Hace exactamente un año, el 18 de marzo del 2003, el gobierno cubano lanzó una férrea ofensiva contra disidentes pacíficos, periodistas independientes, defensores de derechos humanos y sindicalistas, bibliotecarios, médicos y maestros independientes. Casi 90 activistas por la democracia fueron detenidos en pocos días, sus casas extensamente registradas, y muchas de sus pertenencias confiscadas

Durante las tres semanas siguientes, 75 de los arrestados fueron juzgados, condenados y encarcelados bajo condenas de entre 6 y 28 años de prisión. El gobierno los acusó de intentar subvertir la autoridad del Estado, espiar para los Estados Unidos y otros gobiernos, e informar mentiras a la prensa internacional acerca de la economía cubana. Los juicios quedaron muy por debajo de los estándares internacionales mínimos de derechos humanos. Jueces y fiscales en Cuba no son independientes, sino que operan bajo control directo del gobierno. A los observadores internacionales se les prohibió el acceso a las salas de juicio. A los abogados defensores no se les garantizó la oportunidad adecuada de preparar las defensas de sus clientes. Además, no se les dio acceso a los archivos de la corte hasta las 24 horas previas a los juicios y, en la mayoría de los casos, los abogados no vieron a sus clientes hasta una hora antes del inicio del proceso judicial.

Al mismo tiempo, el gobierno cubano condenó a muerte y ejecutó a tres jóvenes cubanos de raza negra que habían intentado salir de la isla ilegalmente secuestrando una pequeña embarcación. Los jóvenes fueron detenidos el 4 de abril, y siete días después fueron ejecutados sumariamente, a pesar de que nunca llegaron a herir físicamente a nadie durante el secuestro de la embarcación. Los familiares de los jóvenes supieron de las ejecuciones post-facto, cuando se les notificó que podían pasar a recoger los cuerpos sin vida para enterrarlos.

Desde la ola represiva, todos los 75 prisioneros siguen encarcelados y, según reportes, se los mantiene en condiciones inhumanas por debajo de los estándares mínimos. La mayoría están encarcelados en prisiones a cientos de kilómetros de sus casas, lo que dificulta enormemente, y a veces hace casi imposible, las visitas familiares. Muchos de los presos, como es el caso de los economistas Oscar Espinosa Chepe y Marta Beatriz Roque, no están recibiendo tratamiento médico adecuado para sus padecimientos de salud, los cuales en algunos casos han sido adquiridos durante el período de encarcelamiento y hacen peligrar la vida del preso. Otros, como el Dr. Oscar Elías Biscet, han sido recluidos en celdas de aislamiento durante meses, han visto sus visitas familiares canceladas, y se les ha denegado el acceso a la luz del sol. En algunos casos, como el del prisionero Blas Giraldo Reyes, el gobierno ha presionado a los familiares de los presos para que dejen de recibir a disidentes en sus casas, bajo la amenaza de empeorar las condiciones en prisión de sus familiares.

Héctor Palacios, Leonel Grave de Peralta, Marcelo López Bañobre, Roberto De Miranda, y Luis Enrique Ferrer son otros de los prisioneros cuyo activismo a favor de los derechos básicos y la democracia, y como promotores del Proyecto Varela, los coloca dentro del ámbito de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos. Esta Declaración, adoptada por la ONU en 1998, reafirma el derecho de individuos y organizaciones a promover y proteger los derechos humanos. De acuerdo a los términos de la Declaración, todas las personas tienen derecho a acceder efectivamente a la participación en el gobierno de sus países y en el manejo de los asuntos públicos. La Declaración también dispone que toda persona tiene derecho al ejercicio legal de su profesión y a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos. El Proyecto Varela es una iniciativa pública dentro de Cuba que reúne firmas para una petición en pos de reformas fundamentales. Las leyes cubanas disponen que si más de 10,000 firmas de votantes apoyan una propuesta, ésta debe ser sometida a referéndum. Hasta la fecha, el Proyecto Varela ha recogido más de 25,000 firmas pidiendo democracia y el respeto de los derechos básicos.

Llamamos al gobierno cubano a preservar los derechos de todos los cubanos que desean promover y defender los derechos humanos de acuerdo a su conciencia.

Hoy, en el primer aniversario de su arresto, condenamos vigorosamente el encarcelamiento continuado en Cuba de 75 defensores de los derechos humanos, periodistas independientes, activistas por la democracia, bibliotecarios independientes, y otros activistas. Estos ciudadanos cubanos fueron encarcelados solamente por haber ejercido sus derechos humanos elementales de expresión y reunión, y por promover un mayor respeto a los derechos humanos y civiles dentro de Cuba. Exigimos a las autoridades cubanas que ordenen su liberación inmediata e incondicional, y que aseguren que todos los presos son tratados de acuerdo a los estándares y normas internacionales básicas hasta que sean puestos en libertad.

Exhortamos a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, actualmente reunidos en Ginebra, a condenar inequívocamente el encarcelamiento ininterrumpido de defensores de los derechos humanos y activistas pro democracia en Cuba. Exigimos al gobierno cubano que coopere con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, y permita el acceso incondicional a Cuba de sus representantes.

Firmado por:

Freedom House
Human Rights First
Human Rights Watch
International League for Human Rights
Jacob Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights
Minnesota Advocates for Human Rights
Physicians for Human Rights