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Las organizaciones de derechos humanos egipcias, regionales e internacionales abajo firmantes instamos a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE a que respeten el derecho internacional y europeo, con el objetivo de garantizar que la asistencia macrofinanciera a Egipto concedida en virtud de la normativa europea dé lugar a avances y reformas concretos, cuantificables, estructurales y con plazos establecidos en materia de derechos humanos en el país.

Desde el derrocamiento militar del expresidente Mohamed Morsi en 2013, en Egipto se ha gobernado con mano de hierro. Las autoridades han silenciado la disidencia pacífica de forma brutal y sistemática, prácticamente han borrado del mapa los medios de comunicación independientes y la sociedad civil, han reprimido a la oposición política, han adoptado y promulgado leyes represivas, han encarcelado a decenas de miles de personas críticas —reales o presuntas— y han socavado gravemente la independencia del poder judicial y de la abogacía.

En un entorno de escaso escrutinio cívico, judicial y parlamentario, las autoridades apenas han tenido que rendir cuentas por sus políticas y actos represivos. A su vez, esta situación ha contribuido a que el gobierno no haya respetado, protegido ni realizado los derechos sociales y económicos de la población, lo que ha dado lugar a retrocesos para las personas más afectadas por las crisis económicas recurrentes en el país. Desde febrero de 2024, las entidades donantes de Egipto —entre otras, Emiratos Árabes Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, Reino Unido y la Unión Europea— han proporcionado o prometido en torno a 57.000 millones de dólares estadounidenses en subvenciones y préstamos. Como parte de este proceso, las entidades donantes deben garantizar que las autoridades egipcias introduzcan y apliquen eficazmente reformas que mejoren el respeto de los derechos humanos, así como una mayor transparencia y rendición de cuentas.

Las entidades donantes deben también asegurarse de que las medidas económicas y fiscales aplicadas como parte de estos programas no contribuyan a erosionar aún más los derechos económicos y sociales de las personas, especialmente considerando el continuo aumento de las tasas de pobreza desde que se adoptó el primer programa del FMI en 2016, así como los insuficientes niveles de gasto del gobierno egipcio en protección social, sanidad y educación. Toda reforma macroeconómica que se acuerde debe reflejar y respetar las obligaciones legales de todas las partes en materia de derechos económicos y sociales —especialmente en los ámbitos de derechos laborales y justicia ambiental— y responsabilidad corporativa.

Creemos que es crucial aplicar reformas estructurales con vistas a reforzar el Estado de derecho, garantizar juicios justos, abrir el espacio cívico, defender los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación y la libertad de los medios de comunicación, y liberar a todas las personas sometidas a detención arbitraria. De este modo, además de cumplir la Constitución de Egipto y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, las autoridades también abordarían algunas de las causas básicas de la inestabilidad economica y financiera de Egipto. Esta inestabilidad perjudica gravemente los derechos económicos y sociales de millones de personas en Egipto —en particular las que se encuentran en situación vulnerable y marginada—, que en última instancia deberán soportar la carga de saldar la deuda del país.

Observamos que las normas europeas requieren que los destinatarios de ayuda macrofinanciera se adhieran al respeto de los derechos humanos y de mecanismos democráticos eficaces, tales como un sistema parlamentario multipartidista y el Estado de derecho, mientras que el Consejo de la Unión Europea ha estipulado que una condición previa para conceder la ayuda macrofinanciera de la Unión es queEgipto siga avanzando de forma concreta y creíble hacia el respeto de una serie de mecanismos democráticos eficaces, tales como un sistema parlamentario multipartidista, y el Estado de derecho, y garantice el respeto de los derechos humanos”dSin embargo, en la propuesta de la Comisión no se define cuál debe ser esa forma concreta y creíble.

Dado que la Comisión Europea y las autoridades egipcias negocian memorandos de entendimiento (MdE) para regular el desembolso de fondos europeos a Egipto hasta 2027, instamos a la Comisión, al Consejo y al Parlamento de la UE a que garanticen que:

  1. en los MdE se establezca una hoja de ruta para acometer reformas estructurales, con indicadores, objetivos y parámetros de referencia públicos, claros, específicos y con plazos establecidos para que Egipto cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos.
  2. las autoridades egipcias liberen de forma inmediata e incondicional a todas las personas detenidas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.
  3. las autoridades egipcias abran el espacio cívico y político, respetando los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, en especial antes, durante y después de las elecciones parlamentarias de 2025.

Si se toman estas medidas, contribuirá la ayuda macrofinanciera de la UE a lograr avances concretos y duraderos en materia de derechos humanos y del Estado de derecho en Egipto, lo cual resulta indispensable para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, acabar con la impunidad y evitar que surjan nuevas crisis económicas en el país. Por el contrario, no establecer parámetros de referencia en materia de derechos humanos daría carta blanca a la continuación de los abusos y la represión en Egipto.

Firmantes

AFTE

Amnesty International

Cairo Institute for Human Rights Studies

Committee for Justice

Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF)

Egyptian Front for Human Rights (EFHR)

Egyptian Human Rights Forum (EHRF)

Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)

EgyptWide for Human Rights

EuroMed Rights

International Federation for Human Rights (FIDH)

Human Rights Watch

Middle East Democracy Center (MEDC)

Minority Rights Group

Refugees Platform In Egypt (RPE)

Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)

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