(Washington, D.C.) - Human Rights Watch ha apelado hoy al Presidente Ricardo Lagos para que vete un proyecto de enmienda constitucional por la que se concedería inmunidad a los ex presidentes frente al proceso penal. El proyecto de ley, aprobado por ambas cámaras del Congreso durante los últimos meses del gobierno de Frei, permite al ex dictador Augusto Pinochet pueda retirarse del cargo de senador vitalicio sin renunciar a su inmunidad parlamentaria. Es probable que se apruebe finalmente el proyecto de enmienda en una sesión conjunta del Congreso prevista para el 25 de marzo y se promulgue como ley, a no ser que Lagos retire su apoyo.

Human Rights Watch ha advertido que, si no se toman precauciones, la revisión propuesta podría tener una consecuencia grave para el procesamiento penal del General Pinochet. El ex dictador se enfrenta a más de 70 querellas en Chile por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura. La Corte de Apelaciones de Santiago ha de decidir ahora si se debe levantar la inmunidad parlamentaria de Pinochet para que pueda ser juzgado. Si la corte falla afirmativamente, Pinochet puede apelar ante la Corte Suprema. Si el dictamen de la Corte de Apelaciones favorece a Pinochet, no podrá avanzar el caso contra él.

Los abogados de derechos humanos que representan a las víctimas de Pinochet temen que la reforma pueda otorgar a Pinochet una capa adicional de protección si renunciara a su cargo de senador, dado que las leyes chilenas no contemplan disposiciones específicas para levantar la inmunidad de un ex presidente. "Esta reforma supone aventurarse en un terreno sin explorar y ofrece una escapatoria legal para Pinochet," advirtió José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch.

Human Rights Watch también está preocupada por el impacto general de la reforma. La mayoría de las constituciones latinoamericanas otorgan inmunidad frente al arresto o el procesamiento a los legisladores y a los funcionarios públicos, pero estos privilegios cesan cuando dejan su cargo y están concebidos para que puedan ejercer sus responsabilidades públicas. Ningún país ofrece inmunidad a ex jefes de Estado. "Se trata de un precedente muy peligroso para la región," dijo Vivanco. "Se opone al principio cada vez más aceptado de que los jefes de Estado han de responder ante los tribunales por violaciones a los derechos humanos. La inmunidad no puede concederse como un premio para los ex gobernantes, ni siquiera para los buenos."

Además de ofrecer un incentivo al General Pinochet para que renuncie a su cargo de senador, la reforma tiene como objetivo corregir la situación del ex presidente Patricio Aylwin (1990-1994). En virtud de la Constitución de Chile de 1980, Aylwin no tenía derecho a los privilegios propios de los senadores vitalicios por no haber estado más de cuatro años en el cargo. En Chile, no ha habido prácticamente debate sobre las implicaciones a largo plazo de la enmienda constitucional.