Cuando las autoridades venezolanas anunciaron que Nicolás Maduro había sido reelegido presidente tras las elecciones del pasado julio, el escepticismo era más que generalizado. De hecho, pruebas sustanciales demostraban que el candidato opositor Edmundo González había ganado por un margen significativo.
La gente estaba indignada. Muchos salieron a la calle a protestar.
Las autoridades respondieron lanzando una feroz represión. El mensaje era simple y brutal: ganamos, te callas - o de lo contrario.
Ese "o de lo contrario" no era una amenaza inocente. Las autoridades venezolanas y los grupos progubernamentales, conocidos como colectivos, la cumplieron una y otra vez.
Los abusos que cometieron -contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos, durante las protestas postelectorales y después- han sido ampliamente documentados en un nuevo informe de Human Rights Watch. Parece una lista de cosas que las autoridades nunca deberían hacer.
Mataron a manifestantes y transeúntes. Veinticuatro personas murieron durante las manifestaciones. Las pruebas apuntan a la participación de las fuerzas de seguridad venezolanas en algunos de estos asesinatos y de colectivos en otros.
Detuvieron y procesaron injustamente a un gran número de personas, incluidos niños. Más de 2.000 personas han sido detenidas por protestar, criticar al gobierno o apoyar a la oposición. Las autoridades han acusado a cientos de personas de delitos vagos e infundados.
Desaparecieron por la fuerza a miembros del partido de la oposición, a sus familiares y a ciudadanos extranjeros. Las autoridades se niegan a facilitar información sobre su paradero. Las familias siguen buscando a sus seres queridos en centros de detención y morgues.
Torturaron a los detenidos. No hace falta decir más.
En respuesta a estos abusos bien documentados de las autoridades venezolanas, el mundo exterior debe hacer al menos cuatro cosas.
En primer lugar, los gobiernos extranjeros deben seguir haciendo los llamamientos básicos, pero esenciales, a las autoridades venezolanas para que pongan fin a sus violaciones. Deben insistir en la liberación de las personas detenidas injustamente y en la información sobre los desaparecidos.
En segundo lugar, la comunidad internacional debe respaldar firmemente los esfuerzos para ayudar a las víctimas a obtener justicia. Esto incluye apoyar el trabajo de la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela y de la Corte Penal Internacional.
En tercer lugar, otros gobiernos deben ampliar su apoyo a los grupos de la sociedad civil venezolana, a los periodistas independientes y a los grupos que defienden la democracia y los derechos humanos.
En cuarto lugar, los gobiernos extranjeros deben ampliar el acceso a la protección internacional para los venezolanos que huyen de la represión.
Deben comprender el alcance del problema en Venezuela, sobre todo porque repercute en las solicitudes de asilo en sus fronteras. Muchos han huido del país tras la represión postelectoral. Pero los problemas del país no empezaron en julio de 2024, por supuesto. Muchos se fueron mucho antes.
La asombrosa cifra de ocho millones de venezolanos viven ahora en el extranjero. Es probable que las nuevas oleadas de represión en Venezuela bajo Maduro desencadenen nuevas oleadas de refugiados.
La crisis de derechos humanos de Venezuela es la más grave del hemisferio occidental. Una respuesta internacional seria, sostenida y basada en principios es crucial para toda la región.
