Al intentar resolver su crisis política mediante un referéndum nacional, Venezuela ha dado un importante paso hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Los venezolanos, divididos de acuerdo a las políticas del Presidente Hugo Chávez, han utilizado el mecanismo establecido por la Constitución venezolana para definir el destino de su presidencia. De acuerdo con las autoridades electorales y los observadores internacionales, una gran mayoría de venezolanos ha votado a favor de que el Presidente permanezca en el cargo.

"La democracia venezolana ha superado una prueba histórica", dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "El Presidente Chávez ha obtenido una victoria decisiva y el país ha demostrado que es capaz de solucionar sus crisis políticas por vías legales", agregó.

Mientras el proceso de referéndum parece haber sido mayoritariamente pacífico, Human Rights Watch expresó su profunda preocupación por los incidentes ocurridos ayer en la tarde, cuando hombres armados, aparentemente seguidores de Chávez, dispararon contra manifestantes de la oposición en el distrito de Altamira en Caracas. A consecuencia de esos hechos, una mujer de 61 años perdió la vida y ocho personas más resultaron gravemente heridas. Human Rights Watch instó al gobierno a llevar a cabo inmediatamente una investigación exhaustiva de los hechos y enjuiciar a los responsables. .

"Es crucial que ahora Venezuela continúe fortaleciendo el Estado de Derecho", dijo José Miguel Vivanco. "Además de enjuiciar los actos de violencia política, el Presidente Chávez debe superar las serias amenazas a la independencia judicial que su propio gobierno ha creado", subrayó.

Human Rights Watch instó en concreto al Presidente Chávez a suspender la implementación de la nueva ley del Tribunal Supremo firmada en mayo. La ley, que amplía el número de magistrados de 20 a 32, otorga poderes a la coalición gobernante de Chávez para que utilice su escasa mayoría en la Asamblea Legislativa y obtenga una mayoría abrumadora de magistraturas en el Tribunal Supremo. La ley también concede a la coalición gobernante la facultad de anular las actuales designaciones de magistrados.

Una ocupación política del Tribunal Supremo también agravará el daño que ya han causado a la independencia judicial las políticas seguidas por el propio Tribunal. El Tribunal Supremo, que tiene el control administrativo del sistema judicial, ha suspendido un programa que habría reducido el gran número de jueces que aún carecen de estabilidad en el cargo. El Tribunal ha destituido sumariamente a jueces después que dictaran fallos sobre casos políticamente controvertidos.