Claudia Sheinbaum, quien en octubre de 2024 se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de México, heredó graves problemas en materia de derechos humanos, entre ellos la violencia criminal extrema y graves abusos cometidos por el ejército.
Su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, presidió un proceso de retroceso democrático que socavó la independencia judicial, la transparencia y el Estado de derecho. Al mismo tiempo, 13 millones de personas salieron de la pobreza durante su gobierno.
Con el respaldo de Sheinbaum y López Obrador, el Congreso aprobó en septiembre de 2024 una reforma judicial que podría socavar gravemente la independencia judicial. La enmienda obliga a todos los jueces del país a presentarse a elecciones, las primeras de las cuales se celebraron el 1 de junio.
Seguridad y violencia criminal
La violencia, que aumentó drásticamente después de que el gobierno anunciara una “guerra contra las drogas” a mediados de la década de 2000, continuó en niveles extremadamente altos. La tasa oficial de homicidios en 2024 se situó en más de 25 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.
Las cifras oficiales publicadas en agosto indicaban que más de 1.800 personas habían sido asesinadas en Sinaloa desde que un líder narcotraficante fue trasladado a Estados Unidos y detenido en julio de 2024, lo que desencadenó enfrentamientos entre facciones del cártel de Sinaloa.
En mayo, dos asesores del alcalde de la Ciudad de México fueron asesinados. Al momento de redacción de este informe, las autoridades habían detenido a dos personas presuntamente implicadas en el crimen, pero aún no habían identificado a la persona que ordenó los asesinatos ni los motivos que los motivaron.
En septiembre, la policía de Paraguay detuvo al exsecretario de seguridad del estado de Tabasco y lo expulsó a México acusado de colusión con los cárteles.
En noviembre, fue asesinado el alcalde de Uruapan, Michoacán, quien había denunciado abiertamente a los grupos criminales de la zona y señalado sus vínculos con políticos estatales.
Las autoridades estiman que alrededor del 70 % de las armas de fuego recuperadas en las escenas de los crímenes en México procedían del tráfico ilegal desde Estados Unidos. En junio, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos desestimó una demanda presentada por México contra algunos fabricantes de armas estadounidenses.
Acceso a la justicia
La impunidad sigue siendo generalizada.
Los fiscales resuelven aproximadamente uno de cada diez homicidios intencionales que investigan, en muchos casos con pruebas que han sido alteradas, falsificadas u obtenidas mediante amenazas o tortura. Las fiscalías suelen carecer de investigadores calificados, materiales, recursos básicos, y protección adecuada para llevar a cabo su trabajo.
En septiembre de 2024, el Congreso aprobó una enmienda constitucional que exige que todos los jueces estatales y federales, incluidos los magistrados de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, renuncien a sus cargos y sean sustituidos mediante elecciones populares en 2025 y 2027. La enmienda también creó un nuevo “Tribunal de Disciplina Judicial” con amplios poderes para sancionar o destituir a los jueces. La reforma constitucional amenaza la independencia judicial en el país y no aborda los principales obstáculos a los que se enfrentan los mexicanos para acceder a la justicia.
En junio, México celebró elecciones populares para nombrar a la mitad del poder judicial, incluidos 881 jueces federales y miembros de la Suprema Corte. Las elecciones se caracterizaron por una baja participación y por graves preocupaciones sobre la integridad del proceso.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los magistrados y abogados expresó su preocupación durante el proceso y, tras las elecciones, afirmó que “las deficiencias observadas en esta primera elección ponen en riesgo la integridad institucional y la confianza pública en el sistema de justicia”.
En noviembre de 2024, el Congreso reeligió a Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo supuestamente independiente encargado de proteger los derechos humanos. Durante su primer mandato (2019-2024) no realizó un escrutinio sólido sobre el gobierno de López Obrador.
Tortura
Los agentes de policía, los fiscales y los soldados siguieron recurriendo a la tortura. En junio, el Instituto Federal de Defensoría Pública, que forma parte del poder judicial federal, había documentado 3.177 incidentes denunciados como actos de tortura, que afectaron a 4.100 víctimas entre 2019 y 2025.
La Organización Mundial Contra la Tortura, una organización de derechos humanos, afirmó en junio que la tortura seguía siendo una “práctica generalizada” en México.
Detención arbitraria
El Congreso aprobó una serie de leyes, la más reciente en abril, para ampliar la prisión preventiva obligatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado en dos ocasiones a México que elimine la prisión preventiva obligatoria por ser incompatible con las normas de derechos humanos.
