Mientras Andrew Stroehlein esté ausente esta semana, otros miembros del equipo del Boletín Informativo tomarán el relevo y le mantendremos informado sobre las últimas noticias en materia de derechos humanos. El autor de la edición de hoy es Jan Kooy.
Diplomáticos de todo el mundo se reúnen esta semana para llegar a un consenso sobre un nuevo tratado de la ONU contra la ciberdelincuencia. Pero en lugar de ceñirse a la tarea que le corresponde -fomentar la experiencia y la cooperación mundiales en materia de ciberdelincuencia-, el tratado propuesto pretende ampliar los poderes para investigar prácticamente cualquier delito imaginable, incluso si no hay ninguna tecnología implicada, escriben Deborah Brown, de Human Rights Watch, y Katitza Rodríguez, de la Electronic Frontier Foundation.
Las negociaciones a puerta cerrada de Viena son un último intento desesperado de salvar las diferencias entre los gobiernos sobre el alcance del tratado y sobre el papel que deben desempeñar los derechos humanos en su diseño, aplicación y eventual cumplimiento.
Si los diplomáticos fracasan, el tratado puede acabar facilitando la represión transfronteriza y dificultar la investigación de los ciberdelitos reales.
La amenaza de la ciberdelincuencia es muy real. Sólo en los últimos meses, la ciberdelincuencia ha perturbado los servicios públicos al hacer caer un portal en línea para ciudadanos electrónicos en Kenia, exponer los datos personales de 168 millones de ciudadanos en la India y obligar a un sistema sanitario con sede en California a cerrar algunos de sus centros.
Durante las negociaciones, ha surgido una posible solución de compromiso que penalizaría un conjunto relativamente reducido de delitos a cambio de la cooperación internacional en cualquier actividad que un gobierno penalice a nivel nacional y que conlleve una pena de al menos 3 o 4 años de prisión. Este enfoque sacrifica los derechos humanos en un esfuerzo por fabricar consenso, advierten Brown y Rodríguez.
"Los gobiernos deben rechazar cualquier intercambio de este tipo y garantizar que este tratado eleva, en lugar de sacrificar, nuestros derechos más fundamentales".
