(Austin, 1 de febrero de 2024) – La retórica cada vez más extrema que expresan algunos líderes políticos y la intensificación del programa de disuasión en la frontera que implica la Operación Lone Star de Texas están agravando el riesgo para la vida y la seguridad de inmigrantes y residentes fronterizos por igual, señaló hoy Human Rights Watch.
Previamente en enero, tres migrantes, dos de ellos niños, se ahogaron en el Río Grande cerca del Parque Shelby, en la ciudad de Eagle Pass, Texas. Días antes, funcionarios de Texas habían tomado el parque ignorando los deseos de la ciudad y prohibieron que accedieran allí agentes federales, lo que obstaculizó las operaciones de rescate. Los ahogamientos y la toma del parque se producen luego de que el 5 de enero el gobernador de Texas, Greg Abbott, manifestara que “lo único que no estamos haciendo es disparar a las personas” porque “la Administración Biden nos acusaría de homicidio”.
“Obligar a las personas a replegarse hacia el río, donde hay un alambre de púas, y adentrarse en sectores más peligrosos del río mientras se niega el acceso para rescatar a personas es algo inconcebible”, explicó Bob Libal, consultor de Human Rights Watch en Texas. “Solo podría generar más muertes y lesiones”.
El 22 de enero, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que Texas no puede impedir que agentes federales corten o retiren el alambre de púas que las autoridades texanas colocaron a lo largo del Río Grande. Sin embargo, Texas instaló más alambre de púas en la frontera y el gobernador Abbott invocó el artículo 1, sección 10, cláusula 3 de la Constitución de Estados Unidos, para hacer valer el derecho de Texas a ejercer la legítima defensa cuando se vea invadido.
En imágenes de video tomadas por el programa de televisión de los Países Bajosow EénVandaag en diciembre de 2023, muestra a miembros del Departamento Militar de Texas que usan escudos antidisturbios para empujar de regreso a migrantes a lo largo de la orilla del Río Grande. En el video también se ve a varios migrantes con cortes profundos provocados por el alambre de púas.
El gobierno federal había solicitado previamente a la justicia que obligara a Texas a quitar las barreras de boyas con placas metálicas dentadas que se instalaron en el río.
Si bien no hay evidencias de que la Operación Lone Star haya ralentizado la migración, el programa ha causado lesiones y muertes, violó en forma sistemática los derechos de migrantes y ciudadanos estadounidenses y reprimió las libertades de asociación y expresión de organizaciones que brindan asistencia básica en Texas, indicó Human Rights Watch.
Las persecuciones peligrosas de vehículos que se sospecha llevan a migrantes, realizadas en el marco de la Operación Lone Star, han causado accidentes en los que murieron al menos a 74 personas y no menos de otras 189 resultaron heridas en un período de 29 meses, según demuestra un informe de Human Rights Watch publicado en noviembre de 2023. Entre las personas muertas y heridas había migrantes y ciudadanos estadounidenses, incluidos numerosos transeúntes.
Es muy posible que la Operación Lone Star haya fortalecido a los grupos ilícitos que se benefician con el mayor temor que ahora tienen los migrantes y con el bloqueo o la obstaculización a la posibilidad de las personas de pedir asilo en Estados Unidos, un derecho que les corresponden conforme a la legislación estadounidense. El lucro que obtienen los cárteles delictivos se incrementa cuando las personas migrantes intentan ingresar a EE. UU. desplazándose por terrenos remotos y letales.
En diciembre de 2023, el gobernador Abbott promulgó tres medidas adicionales que probablemente tengan efectos dañinos para migrantes, solicitantes de asilo y comunidades en Texas.
Una de esas medidas, SB 4, permitiría que policías estatales y locales arresten a migrantes que ingresan en Texas por lugares ubicados entre los cruces fronterizos oficiales y acusen a esas personas de ingreso indebido, un acto penado con hasta un año de cárcel, o de reingreso indebido, para el que se prevé una pena de 2 a 20 años de cárcel. La nueva ley, que entrará en vigor en marzo, se aplica en todo el territorio de Texas y es probable que genere un aumento de conductas como el perfilamiento racial, y que desborde la capacidad de los tribunales estatales y colme las cárceles. También es probable que distraiga a la policía de otras tareas de seguridad pública al exigirles que, en vez, se centren en arrestar y procesar penalmente a personas que buscan reunirse con familiares, encontrar protección o tener una vida mejor. Organizaciones de derechos civiles y el gobierno federal de EE. UU. han impugnado la medida invocando motivos constitucionales.
Otra medida establece una pena mínima obligatoria de 10 años de cárcel para personas declaradas culpables de contrabando o de gestionar una “vivienda escondite”. Human Rights Watch determinó que de los miles de personas registradas por la policía en relación con contrabando conforme a las leyes vigentes en Texas, la gran mayoría eran personas jóvenes texanas. Casi el 80% de las personas bajo registro policial por contrabando eran ciudadanos estadounidenses, con una edad media de 26 años. Prácticamente el 13% tenían 18 o 19 años.
Otra ley incrementará en más del doble los fondos para continuar la construcción del muro fronterizo, y esto añadirá USD 1.540 millones a un presupuesto existente que ya es de casi USD 1.500 millones para construir 40 millas de barreras a lo largo de la frontera que separa a Texas de México, que tiene una extensión de 1200 millas. Texas ha gastado o asignado casi USD 12.000 millones a la Operación Lone Star.
“La Operación Lone Star ha tenido un incremento desmesurado y se ha convertido en un programa del gobierno estatal por casi USD 12.000 millones, que tiene múltiples niveles de leyes innecesariamente severas”, expresó Libal. “Que no quepan dudas: la Operación Lone Star arriesga vidas y dilapida recursos públicos en forma temeraria”.