En septiembre, el Congreso aprobó una reforma que dificulta la solicitud de amparos contra las decisiones judiciales que ordenan la prisión preventiva de los detenidos. También limita la protección judicial en asuntos colectivos, como la protección del medio ambiente.
Alrededor del 40 % de las personas encarceladas en el país no han sido condenadas. Permanecen en prisión en condiciones duras, con hacinamiento y falta de servicios médicos y de salud mental. Los medios de comunicación, grupos de derechos humanos y defensores públicos han reportado un aumento de los suicidios entre las mujeres detenidas en algunas prisiones.
Abusos militares
El gobierno ha seguido ampliando el uso del ejército en tareas de seguridad pública y civiles.
En noviembre de 2024 y julio de 2025, el Congreso aprobó leyes por las que se transfería el control de la Guardia Nacional, una fuerza desplegada para llevar a cabo tareas de seguridad pública, al Ejército.
Las fuerzas armadas continuaron llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales. Organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación informaron de varios casos de abusos, entre ellos el asesinato de dos niñas, de 7 y 11 años, en Sinaloa en mayo.
En agosto, los residentes de Cozumel incendiaron una guarnición militar tras acusar a un soldado de violar a una niña de 9 años.
El ejército y la Secretaría de Defensa siguieron negando la participación de las fuerzas armadas en violaciones de derechos humanos. Expertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) afirmaron en 2023 que el ejército había obstaculizado la investigación sobre la desaparición de 43 alumnos en Ayotzinapa en 2014. Durante el primer año del gobierno de la presidenta Sheinbaum, el ejército siguió negándose a entregar los documentos pertinentes al nuevo fiscal especial designado para el caso en julio.
Una “Comisión para la Verdad” creada por el gobierno concluyó en 2024 que el ejército cometió violaciones “sistemáticas y generalizadas” de derechos humanos entre 1965 y 1990, pero la Secretaría de la Defensa aún no ha reconocido la responsabilidad del ejército en los delitos.
En septiembre, el gobierno reconoció que existían vínculos corruptos entre la Armada y grupos criminales involucrados en el tráfico ilegal de diésel.
Desapariciones
Miles de personas siguen desapareciendo cada año en México, con un total oficial en 2025 que supera las 130.000 personas (el total incluye los casos denunciados desde 1952). Las autoridades no han tomado medidas suficientes para prevenir estas desapariciones y exigir que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
En marzo, un grupo local de voluntarios que busca a personas desaparecidas informó del descubrimiento de cientos de zapatos, prendas de vestir, restos humanos carbonizados y lo que parecían ser varios hornos subterráneos en un rancho a las afueras de la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco.
Ese mismo mes, el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas inició, por primera vez en su historia, un examen en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas para determinar si la desaparición forzada en México era “generalizada o sistemática”. La presidenta Sheinbaum negó que existiera “desaparición forzada desde el Estado” y el presidente del Senado dijo que pediría a la ONU que impusiera una “sanción” al presidente del comité.
Los familiares de las personas desaparecidas siguieron corriendo peligro. En septiembre, organizaciones de derechos humanos informaron de que ocho personas que buscaban a desaparecidos habían sido asesinadas en 2025.
Privacidad y acceso a la información pública
En noviembre de 2024, el Congreso reformó la Constitución para cerrar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un organismo gubernamental independiente, y transferir sus competencias a una agencia dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que comenzó a funcionar en mayo. Artículo 19, un grupo de defensa de la libertad de prensa, informó que la nueva agencia había limitado el acceso a la información pública, negando la mayoría de las peticiones.
En julio, el Congreso aprobó una ley que crea nuevos registros obligatorios de identidad y de teléfonos celulares. La ley otorga a las autoridades un poder prácticamente ilimitado para acceder a la información sobre los ciudadanos sin autorización judicial.
Ataques a periodistas y defensores de derechos humanos
México siguió siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Artículo 19 informó en noviembre que siete periodistas habían sido asesinados en 2025.
Artículo 19 también informó de que las autoridades y personas relacionadas con ellas iniciaron 51 casos de “acoso judicial” contra periodistas y críticos entre enero y agosto.
México siguió siendo un país peligroso para los defensores de derechos humanos. En abril, se encontró en Oaxaca el cuerpo de Sandra Domínguez, una abogada indígena defensora de derechos humanos que había desaparecido meses antes.
Migrantes y solicitantes de asilo
En abril, el Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares examinó el cumplimiento por parte de México de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. El organismo reconoció la asistencia prestada a los trabajadores mexicanos en el extranjero, pero expresó su preocupación por la aparente “externalización del control fronterizo por parte de las autoridades estadounidenses” y la “militarización de la gestión migratoria”.
