(Tegucigalpa) – Honduras debería adoptar medidas urgentes para combatir la corrupción, un problema estructural que vulnera derechos humanos en todo el país, señaló hoy Human Rights Watch al enviar un informe a la presidenta Xiomara Castro y al secretario general de las Naciones Unidas António Guterres. Las actuales conversaciones orientadas a crear una comisión respaldada por la ONU —la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH)— brindan una oportunidad única de aprender de experiencias pasadas y conseguir avances duraderos.
La presidenta Castro resultó electa sobre la base de una plataforma de derechos humanos que ponía particular énfasis en combatir la corrupción sistémica. Su gobierno suscribió un memorándum en diciembre de 2022 con el secretario general de las Naciones Unidas para crear la comisión. En abril de 2023, la presidenta Castro acordó los términos para que un grupo de expertos de la ONU visite el país para sentar las bases de la comisión.
“La promesa de la presidenta Castro de combatir la corrupción, en una región donde aquellos en el poder están cada vez más implicados en ella, fue un paso positivo”, indicó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Pero, habiendo transcurrido más de un año desde que asumió, la presidenta debe demostrar a la población hondureña que hablaba en serio”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó en 2019 que los casos de corrupción se habían “multiplicado” en una medida “extremadamente preocupante” en América Latina y el Caribe. Honduras ocupó la posición 157 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 desarrollado por Transparencia Internacional, lo que la posiciona por debajo de los demás países de la región a excepción de Nicaragua (167), Haití (171) y Venezuela (177).
La corrupción sistémica puede privar al gobierno de fondos que servirían para invertir en salud, educación, agua potable, vivienda y otros derechos. También afecta peligrosamente funciones esenciales del Estado, distorsiona la rendición de cuentas y normalmente da lugar a ataques dirigidos contra la independencia judicial y la libertad de expresión que buscan impedir u obstaculizar investigaciones por parte del sistema de justicia y de la prensa.
En Honduras, Human Rights Watch consultó los expedientes de 14 investigaciones de corrupción y detectó nexos claros con violaciones de derechos humanos en 12 de ellos. La corrupción documentada por los fiscales vulneraba los derechos a la alimentación, la salud y la educación, así como el derecho de los pueblos indígenas a expresar su consentimiento libre, previo e informado sobre medidas que puedan afectarlos, entre otras consecuencias negativas. Human Rights Watch también abordó otro caso en el cual hubo funcionarios implicados en hechos de corrupción en la compra de hospitales móviles. En el informe, Human Rights Watch desarrolla en detalle cuatro ejemplos del impacto de la corrupción en los derechos humanos.
Muchos de estos casos fueron dados a conocer por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), un ente internacional creado en 2016, en respuesta a la presión pública hondureña, por el entonces presidente Juan Orlando Hernández con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos. Sin embargo, la resistencia al trabajo de la misión por parte del poder ejecutivo y del Congreso rápidamente debilitó el esfuerzo en la lucha contra la corrupción.
Después de que la MACCIH diera visibilidad a casos de corrupción de alto nivel, el presidente Hernández se rehusó a extender su mandato en 2020. Sin el tiempo necesario, la MACCIH no consiguió propiciar reformas legales claves ni fortalecer la independencia de los fiscales y de las autoridades de justicia para que los casos avanzaran. Tras su disolución, los fiscales hondureños que habían trabajado para la misión dejaron de contar con los recursos y el apoyo que ella les había brindado.
El marco jurídico de Honduras incluye leyes que obstaculizan la lucha contra la corrupción y reducen la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual dificulta que se puedan juzgar hechos de corrupción, como se puede ver en algunos casos que Human Rights Watch desarrolla en el informe. Por ejemplo, un decreto legislativo aprobado en 2021 debilitó la definición penal del crimen de lavado de activos, lo cual llevó a que se desestimaran numerosos casos.
En Honduras, los partidos políticos han tradicionalmente interferido en el sistema judicial para favorecer sus propios intereses. La selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general se negociaban a puerta cerrada, sin basarse en razones de mérito sino de afinidad política.
Un paso importante para revertir esa práctica fue la reforma legislativa de 2022 relativa al proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema, que incorporó mayor transparencia a la designación de 15 nuevos magistrados en febrero de 2023.
El futuro de la independencia del sistema de justicia hondureño también depende de la forma en que se lleve a cabo el proceso de selección del próximo fiscal general, una vez que concluya el mandato de cinco años del actual fiscal general Óscar Chinchilla el 31 de agosto. El proceso debería ser transparente y basarse en el mérito y en criterios claros, indicó Human Rights Watch.
Expertos en materia anticorrupción entrevistados por Human Rights Watch resaltaron la importancia de que la comisión internacional sea diseñada como un vehículo para fortalecer las instituciones locales. El trabajo que desempeñe la comisión será crucial, pero también debería contribuir a que se construya un sistema hondureño de justicia y de lucha contra la corrupción sólido y resistente que esté en condiciones de disuadir, procesar y sancionar, en el largo plazo, hechos de corrupción.
El gobierno de la presidenta Castro debería dotar a la comisión de la facultad para proponer reformas legislativas que fortalezcan el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción, y la presidenta debería comprometerse a trabajar con el Congreso para implementar estas reformas, dijo Human Rights Watch. Para ser exitosa, la comisión deberá ser autónoma e independiente, con un mandato amplio para investigar y juzgar casos de corrupción y con la facultad de proteger a su personal hondureño e internacional de posibles represalias.
“Si Honduras establece las condiciones adecuadas, la comisión internacional podría convertirse en un modelo regional en el combate a un flagelo que vulnera los derechos de las personas y su posibilidad de vivir con dignidad a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe”, señaló Goebertus. “La presidenta Castro y el secretario general Guterres, con el apoyo de la comunidad internacional, tienen la oportunidad de demostrar que la democracia y el Estado de derecho pueden abordar eficazmente las necesidades de la población”.
