(Ciudad de México) – El gobierno de México ha propuesto unos lineamientos sobre “derechos de las audiencias” que suponen una amenaza para la libertad de expresión, señaló hoy Human Rights Watch.
El 28 de julio de 2026, el gobierno anunció un proyecto de reglamento que, de aprobarse, otorgaría a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones—un organismo dependiente del poder ejecutivo—amplios poderes para multar a los medios de comunicación que publiquen información supuestamente “falsa”, “descontextualizada” o “desactualizada”.
“La veracidad es un pilar fundamental del periodismo responsable, pero el gobierno no debería ser quien decida si los medios de comunicación están haciendo bien su trabajo”, señaló Jorge Peniche, investigador senior de Human Rights Watch para México. “El gobierno mexicano debería revisar estos lineamientos para garantizar que no amenacen la libertad de expresión ni a los medios independientes”.
La legislación mexicana reconoce los derechos de las audiencias como parte del derecho de todas las personas a recibir información y, desde 2014, establece que los medios de radiodifusión deben autorregularse mediante códigos de ética y designar oficinas internas de defensores de las audiencias donde las personas puedan presentar reclamaciones. La nueva propuesta permitiría a las personas apelar una decisión de un defensor de audiencias ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Entre otras facultades de supervisión, la Comisión podría revocar estas decisiones y multar a los medios con hasta el 1 % de sus ingresos acumulables anuales si considera que publicaron información “falsa”, “descontextualizada” o “desactualizada”.
Aunque la ley mexicana establece que la Comisión debe contar con “independencia técnica” para emitir sus decisiones, la Comisión opera bajo la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la cual tiene nivel de secretaría de estado y hace parte del poder ejecutivo. Los miembros de la Comisión son propuestos por el presidente y nombrados por el Senado, donde Morena, el partido gobernante, cuenta con una mayoría de dos tercios.
México es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales reconocen el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que “[c]ondicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”. También establece que las actividades periodísticas deben guiarse por conductas éticas, las cuales “en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”.
Estas disposiciones pueden utilizarse fácilmente para reprimir el periodismo independiente y es probable que adquieran un efecto intimidatorio, incluso si este no fuera su objetivo, señaló Human Rights Watch.
La propuesta se está discutiendo en un momento en que una funcionaria del gobierno a nivel de gabinete utilizó un segmento de transmisión gubernamental llamado “Derecho de réplica”, que se transmite semanalmente desde el Palacio Nacional del gobierno, para señalar a periodistas y medios de comunicación que, según ella, forman parte de un “esfuerzo coordinado” para difundir “noticias falsas”.
“La mejor defensa contra la desinformación es un entorno mediático que permita fuentes de información diversas y plurales, no contar con un organismo oficial facultado para sancionar a los medios de comunicación cuya cobertura el gobierno decida calificar de inexacta”, dijo Peniche.
