¿Sabía que a las mujeres de Irán ni siquiera se les permite asistir a partidos de voleibol masculino en su propio país?
Una forma de lograr que Irán escuche estos reclamos es no permitir que el país sea sede de torneos internacionales.
Las víctimas del dictador Hissène Habré lo llevan ante la justicia: La implementación de un tribunal especial en Senegal marca un punto de inflexión en la larga campaña para llevar ante la justicia al ex dictador de Chad. Habré fue acusado de miles de asesinatos políticos y tortura sistemática durante su presidencia, 1982-1990.
En 2013, una sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana despojó retroactivamente de ciudadanía
a decenas de miles de dominicanos, en su mayoría descendientes de haitianos. Las personas afectadas perdieron en
forma permanente la capacidad de realizar actos civiles, como inscribir a sus hijos al momento del nacimiento, anotarse
en la escuela y la universidad, participar en la economía formaly circular en el país sin riesgo de deportación.
Haciendas agrícolas ubicadas en asentamientos israelíes en Cisjordania están empleando a menores palestinos como mano de obra para el cultivo, la cosecha y el empaquetado de productos agrícolas, muchos de los cuales se destinan a exportación. Los menores perciben modestos estipendios de estas haciendas y están expuestos a condiciones de trabajo peligrosas, lo cual contraviene estándares internacionales.
En centros de detención y prisiones de Estados Unidos se ha empleado fuerza excesiva, incluso en forma maliciosa, contra internos con discapacidad mental, según lo reveló Human Rights Watch.
Grupos sucesores del paramilitarismo son actualmente responsables de secuestros, desapariciones y desmembramientos de habitantes del puerto de Buenaventura, cuya población está integrada mayoritariamente por afrocolombianos, a pesar de las medidas anunciadas hace un año por el gobierno para detener la violencia. Reporte de HRW http://www.hrw.org/node/133200
Los tribunales de Marruecos están condenando a los acusados sobre la base de confesiones que, aparentemente, fueron extraídas mediante tortura o falsificadas por la policía. El programa de reforma judicial del país tiene que incluir salvaguardias más firmes para garantizar que los tribunales no acepten como prueba ningún testimonio que se ofrezca a la policía en condiciones de tortura o maltrato.