Un día como hoy, 24 de enero, fue declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Educación. Es un momento de reflexionar sobre qué más se puede hacer para garantizar que todos tengan acceso a la educación. Es un tema en el que la República Dominicana, recién elegida para un mandato de tres años en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, está esforzándose por mejorar.
Hemos logrado algunos avances extraordinarios desde que la Declaración Universal de Derechos Humanos afirmó en 1948 que la educación es un derecho de todas las personas. En 1950, menos de la mitad de los niños y niñas de entre 5 y 14 años del mundo estaban escolarizados. Hoy en día, alrededor del 90 por ciento están matriculados en la escuela primaria.
Sin embargo, el panorama es más sombrío antes y después de la educación primaria. Alrededor de un tercio de los niños y niñas del mundo no llegan a la escuela secundaria y más de la mitad no la completan. Casi la mitad de menores en edad preescolar de todo el mundo no están matriculados en la educación preescolar. Mientras tanto, en América Latina, según datos de la UNESCO, Cuba encabeza el ranking con un 99 por ciento de matrículas en educación infantil, y Perú cuenta con la tasa más alta de finalización de la escuela secundaria con un 89 por ciento.
Para muchos, el costo es el principal obstáculo que impide que los padres matriculen a sus hijos en la educación preescolar y secundaria. Human Rights Watch ha entrevistado a niños y padres en África, Asia y Medio Oriente que dijeron que su incapacidad para pagar la matrícula u otras tasas escolares era la razón principal por la cual los niños y niñas no podían asistir a la escuela.
El derecho internacional de los derechos humanos consagra el derecho a la educación primaria gratuita: el mayor énfasis en la educación primaria es un legado de la época en que se redactaron varios tratados, entre los años 1960 y 1980. Pero décadas de investigación –y experiencias cotidianas— demuestran que la educación primaria por sí sola es insuficiente para preparar a los niños y niñas y ayudarlos a prosperar.
Actualizar el derecho internacional para reflejar las realidades actuales, mediante un tratado que garantice explícitamente a todos los niños y niñas una educación gratuita desde la educación preescolar hasta la secundaria, aceleraría el progreso global y centraría la atención mundial en eliminar una de las mayores barreras a la educación. El respaldo de todos los países latinoamericanos a un tratado de este tipo podría ser decisivo.
El desarrollo del cerebro es más rápido en los primeros años de la infancia, por lo que es una oportunidad fundamental para marcar la diferencia. La educación preescolar de calidad tiene beneficios a largo plazo para el desarrollo cognitivo y social de los niños y niñas, y para su salud. La educación preescolar ayuda a una transición exitosa a la escuela primaria y a un posterior logro educativo. También garantiza que los niños y niñas con discapacidad sean incluidos y reciban apoyo en las aulas desde sus primeros años, promueve su matriculación y reduce las actitudes discriminatorias contra ellos. A su vez, la educación preescolar reduce las desigualdades entre niños y niñas de diferentes orígenes económicos.
La educación secundaria, incluida la capacitación técnica y vocacional, brinda a los jóvenes una mayor variedad de conocimientos y habilidades que son esenciales para su futuro, incluido un futuro con opciones de empleo viables y preparación para la vida adulta. Los y las jóvenes con educación secundaria de calidad tienen más probabilidades de encontrar trabajo cuando sean adultos, ganar más y escapar o evitar la pobreza. También tienen más probabilidades de adoptar dietas más saludables, buscar atención médica, tener una mejor salud mental y menos probabilidades de tener embarazos no deseados. La educación secundaria impulsa la participación política, reduce la marginación y permite a los estudiantes utilizar tecnologías modernas. Garantizar que los niños y niñas estén matriculados y permanezcan en la escuela secundaria ayuda a prevenir el trabajo infantil, el matrimonio infantil y el reclutamiento por parte de grupos armados.
No garantizar la educación preescolar y secundaria gratuita perjudica desproporcionadamente a las niñas y mujeres. Muchos padres con recursos limitados enfrentan presión social para priorizar a sus hijos sobre sus hijas, por lo que las niñas suelen quedar con mayor frecuencia fuera de las tasas de educación secundaria. Excluir a los menores de la educación preescolar impide que los padres (en su abrumadora mayoría madres) obtengan empleos remunerados o participen en la vida pública.
La ampliación de la educación preescolar y secundaria pública gratuita conlleva costos significativos para los gobiernos, pero las inversiones en educación proporcionan enormes dividendos sociales y contribuyen al crecimiento económico, por lo que se amortizan muchas veces. Varios países de ingresos medios y bajos han ampliado recientemente la educación preescolar gratuita u obligatoria, entre ellos Comoras, Líbano, Madagascar, Mongolia, Nepal, Sierra Leona, Tayikistán y Uzbekistán.
Aun así, algunos países necesitarán asistencia internacional. La ONU calcula que el déficit de financiación para la educación gratuita desde preescolar hasta secundaria podría cubrirse si 40 países de ingresos más altos cumplieran sus compromisos existentes de dedicar al menos el 0,7 por ciento de su ingreso nacional bruto a la asistencia externa y asignaran el 10 por ciento de ese apoyo a educación.
El año pasado se lograron algunos avances. Un grupo de 73 países se unió a una declaración encabezada por Luxemburgo y la República Dominicana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, expresando su apoyo a fortalecer el derecho a la educación para incluir un derecho explícito a al menos un año de educación preescolar gratuita y la educación secundaria completa y gratuita.
Como próximo paso, todos los Estados latinoamericanos deberían apoyar un nuevo tratado de derechos humanos para reconocer explícitamente el derecho de todos los niños y niñas a la educación infantil, incluido al menos un año de educación preescolar gratuita, y fortalecer el derecho a la educación secundaria gratuita. Es un objetivo ambicioso. Sin embargo, con su nuevo papel en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la República Dominicana está bien posicionada para liderar este avance en los derechos de los menores.
