Dr. César Gaviria
Secretario General
Organización de Estados Americanos

Distinguido Embajador Gaviria:

Me dirijo a usted atentamente para manifestarle la grave preocupación de Human Rights Watch por el hecho de que el gobierno del Presidente Alberto Fujimori no haya adoptado las medidas consideradas fundamentales por las organizaciones observadoras de las elecciones peruanas y la comunidad internacional, para garantizar la imparcialidad y credibilidad de la segunda ronda de las elecciones presidenciales peruanas. Aunque ha transcurrido un mes desde los comicios ampliamente cuestionados del 9 de abril, el Presidente Fujimori aún no ha emprendido ninguna acción significativa para cumplir las recomendaciones de los observadores nacionales e internacionales, entre ellos la Misión de Observación Electoral de la OEA y del National Democratic Institute/Carter Center. Es más, las negociaciones entre las partes para establecer reglas justas en la segunda vuelta de las elecciones han pasado por graves dificultades, debido a la negativa de la coalición que apoya la candidatura de Fujimori a aceptar cambios reales y no de fachada.

Dado que el organismo oficial electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha fijado la fecha para la segunda vuelta para el 28 de mayo, se está agotando rápidamente el plazo para que el gobierno peruano rescate la credibilidad del proceso electoral antes de que sea demasiado tarde. La celebración de una elección sin las reformas necesarias para garantizar las condiciones fundamentales de imparcialidad y un proceso de cómputo de votos competente e imparcial carecería totalmente de validez. Como informó la delegación preelectoral del National Democratic Institute/Carter Center en su declaración del 5 de mayo:

    "El proceso electoral peruano no cumplirá con los estándares internacionales mínimos de elecciones democráticas, a menos que se realicen mejoras inmediatas e integrales al entorno político que rodea la segunda vuelta para las elecciones presidenciales, a los procedimientos administrativos y técnicos requeridos para el día de las elecciones y al cómputo de resultados."

Consideramos que la OEA debería establecer una fecha límite para la aplicación de sus recomendaciones y anunciar su intención de convocar una sesión de emergencia de los Estados miembros, conforme a la Resolución 1080 de la Asamblea General, para debatir las medidas a tomar si no se cumple el plazo previsto.

Desde la votación del 9 de abril, se han seguido acumulando pruebas de grave incompetencia y denuncias de fraude, que aún se investigan, por parte del principal organismo de cómputo de votos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Estos hechos han sido documentados en detalle por los grupos de observación no gubernamentales peruanos y la prensa nacional. Los retrasos en el traslado de los votos de las oficinas electorales a los centros de cómputo del ONPE, la inestabilidad y las averías del sistema de computación, así como su presunta vulnerabilidad a la manipulación externa, fueron comentados ampliamente durante y después de los comicios. La pérdida de credibilidad de la ONPE antes de las elecciones se vio agravada por no haber investigado inmediatamente-a pesar de la insistencia de la OEA-las denuncias de falsificación de firmas en el registro de la alianza electoral Perú 2000, partidaria de Fujimori, en la que estaban presuntamente involucrados funcionarios de la ONPE. El JNE y la fiscal especial, Mirtha Trabucco Cerna, no han hecho públicos los resultados de sus investigaciones sobre estas graves alegaciones, y la fiscal acaba de anunciar una extensión de 30 días de la investigación, por lo que es improbable que sus conclusiones se conozcan antes de las elecciones del 28 de mayo.

Quedan por investigar más de un millar de irregularidades documentadas por la organización no gubernamental Transparencia y por la Defensoría del Pueblo antes y durante la votación del 9 de abril. Muchas de estas denuncias están relacionadas con el empleo inadecuado de recursos del Estado o la participación de funcionarios públicos en las actividades de la campaña por la candidatura del Presidente Fujimori. Es más, la ONPE aún no ha dado una respuesta satisfactoria al hecho de que el número de votos computados en las elecciones superará en más de un millón la cifra de votantes registrados. Estas irregularidades sin aclarar ensombrecen inevitablemente la credibilidad de las instituciones encargadas de supervisar la segunda ronda.

Los funcionarios del gobierno han restado importancia a la gravedad de las deficiencias de la ONPE. La reciente formación de grupos de trabajo, que incluyen a miembros del partido de oposición y representantes de la Defensoría del Pueblo y de la misión de observación de la OEA, encargados de remediar los peores defectos del sistema de cómputo y de capacitar a los observadores de los partidos, no es suficiente para restaurar la confianza en las instituciones electorales. Por si misma, la formación de estos grupos de trabajo no implica que la ONPE sea ahora lo suficientemente competente e imparcial como para computar los resultados del 28 de mayo con precisión y justicia. En estas circunstancias, consideramos esencial que la OEA obtenga autorización, acceso y facilidades para supervisar directamente el proceso de cómputo de los votos.

Otro defecto grave en las condiciones previas a la votación del 9 de abril fue la falta de acceso a los medios de comunicación, especialmente la televisión, de los candidatos de la oposición, y la cobertura televisiva sumamente tendenciosa e injuriosa de la campaña. Desde las elecciones del 9 de abril, los esfuerzos de la oposición para obtener una cobertura televisiva imparcial de la campaña electoral de su candidato, en las semanas previas a la segunda votación del 28 de mayo, han sido especialmente infructuosos.

