(Nueva York) – En todo el país, hay comunidades que están desarrollando modelos alternativos de respuesta a las crisis de salud mental, indicaron Human Rights Watch, New York Lawyers for the Public Interest y el Center for Racial and Disability Justice de la Facultad de Derecho de UCLA en un informe que se difundió hoy. Existe una necesidad apremiante de que se adopten estos enfoques, considerando que, cada año, miembros de la policía de EE. UU. causan la muerte de cientos de personas, que en muchos casos tenían condiciones de salud mental documentadas, y la jurisdicción federal y numerosas jurisdicciones estatales y locales buscan cada vez más implementar estrategias coercitivas de respuesta y tratamiento para las crisis de salud mental.
El informe “‘Self-Determination is the Pathway to Liberation’: Alternative Mental Health Crisis Response in the United States” (‘La autodeterminación como vía hacia la liberación’: Respuesta alternativa a las crisis de salud mental en Estados Unidos”), que tiene una extensión de 66 páginas, identifica los elementos clave que deben incluir las respuestas a las crisis de salud mental que tengan una perspectiva de derechos humanos, y explica cómo los programas alternativos de respuesta a crisis de salud mental han implementado estos enfoques en la práctica. Muchos de estos modelos comparten elementos centrales, como promover la autonomía individual, brindar apoyo voluntario en vez de exigir el cumplimiento de órdenes y evitar la participación innecesaria de las fuerzas de orden público.
“Que la policía sea quien responda en primera instancia o por defecto a las personas que experimentan crisis de salud mental es ineficaz y, a veces, incluso letal, considerando su orientación al uso de la fuerza y el cumplimiento”, expresó Tanya Greene, directora del programa sobre EE. UU. de Human Rights Watch. “Afortunadamente, hay enfoques alternativos que ponen énfasis en la autonomía personal y el consentimiento como condición para el tratamiento”.
La investigación estudió más de 150 programas de respuesta a crisis de Estados Unidos y analizó ocho que se han comprometido a implementar aspectos clave de la respuesta a crisis de salud mental basada en derechos, prescindiendo de la policía como respuesta primaria o por defecto. El equipo de investigación entrevistó a responsables de programas y, en los casos en los que fue posible, a miembros de la comunidad y personas que promueven perspectivas independientes sobre los programas. Para la investigación, se utilizaron las normas y los estándares del derecho internacional de los derechos humanos como instrumento para identificar los elementos centrales en los programas que incorporan una perspectiva de respeto de los derechos.
En muchos casos, la presencia policial agudiza las crisis de salud mental y da lugar a situaciones de coerción y violencia. Las personas con condiciones de salud mental están particularmente expuestas a la violencia policial y tienen muchas más probabilidades de morir durante encuentros con la policía que las personas sin discapacidad. Este riesgo es patente en el caso de las personas negras y otras personas de color con condiciones de salud mental. A menudo, la policía se acerca a las personas en crisis emitiendo órdenes y conminándolas a cumplirlas, en situaciones en las que se necesitaría una interacción más sutil y compasiva, que pueden brindarla pares —personas con experiencia vivida en salud mental— y trabajadores de salud mental.
Los ocho programas que se abordan en el informe se desarrollan en comunidades de distintos puntos de Estados Unidos. Algunos están conectados con el gobierno local, mientras que otros operan de forma independiente. Sus equipos de respuesta tienen una composición diferente, pero la mayoría incluyen pares, trabajadores sociales, técnicos de medicina de emergencia o paramédicos, y especialistas en intervención en crisis. Por lo general, atienden en el lugar a la persona que experimenta una crisis y prestan una variedad de servicios, que incluyen evaluaciones, tácticas para apaciguar la tensión, planificación de seguridad, consejería de crisis, educación, transporte, derivaciones a recursos comunitarios y sesiones de seguimiento.
Los programas se desarrollaron en reconocimiento de que las respuestas a las crisis de salud mental centradas en la intervención policial a menudo han provocado violencia y daños a la persona que necesita apoyo. Las personas negras y otras personas de color han estado particularmente expuestas a esos daños y violencia, debido en parte al racismo estructural que está presente en la actuación policial, la atención de la salud mental y, de manera más general, en la sociedad entera.
Los programas que priorizan los modelos no coercitivos y las respuestas sin intervención policial buscan evitar esa violencia y brindar un apoyo más eficaz a las personas que atraviesan crisis, mediante la movilización y capacitación de pares y otros profesionales que están inmersos en la cultura y las comunidades a las que atienden.
Las métricas mediante las cuales se evaluaron los programas incluyen excluir a la policía como actores primarios o por defecto en las respuestas, evitar el tratamiento involuntario, implementar un enfoque centrado en el consentimiento para el tratamiento, promover la participación de pares, proporcionar capacitación culturalmente sensible y basada en el reconocimiento del trauma, y mantener una conexión directa con las comunidades de las que se ocupan. La investigación evaluó el compromiso de los programas de prestar servicios accesibles, tiempos de respuesta comparables a los de otros servicios de emergencia, atención de seguimiento y minimización de los desequilibrios de poder entre quienes proveen servicios y las personas a las que apoyan.
“Estos programas son ejemplos de cómo podemos realmente servir a las personas y las comunidades para que puedan tomar sus propias decisiones a través del apoyo y la atención”, destacó William Juhn, abogado de planta sénior del Programa de Justicia y Discapacidad de New York Lawyers for the Public Interest.
Si bien ningún programa pretende adoptar o implementar todos estos criterios respetuosos con los derechos, cada programa se orienta en función de al menos algunos de ellos. El equipo de investigación no evaluó los resultados ni avaló modelos o enfoques particulares de ningún programa para responder a las crisis.
“En un contexto en el que el gobierno federal y los gobiernos estatales y locales avanzan hacia enfoques más coercitivos para responder a las crisis de salud mental, lo que incluye el confinamiento involuntario, hospitalizaciones y medicación forzada, es importante entender que existen programas que sí respetan los derechos humanos”, dijo Jordyn Jensen, gerenta de comunicaciones y contacto con la comunidad del Center for Racial and Disability Justice.
