(Washington, D. C.) – Un proyecto de ley sobre lobby que se encuentra en trámite en el Congreso de Argentina podría imponer cargas irrazonables a las organizaciones independientes de derechos humanos y a otros grupos de la sociedad civil, señaló hoy Human Rights Watch.
El proyecto de ley busca promover la transparencia e integridad pero, tal y como está diseñado, impondría nuevas cargas administrativas y riesgos legales tan serios que, en la práctica, impedirían que muchos grupos de la sociedad civil participen en el proceso de formulación de políticas públicas.
“Es valioso que el gobierno quiera regular y garantizar la transparencia en torno a las actividades de lobby, pero debe asegurar los derechos de la población y de las organizaciones de la sociedad civil a incidir en políticas públicas”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “El Congreso debería corregir las disposiciones excesivamente amplias del proyecto de ley para garantizar que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer su trabajo sin restricciones indebidas”.
El 23 de mayo de 2026, el gobierno del presidente Javier Milei presentó el proyecto de ley en el Congreso. El objetivo, según el gobierno, es limitar la influencia indebida sobre las decisiones de gobierno y aumentar la transparencia de las actividades de lobby. El proyecto de ley, que actualmente está bajo consideración de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, prohibiría toda comunicación destinada a influir en las políticas gubernamentales, a menos que las entidades y las personas involucradas se registren primero como lobbistas y presenten, de manera rápida y detallada, informes sobre cada contacto y comunicación que mantengan.
El proyecto de ley crearía un Registro Público de Gestores de Intereses y exigiría que se registren tanto los lobbistas profesionales como los representantes de empresas, cámaras empresariales y cualquier otra persona u organización que busque influir en las decisiones del Poder Ejecutivo o del Congreso.
La inscripción en el registro no sería automática ni estaría garantizada. Por el contrario, las autoridades a cargo del registro, que operarían bajo la órbita del Poder Ejecutivo, podrían rechazar la inscripción, por ejemplo, si consideran que no es “compatible” con el objeto social registrado de la organización.
Las autoridades también podrían suspender o cancelar la inscripción por incumplimientos de la ley; por ejemplo, por no informar acerca de reuniones con la debida rapidez. Esto permitiría a las autoridades del Poder Ejecutivo impedir arbitrariamente que grupos de la sociedad civil participen en actividades de incidencia, señaló Human Rights Watch.
El proyecto de ley también prohibiría a los funcionarios públicos, en su calidad de sujetos obligados, mantener “contactos de gestión de intereses” con organizaciones o personas que no se hayan registrado, “aun cuando dichos contactos revistan carácter
espontáneo o incidental”. La ley además define los “contactos de gestión de intereses” de manera amplia, como “toda comunicación... que tenga por objeto presentar intereses, posiciones, argumentos, propuestas, información o requerimientos destinados a influir en la toma de una decisión pública”.
El proyecto exigiría que las personas u organizaciones registradas informen detalladamente sobre cada reunión o “contacto” que tengan con las autoridades públicas en un plazo de cinco días. Es muy probable que a las organizaciones de la sociedad civil les resulte más difícil que a los grupos empresariales hacer frente a estas cargas administrativas. Con ello, se corre el riesgo de inclinar la balanza de tal manera que, en última instancia, los grupos de interés con grandes recursos económicos aumenten su acceso al gobierno y al congreso y las organizaciones de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil lo disminuyan, señaló Human Rights Watch.
El proyecto de ley también modificaría el Código Penal para permitir penas de hasta dos años de prisión para cualquier persona que realice actividades de lobby sin previa autorización. Asimismo, permitiría imponer una pena de prisión de hasta tres años a quienes lleve a cabo una “representación clandestina de intereses extranjeros”, incluyendo a quienes no declaren que están tratando de influir en decisiones vinculadas a la “defensa nacional, seguridad interior o relaciones exteriores” con financiamiento extranjero.
Una regulación sólida de las actividades de lobby puede contribuir a fortalecer la integridad y la transparencia de los procesos clave de toma de decisiones públicas. A nivel global, los países han adoptado diversos enfoques para compatibilizar esos objetivos con los derechos de las personas y los grupos de la sociedad civil a participar en las deliberaciones sobre políticas públicas. Algunos países eximen por completo a las organizaciones de la sociedad civil de las regulaciones sobre lobby. Otros eximen las actividades de lobby cuando se relacionan con asuntos de amplio interés público o adaptan los requisitos para balancear los riesgos del lobby con los derechos a la libertad de asociación y expresión.
En virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Argentina está obligada a respetar los derechos a la libertad de asociación y de expresión. Cualquier restricción a estos derechos debe estar claramente definida, y ser necesaria y proporcional para alcanzar un fin legítimo, como la protección de los derechos de terceros.
Tal como está redactado, el proyecto de ley no tiene en cuenta estas obligaciones de derechos humanos e incluso otorgaría al Poder Ejecutivo facultades excesivas para sancionar a las organizaciones de la sociedad civil que buscan mejorar la respuesta gubernamental ante hechos de corrupción y violaciones de derechos.
“Si al Congreso le importa la transparencia en las decisiones públicas, debería regular debidamente el lobby sin obstaculizar el trabajo de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil”, dijo Goebertus.
