En la República Dominicana, las mujeres son rutinariamente sometidas a pruebas involuntarias de VIH. Las que dan positivo son despedidas o se les niegan servicios médicos adecuados.

"Muchas mujeres sufren una doble discriminación en la República Dominicana: primero por ser mujeres, luego por ser personas viviendo con VIH," comentó LaShawn R. Jefferson, directora ejecutiva de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch. "Este tipo de discriminación contribuye a la propagación del VIH/SIDA. Hasta que el gobierno dominicano tome medidas para abordar este tema central, le será difícil combatir la epidemia."

El informe de 50 páginas, titulado "Una prueba de desigualdad: Discriminación contra mujeres viviendo con VIH en la República Dominicana," documenta las violaciones de derechos humanos que sufren las dominicanas y dominico-haitianas viviendo con VIH en el sistema de salud pública y en el lugar de trabajo.

Las mujeres reciben información extremadamente insuficiente sobre el VIH en el sistema de salud pública, de modo que se les niega la posibilidad genuina de dar un consentimiento informado a las pruebas y al tratamiento que sigue. Los profesionales de salud pública rutinariamente divulgan los resultados de las pruebas de VIH a la familia de la mujer sin su conocimiento o autorización. Como resultado, muchas mujeres viviendo con VIH sufren violencia y abusos tanto en la comunidad como en los servicios de salud.

En la República Dominicana de hoy, el VIH/SIDA es la causa principal de mortalidad de mujeres en edad reproductiva. Alrededor de 61.000 mujeres están viviendo con VIH o SIDA en el país, constituyendo más de la mitad de las personas con VIH/SIDA. Según ONUSIDA, la proporción de mujeres con VIH/SIDA ha crecido progresivamente durante la última década.

Una mujer de 23 años informó a Human Rights Watch que le habían negado hasta la asistencia de parto más básica después de ser sometida a una prueba de VIH involuntaria en el hospital público: "[El doctor dijo] 'no quiero salir infectado.' Cuando se iba a caer el niño, lo agarró por abajo. … No me limpiaron ni nada. Es igual que un perro."

Las mujeres que trabajan o buscan trabajo en las zonas francas de producción exportadora y en la industria de turismo-los dos principales empleadores de mujeres-son rutinariamente sometidas a pruebas obligatorias de VIH. Las que dan positivo generalmente pierden su trabajo o simplemente no reciben ofertas de empleo. Esta situación tiene un efecto particularmente negativo en las mujeres, por un lado porque es más probable que la mujer conozca su estatus de VIH, y por el otro porque la mujer ya está severamente subrepresentada en el mercado de trabajo.

Una mujer de 33 años informó a Human Rights Watch que le negaron empleo en un complejo hotelero después de que dio positivo en una prueba de VIH que formó parte obligatoria de la entrevista de trabajo: "Me hicieron la entrevista. Me mandaron a hacer análisis. … El otro día me dijeron que no podían darme el trabajo, porque yo tenía VIH. Así de así. … Me dijeron: 'No podemos dar trabajo a personas así.' Hasta entonces, yo no sabía que tenía VIH."

El informe recomienda al gobierno dominicano que haga de la protección de los derechos de las mujeres un tema central en sus planes nacionales para la prevención y tratamiento del VIH/SIDA. Recomienda a los donantes internacionales-incluyendo el Fondo Global de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria-que trabajen con el gobierno dominicano para asegurar que la estrategia contra el VIH/SIDA del país incluya la protección de los derechos humanos de las mujeres.

Un nuevo gobierno pronto tendrá la oportunidad de remediar esta situación, ya que las elecciones presidenciales a mitades de mayo condujeron a la victoria del principal partido opositor. El 16 de agosto, Leonel Fernández Reyna jurará el cargo de presidente de la República Dominicana.

"El nuevo presidente, Leonel Fernández Reyna, debe enfocar su estrategia sobre el VIH/SIDA en la protección de los derechos humanos de las mujeres," dijo Jefferson. "El gobierno dominicano debe sancionar a las compañías que requieren una prueba de VIH de las mujeres que buscan trabajo, y debe asegurar que las mujeres reciban tratamiento adecuado en el sistema de salud."