Los actuales procedimientos de desmovilización de Colombia no desmantelarán a los grupos paramilitares y conducirán a una impunidad generalizada para incluso las peores atrocidades.
En el informe de 18 páginas, "Librando a los Paramilitares de Sus Responsabilidades", se detallan graves deficiencias en las leyes y los procedimientos que gobiernan actualmente las recientes desmovilizaciones de paramilitares en Colombia. Human Rights Watch apeló a los donantes que se reunirán en Cartagena a que suspendan la ayuda a la desmovilización hasta que Colombia promulgue una ley que pueda desarticular efectivamente a los grupos paramilitares y pedir cuentas a sus miembros por las masacres y otros crímenes contra la humanidad de los que sean responsables.
"Existe un riesgo real de que este proceso de desmovilización deje inalteradas las estructuras básicas de estos grupos violentos, intactos sus bienes ilegalmente adquiridos y sin castigo sus abusos," señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Como se está conduciendo actualmente, este proceso no justifica el apoyo de la comunidad internacional," agregó.
La legislación vigente ofrece sustanciales beneficios económicos y judiciales a los que se desmovilizan. Pero la ley no condiciona estos beneficios a ninguna acción específica de los paramilitares para el desmantelamiento de sus redes. Las paramilitares pueden recibir beneficios aún si se niegan a cooperar con cualquier investigación de las autoridades, no revelan información sobre su estructura o fuentes de financiamiento, se niegan a entregar las tierras y otros bienes obtenidos por la fuerza, y no hacen reparaciones a las víctimas.
Es más, los líderes paramilitares pueden recibir beneficios de acuerdo con la ley aunque su grupo continúe participando en ataques contra civiles y otras actividades criminales como el tráfico de drogas. Como consecuencia, los líderes paramilitares tienen pocos incentivos para garantizar la desmovilización completa y el cese el fuego.
Mientras tanto, un grupo de senadores colombianos de varios partidos, encabezado por los senadores Rafael Pardo y Gina Parody, ha hecho público un proyecto de ley que corregiría la mayoría de estos problemas. Esta propuesta sería también compatible con las normas internacionales sobre justicia y rendimiento de cuentas.
Pero el gobierno de Uribe ha objetado enérgicamente al proyecto de ley del Senado. De hecho, el Presidente Uribe parece estar a punto de presentar una propuesta considerablemente más débil que perpetuaría la mayoría de los problemas de las leyes y los procedimientos vigentes.
Los grupos paramilitares son organizaciones tremendamente complejas, bien financiadas mediante años de extorsión, la toma forzosa de tierras y el tráfico de drogas. Son responsables de algunos de los actos más escalofriantes de violencia cometidos en la historia de Colombia, incluyendo numerosas masacres, ejecuciones extrajudiciales y secuestros. En 2001, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó oficialmente a la coalición paramilitar más numerosa, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como organización terrorista internacional.
El gobierno colombiano lleva más de dos años negociando con líderes paramilitares sobre la desmovilización. Las negociaciones se están realizando en una zona de ubicación-Santa Fe de Ralito, en el departamento norteño de Córdoba-donde los líderes paramilitares, entre ellos notorios cabecillas del narcotráfico y asesinos despiadados, se encuentran a salvo de la extradición y el arresto.
En los últimos dos meses de 2004, el gobierno colombiano celebró como un éxito la presunta desmovilización de 2.624 paramilitares. Sin embargo, dichas desmovilizaciones han sido realizadas de manera superficial, sin las salvaguardias adecuadas para garantizar que se desarticule efectivamente la estructura de estas complejas organizaciones y se lleve ante la justicia a los responsables de atrocidades.
La legislación vigente no requiere investigación alguna de la abrumadora mayoría de los paramilitares. Los paramilitares que hayan cometido crímenes contra la humanidad y otros abusos no serán investigados, a no ser que ya estén siendo procesados. Este enorme vacío legal resultará probablemente en una impunidad encubierta para los cientos o miles de paramilitares responsables de atrocidades.
Sea el que sea, el proyecto que el Congreso de Colombia termine por aprobar no se aplicará exclusivamente a la actual desmovilización paramilitar. La ley tendrá probablemente también una tremenda repercusión en las futuras desmovilizaciones de otros grupos armados ilegales de Colombia, como los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
"Los donantes deben considerar cuidadosamente el precedente que está sentando este proceso," señaló Vivanco. "En futuras desmovilizaciones, otros grupos armados esperarán obtener el mismo trato favorable que están recibiendo los paramilitares".
