Esta semana, tres expertos de alto nivel de la ONU han presentado informes distintos, pero igualmente impactantes, en los que se detallan crímenes de guerra y contra la humanidad en Myanmar, país controlado por la Junta.
Los relatos de espantosos asesinatos en masa de civiles bajo custodia, ataques ilegales contra aldeas, escuelas, hospitales y campos de desplazados, así como crímenes sexuales -en ocasiones cometidos contra niños-, fueron calificados con razón como un "fuego ardiente de brutalidad".
Los informes son estremecedores. Pero ninguno es una sorpresa. No son los primeros registros de la brutalidad militar de Myanmar, que se remonta a décadas atrás.
A menos que la comunidad internacional establezca sanciones efectivas contra la abusiva Junta y le impida comprar armas, estos informes no serán los últimos.
Los generales de Myanmar nunca han tenido que rendir cuentas por estos abusos. Eso tiene que cambiar. De lo contrario, puede que no se ponga fin a este ciclo de brutalidad y abusos contra la población civil.