Como señalaron la misión de observación electoral de la OEA y otros observadores internacionales tales como NDI/Carter Center durante la campaña del 9 de abril, el libre acceso a la cobertura televisiva de las campañas de los opositores al Presidente Fujimori fue prácticamente inexistente, y las informaciones emitidas fueron sesgadas y denigrantes. Esto se pudo observar con toda claridad el último día de la campaña, cuando el último mitin del presidente fue retransmitido simultáneamente por los siete canales de televisión abiertos, mientras que los de los candidatos de la oposición no se mostraron en absoluto. Una reportera de uno de los principales canales de cable de Estados Unidos dijo a Human Rights Watch que la policía le impidió a ella y a otros corresponsales internacionales que asistieran al mitin de Toledo celebrado en el hotel Sheraton. Un solo canal de televisión retransmitió en directo los resultados oficiales con el anuncio de una segunda vuelta. El control gubernamental de la programación de los principales canales de televisión abierta se ha logrado mediante una combinación de intervención en sus decisiones ejecutivas y la inducción financiera que suponen los contratos de publicidad masivos. Los efectos antes, durante y después de las elecciones del 9 de abril constituyeron, en palabras del jefe de la misión de la OEA, Eduardo Stein, un "cerco informativo" por el que se privó a los peruanos de lo que necesitaban saber para tomar una decisión informada.

Los funcionarios del gobierno instaron posteriormente a los canales privados de televisión peruanos a ofrecer un tiempo razonable de pantalla a los partidos de oposición, pero se han negado categóricamente a imponer disposiciones reglamentarias para garantizar un tiempo de emisión razonable a los contrincantes de la oposición. En las condiciones actuales, es muy improbable que un acuerdo voluntario arroje resultados, dado que no parece que haya interés o voluntad de ofrecer un servicio público imparcial por parte de los propietarios de los canales. En un editorial reciente, el actual director de la Asociación de Radio y Televisión de Perú, Daniel Linares Bazán, calificó la campaña de Toledo de "metodología de la agitación social" y parte de una conspiración oscura respaldada por grupos de presión internacionales sin identificar que interfieren en los asuntos peruanos. Aunque, de acuerdo con las encuestas recientes, la gran mayoría de los peruanos quieren una cobertura más equilibrada de los temas, la información sobre las elecciones continua siendo altamente desigual y tendenciosa. A excepción de los canales 8 y 11, el acceso del partido de oposición, Perú Posible, a los canales privados ha sido prohibitivamente caro o negado rotundamente, y cuando ha existido cobertura, ésta ha sido hostil y tergiversada. Por lo tanto, en la práctica el candidato de la oposición no tiene acceso a la pantalla para responder a los numerosos ataques personales contra él en los programas de mayor audiencia, tales como la acusación hecha recientemente en el Canal 2, afirmando que el Sr. Toledo era "violento, mentiroso y provocador." Las recientes negociaciones entre Perú 2000 y Perú Posible para debatir reformas destinadas a igualar las condiciones en la segunda vuelta del 28 de mayo no han aportado ninguna mejora en la cuestión del acceso y la cobertura televisiva. Un ejemplo de la parcialidad constante fue que los canales abiertos, entre ellos el Canal 7 estatal, no cubrieran el concurrido mitin electoral de Toledo del 3 de mayo en Arequipa. La desilusión de Perú Posible frente a esta falta de avances en la cuestión provocó la ruptura de las negociaciones el 4 de mayo.

Sr. Secretario General, la persistencia y profesionalismo de la Misión de Observación Electoral encabezada por el Embajador Eduardo Stein merece el reconocimiento y las felicitaciones de los demócratas de todo el continente. La misión se ha esforzado por llamar la atención mundial sobre la gravedad de los problemas expuestos en esta carta y por buscar soluciones prácticas para que se respete la voluntad del pueblo peruano en las próximas elecciones. Sin embargo, para que la misión logre su objetivo es necesaria la presión firme de los Estados miembros de la OEA. Quisiera instarle a que establezca un plazo para que el gobierno de Perú cumpla las recomendaciones de la misión.

Le insto asimismo respetuosamente a que anuncie de antemano su intención de convocar una sesión ad hoc de los ministros de relaciones exteriores de la OEA, conforme a la Resolución 1080 de la Asamblea General, en el caso de que Perú incumpla el plazo establecido. El Compromiso de Santiago con la democracia y renovación del sistema interamericano-Resolución 1080-estipula la celebración de una reunión de emergencia de los ministros de relaciones exteriores de la OEA para decidir la adopción de medidas colectivas específicas cuando la democracia esté en peligro. En su preámbulo, la Resolución 1080 exhorta a los Estados miembros de la OEA a la efectiva aplicación del principio consignado en la Carta de que "la solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa." Es fundamental que los Estados miembros de la OEA acaten este compromiso para la protección de la democracia en el continente. Deben demostrar ahora su resolución para persuadir al gobierno del Presidente Fujimori de que introduzca inmediatamente las reformas necesarias para que puedan celebrarse elecciones libres e imparciales en Perú.

José Miguel Vivanco

cc: Emb. Eduardo Stein, Jefe de la Mision de la OEA en Perú