1. ¿Qué es la misión de determinación de los hechos?
Un mecanismo de escrutinio e investigación independiente y riguroso. La misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela (MIIDH) es un mecanismo extraordinario creado por la ONU en 2019 para ejercer escrutinio e investigar graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. Su labor ha sido altamente valorada, y su continuidad considerada necesaria, por lo que su mandato fue renovado en 2020, 2022, y 2024 por periodos de dos años.
Un mandato orientado a las víctimas y la justicia. La MIIDH existe para contribuir a que las víctimas obtengan justicia, y que los perpetradores rindan cuentas por violaciones de derechos humanos, en ausencia de vías para lograr esto a nivel nacional. En concreto, la MIIDH investiga ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas, y violencia sexual y basada en género, cometidas desde 2014.
Fuente de información pública, regular y confiable. La MIIDH está compuesta por personas expertas e independientes con amplia experiencia y conocimiento del derecho internacional. Su trabajo se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, en Ginebra, permitiendo un escrutinio internacional y la participación de países de todo el mundo y de la sociedad civil.
Identificación de posibles personas perpetradoras. Entre 2020 y 2026, la MIIDH ha identificado a un número de personas perpetradoras de rangos medios y altos, cadenas de mando de servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad, y una política de Estado contra la población civil considerada como disidente que constituiría crímenes de lesa humanidad, incluida la persecución por motivos políticos.
2. ¿Por qué es fundamental que se mantenga la misión hasta 2028?
Las condiciones que justifican la existencia de la MIIDH continúan más vigentes que nunca. El contexto actual en Venezuela es volátil y la situación social, humanitaria y de derechos humanos sigue siendo preocupante. Desde los graves hechos de enero de 2026, se han materializado algunos cambios en la conducta del gobierno venezolano, pero la política de represión se mantiene intacta en sus integrantes, estructuras e instituciones. Los terremotos del 24 de junio han dejado en evidencia la desprotección de la población venezolana. Cientos de personas permanecen detenidas arbitrariamente por motivos políticos, personas identificadas como posibles perpetradores de crímenes de lesa humanidad, incluidas algunas nombradas por la MIIDH, siguen ostentando posiciones de alto poder en el gobierno, y los esfuerzos del gobierno por evadir la justicia a nivel nacional e internacional se han profundizado.
Las recomendaciones basadas en evidencia ofrecen una hoja de ruta verificable. La continuidad de la información que provee la MIIDH ayudará a guiar a la comunidad internacional, y a actores dentro del país, hacia reformas necesarias que aseguren la reparación y la no repetición de la crisis de derechos humanos que ha sufrido el país desde hace más de una década. Su análisis también puede ayudar a la comunidad internacional a diferenciar entre anuncios de reformas cosméticas y cambios significativos a las normas y políticas del gobierno.
La impunidad siembra repetición. Los esfuerzos por garantizar un futuro en el que se protejan los derechos humanos en Venezuela deben priorizar la verdad, la justicia, la reparación, y las garantías de no repetición por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Las investigaciones, informes y recomendaciones de la MIIDH ofrecen un acervo único que sirve de guía para cambios necesarios en el país. Sus esfuerzos continuos de elaborar expedientes, e identificar públicamente, a personas sospechosas de tener responsabilidad por crímenes de lesa humanidad y otros graves abusos son una herramienta clave en este aspecto.
3. ¿Cómo se complementan la MIIDH y el trabajo de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y los mecanismos de justicia internacional?
Asistencia técnica y monitoreo en el país. La renovación del mandato de la MIIDH debe ir acompañada de la renovación del mandato de monitoreo y cooperación que tiene la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), tal y como ha sucedido desde el 2020. Son dos mecanismos distintos, complementarios y necesarios. Mientras la MIIDH se ocupa de investigar graves violaciones de derechos humanos, con miras a luchar contra la impunidad y garantizar plena rendición de cuentas de perpetradores y justicia para las víctimas, de ofrecer información pública robusta, y de proveer guías y recomendaciones estructurales, la OACNUDH monitorea la situación de los derechos humanos en toda su amplitud y ofrece asistencia técnica a las autoridades, además de su labor habitual de información pública. La MIIDH, como muchos otros mecanismos de investigación, ha demostrado que es capaz de realizar investigaciones robustas a pesar de serle negado el acceso al país, pero la presión por que se les permita visitar el país debe aumentar ahora más que nunca. Al ser mandatos distintos y necesarios, los equipos de ambos mecanismos deben poder entrar al país y tener acceso a las víctimas, sus familiares, y personas defensoras de derechos humanos.
Mecanismos de justicia internacional. El aparato de justicia venezolano ha sido un instrumento de represión sistemática y generalizada, incluyendo jueces, fiscales, y personal judicial. En este contexto, las instituciones de justicia internacional juegan un papel imprescindible. Los hallazgos de la MIIDH sirven de insumo para las instituciones judiciales que pueden atribuir responsabilidad penal individual y sancionar a personas que hayan cometido crímenes bajo el derecho internacional, incluyendo la Corte Penal Internacional y algunos tribunales nacionales, como en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal.
4. ¿Cómo puede aportar la misión al futuro de Venezuela?
Sin cambios estructurales, siguen siendo necesarias la disuasión y las recomendaciones fundamentadas. Venezuela enfrenta un contexto alterado, aunque la situación no ha cambiado de manera estructural. La comunidad internacional debe mantenerse alerta y exigir cambios sistémicos en materia de derechos humanos. Investigaciones y recomendaciones de la MIIDH durante los próximos dos años son la mejor herramienta que tiene a su disposición la comunidad internacional para exigir que se den los cambios necesarios que garanticen la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Ante la incertidumbre, hay que ofrecer certezas de escrutinio y debate internacional. La situación en Venezuela es dinámica y se deben exigir cambios urgentes y estructurales. En este panorama incierto, la continuidad del escrutinio y la investigación de la MIIDH y la OACNUDH por los próximos dos años garantiza que la situación de derechos humanos en el país vaya a ser expuesta y debatida entre la ONU, Estados, y sociedad civil periódicamente. Esta regularidad y previsibilidad ofrece un piso mínimo de escrutinio de cualquier avance que se pudiera materializar en el país.
5. ¿Quién es responsable de la renovación de la misión?
Una resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. El mandato de la MIIDH nace y se mantiene por decisión del CDH, conformado por 47 Estados miembros. La renovación de su actual mandato se deberá plasmar en una nueva resolución que se apruebe por votación durante su 63º periodo de sesiones, el cual se desarrollará entre el 7 de septiembre y el 7 de octubre de 2026.
Liderazgo regional con apoyo global, basado en principios y los derechos humanos. Como en las resoluciones anteriores que mantuvieron el mandato de MIIDH, son Estados de las Américas los que siguen liderando la renovación de la MIIDH. Desde el 2024, los Estados que impulsan este esfuerzo han sido Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, y Uruguay. Este liderazgo debe ser respaldado por los miembros de la Unión Europea y países africanos, asiáticos y europeos comprometidos con un futuro donde los derechos humanos sean protegidos y garantizados en Venezuela, incluidos Bolivia, Brasil, Ghana, Gambia, Malawi, Mauricio, Tailandia.
Suscriben:
Acceso a la Justicia
AlertaVenezuela
Amnistía Internacional
Aula Abierta
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andres Bello (CDH-UCAB)
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
CIVICUS
CIVILIS
Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC)
Espacio Público
Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
Foro Penal
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Global Centre for the Responsibility to Protect
Human Rights Watch
International Service for Human Rights (ISHR)
Justicia, Encuentro y Perdón
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center
Washington Office on Latin America (WOLA)
