(Ginebra) – El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debería extender por dos años el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, señaló hoy Human Rights Watch. Esta renovación es crucial dado el agravamiento de la represión por parte del gobierno de los co-presidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció el grupo de expertos en marzo de 2022, con un mandato inicial de un año para investigar violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde 2018. El mandato fue prorrogado por dos años adicionales en abril de 2023. Desde su establecimiento, el grupo ha documentado violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, privación arbitraria de la nacionalidad y deportaciones forzadas. Los expertos independientes han concluido que existen “motivos razonables” para creer que estos hallazgos “constituyen evidencia de crímenes de lesa humanidad”.
“El escrutinio internacional sostenido es indispensable en Nicaragua, que se ha convertido en uno de los regímenes más opresivos de la región”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División delas Américas de Human Rights Watch. “Mientras el gobierno niega cualquier responsabilidad por las violaciones de derechos dentro del país, el grupo de expertos actúa como un mecanismo esencial para documentar abusos y facilitar otras vías de rendición de cuentas”.
En su informe más reciente, publicado en febrero de 2025, el grupo de expertos presentó nuevas pruebas que implican al ejército nicaragüense en la brutal represión de 2018 contra manifestantes. La represión, que se realizó en coordinación con la policía y grupos armados progubernamentales, dejó un saldo de 355 muertos y cientos de heridos.
Los expertos también instaron a gobiernos a presentar una demanda contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por violaciones a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia y a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como a ampliar las sanciones contra personas, instituciones y entidades implicadas en abusos documentados en los informes de los expertos.
Cincuenta y dos presos políticos permanecen encarcelados en Nicaragua, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una coalición de organizaciones de derechos humanos nicaragüenses que documenta detenciones arbitrarias. Las autoridades nicaragüenses también han despojado arbitrariamente de su nacionalidad a 546 personas, lo que dejó a muchas de ellas apátridas.
El gobierno también ha clausurado más de 5.600 organizaciones no gubernamentales (ONG). Esa cifra representa aproximadamente el 80 % de las ONG que operaban oficialmente en Nicaragua, según las últimas cifras disponibles de 2018. Según la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, el gobierno también habría cerrado al menos 29 universidades y 58 medios de comunicación.
En enero, la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional que coloca al poder legislativo, judicial y a los órganos electorales bajo la “coordinación” de los copresidentes Ortega y Murillo.
Esta reforma pretende otorgar una fachada legal a las violaciones sistemáticas de derechos humanos perpetradas por el gobierno. Por ejemplo, establece la facultad de privar de la nacionalidad nicaragüense a supuestos “traidores”.
En febrero, el gobierno nicaragüense anunció su decisión de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Esta decisión se produjo poco después de que el grupo de expertos publicara su informe más reciente y justo cuando la OIT estaba por establecer una Comisión de Encuesta, el mecanismo de investigación de más alto nivel de la organización, para examinar presuntas violaciones de los derechos de los trabajadores en Nicaragua.
“Ante los intentos del régimen por evadir la rendición de cuentas, es fundamental que el Consejo de Derechos Humanos renueve el mandato de los expertos para que continúen visibilizando las graves violaciones que se cometen en el país”, señaló Goebertus.
