Los datos más recientes sobre la educación en el mundo son desalentadores.
Casi 200 millones de niños y niñas no tienen acceso a la educación secundaria. Otros 72 millones de niños que deberían estar en la escuela primaria no lo están.
En comparación con 2023, esto representa un aumento estimado de 21 millones más de niños y niñas sin escolarizar. Se trata de un retroceso asombroso en solo dos años.
Pero incluso estas cifras tan crudas subestiman la crisis mundial. No tienen en cuenta a los niños y niñas de zonas de conflicto armado, como Gaza y Sudán. Si a estos datos le sumaramos esa realidad, se añadirían 13 millones de niños y niñas, lo que elevaría el total de la población sin escolarizar a cerca de 285 millones.
Y las tasas mundiales de exclusión de la educación son, de hecho, aún más elevadas si se tiene en cuenta la educación preescolar. Hay unos 175 millones de niños y niñas en edad preescolar que no están matriculados y no se benefician de la importantísima educación de la primera infancia.
Las cifras totales son vertiginosas: cientos de millones de niños y niñas no reciben la educación que deberían. El impacto negativo en las vidas de las personas, por no hablar del futuro de la humanidad en general, es imposible de calcular.
Parte del motivo del reciente aumento del número de niños sin escolarizar se debe a los recortes presupuestarios, a menudo como parte de medidas de austeridad regresivas. En pocas palabras, las decisiones financieras de los gobiernos que restan prioridad a la educación están empeorando la situación.
Los recientes recortes en la ayuda internacional sin duda agravarán el problema en muchos países.
La educación es un derecho y los gobiernos están obligados a defenderlo. Deben proteger los presupuestos de educación pública para garantizar el acceso a una educación pública gratuita y de calidad para todos.
Por cierto, existe un punto de referencia acordado internacionalmente para el gasto público en educación. Es como mínimo entre el 4 % y el 6 % del producto interior bruto y/o como mínimo entre el 15 % y el 20 % del gasto público total. No parece desorbitado, teniendo en cuenta que se trata de una inversión en el futuro del país.
La semana pasada, en Sevilla (España), los gobiernos se reunieron en la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Allí firmaron un compromiso para "apoyar una financiación adecuada que garantice una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos".
Es una promesa celebrada. Ahora, para hacer frente a la crisis mundial de la educación, deben ponerla en práctica.
