Este año, en el principal organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, todo indica que podría producirse un gran avance, con las crecientes esperanzas de un nuevo reconocimiento legal del derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a la educación gratuita, desde la educación preescolar hasta la secundaria.
El 20 de marzo, la República Dominicana y otros Estados como Luxemburgo, Sierra Leona, Colombia, Panamá, Nauru, Bulgaria y Rumania, junto con Human Rights Watch, Plan International y Girls Not Brides, reunirán a los países en el Consejo de Derechos Humanos para abordar la necesidad inmediata de un nuevo instrumento jurídicamente vinculante. Harán hincapié en la intersección fundamental entre la educación preescolar y secundaria gratuita y los derechos humanos, con especial atención al empoderamiento de las niñas y las mujeres.
A nivel mundial, casi la mitad de todos los niños y niñas no están matriculados en educación preescolar, y solo 2 de cada 5 niños y niñas en países de ingresos bajos y medianos bajos asisten a dichos programas. Además, solo el 45 % de los y las adolescentes completaron la escuela secundaria en 2021. Para demasiados niños, niñas y adolescentes, el costo de la educación preescolar y secundaria sigue siendo una barrera importante. El fracaso global en universalizar el acceso gratuito al ciclo completo de educación perpetúa la pobreza y la desigualdad y obstaculiza el progreso y el desarrollo de la sociedad.
Sin embargo, muchos países de ingresos bajos y medios están dando pasos significativos para ampliar su oferta de educación gratuita. Países como Kirguistán, Madagascar, Nepal y Sierra Leona, entre al menos 110 en todo el mundo, cuentan con leyes que garantizan al menos un año de educación preescolar gratuita y educación secundaria gratuita.
Pero el derecho internacional de los derechos humanos no ha seguido el ritmo de este progreso. Por ejemplo, el tratado de derechos del niño de la ONU, la Convención sobre los Derechos del Niño, no obliga a los Estados a brindar educación secundaria gratuita en las mismas condiciones inmediatas que la educación primaria, ni hace referencia explícita a la educación de la primera infancia. Esta discrepancia está fomentando un creciente apoyo global para consagrar estos derechos en un nuevo instrumento legal: un cuarto protocolo facultativo de la convención. A su vez, una nueva ley internacional podría impulsar una mayor implementación de la educación gratuita en países donde todavía se cobran tasas.
Es imperativo que otros Estados se unan a esta iniciativa. Juntos, pueden garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes puedan aprender y alcanzar su potencial, sentando las bases para un futuro más justo y equitativo.