Según las autoridades mexicanas, hasta abril, México había recibido a casi 39.000 inmigrantes deportados de Estados Unidos, entre ellos 33.000 mexicanos. Los grupos humanitarios han expresado su preocupación por los riesgos a los que se enfrentan los deportados debido a la violencia criminal en zonas como Tapachula.
Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en 2024 la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió “cerca de 80.000 nuevas solicitudes de asilo”. ACNUR estimó que la cifra podría ser aún mayor en 2025. A pesar del aumento, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se enfrentó a recortes presupuestarios, en parte debido a los recortes de la ayuda exterior de Estados Unidos.
Derechos de las mujeres y las niñas
En noviembre de 2024, el Congreso modificó la Constitución para reconocer los derechos de las mujeres y exigir la paridad de género en los cargos electivos. En enero, la presidenta Sheinbaum creó la Secretaría de las Mujeres.
En julio, México compareció ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. El comité acogió con satisfacción la elección de la primera mujer presidenta del país, al tiempo que señaló “un aumento de los casos de violencia de género contra las mujeres y las niñas cometida por actores estatales y no estatales”.
En junio, el Congreso de Guanajuato votó en contra de un proyecto de ley que habría despenalizado el aborto. Las sentencias del Tribunal Supremo protegen a las mujeres y las niñas de la persecución penal por aborto y 24 de los 32 estados del país han despenalizado explícitamente el aborto. Sin embargo, persisten las desigualdades en la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, en particular de las mujeres rurales e indígenas. La mortalidad materna sigue siendo elevada en algunas regiones y continúan las denuncias de violencia obstétrica.
El feminicidio sigue siendo una “gran preocupación”. Según cifras oficiales, 444 mujeres y niñas fueron asesinadas durante la primera mitad de 2025.
Orientación sexual e identidad de género
El matrimonio entre personas del mismo sexo está permitido en los 32 estados. En 2025, el estado de Veracruz aprobó una ley que permite a las personas transgénero cambiar sus nombres y marcadores de género en los certificados de nacimiento mediante un sencillo proceso administrativo, con lo que el número de estados que lo han hecho asciende a 23.
Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) siguieron siendo víctimas de violencia. Según el Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT, dirigido por grupos de derechos humanos, entre enero y septiembre, 31 personas fueron asesinadas por su orientación sexual o identidad de género.
Derechos de las personas mayores y las personas con discapacidad
En diciembre de 2024, el Congreso modificó la Constitución para garantizar una pensión a las personas con “discapacidad permanente” y exigir al gobierno que garantizara la “rehabilitación y habilitación”. Al momento de redacción de este informe, la pensión por discapacidad cubría a alrededor de 1,5 millones de las 8,8 millones de personas con discapacidad registradas oficialmente en México.
También en diciembre de 2024, el Congreso de la Ciudad de México reformó el código civil para abolir la tutela y reconocer la plena capacidad jurídica de todas las personas mayores de 18 años, incluidas las personas con discapacidad y las personas mayores.
El Congreso también modificó la Constitución para establecer que las personas mayores de 65 años tienen derecho a una pensión no contributiva del Estado.
Derechos de los pueblos indígenas
En septiembre de 2024, una reforma constitucional reforzó el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, por ejemplo, al reconocer explícitamente su derecho a ser consultados en las decisiones relativas a medidas administrativas o legislativas que les afecten de manera significativa.
Políticas sobre el cambio climático e impactos
El gobierno de Sheinbaum anunció en agosto planes para garantizar que el 35 % de la generación de electricidad provenga de fuentes renovables para 2030.
Derechos económicos, sociales y culturales
Según cifras oficiales, entre 2018 y 2024, un total de 13,4 millones de personas en México salieron de la pobreza y 1,7 millones de la pobreza extrema. Estudios oficiales indican que 6,6 millones de ellas salieron de la pobreza principalmente gracias al aumento del salario mínimo. Desde julio, el gobierno ha comenzado a aplicar nuevas normas laborales que obligan a las empresas de plataformas digitales a dar de alta a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social y a cotizar en función de sus ingresos netos.
Política exterior
En octubre de 2024, México fue elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos para el período 2025-2027.
México ha apoyado los esfuerzos para promover un tratado sobre crímenes contra la humanidad. Sin embargo, México se ha mostrado ambivalente con respecto a algunas de las situaciones más críticas en materia de derechos humanos en América Latina, a menudo invocando la doctrina de la “no intervención”.