concreto, es fundamental que se emprendan inmediatamente investigaciones exhaustivas e imparciales sobre el ataque del 17 de diciembre—además de los ataques similares denunciados durante el año pasado—y que se lleve ante la justicia a las personas responsables. También es esencial que su gobierno se asegure de que la Policía Nacional Civil no practica la vigilancia como forma de hostigamiento ni otros actos de intimidación contra Sulma y otras trabajadoras sexuales transgénero, contra OASIS u otras ONG que defienden los derechos de las personas GLBT en Guatemala. Finalmente, creemos que sería sumamente positivo que la Policía Nacional Civil colabore con representantes de los colectivos de GLBT y de trabajadores/as sexuales con el fin de sensibilizar para condenar la discriminación contra las personas GLBT y trabajadores/as sexuales, en consonancia con los principios de derechos humanos.
Le agradezco de antemano la atención prestada a esta cuestión urgente.
Atentamente,
Jessica Stern
Investigadora
Programa sobre Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero
