En el período previo a la invasión de Irak por parte de EE. UU. el 20 de marzo de 2003, quienes estaban a favor de la guerra se referían al pueblo iraquí como víctimas indefensas de un régimen dictatorial. Aun así, el pueblo iraquí llevó la peor parte en la invasión. Casi medio millón de personas murieron, millones perdieron sus hogares y un sinnúmero de civiles sufrieron abusos a manos de todas las partes que intervinieron en el conflicto.
Desde entonces, Human Rights Watch ha exhortado a las partes del conflicto a compensar a las víctimas y a actuar para que quienes son responsables de crímenes respondan por sus actos; sin embargo, lo que predomina es la impunidad.
En cuanto comenzaron las operaciones militares, surgieron pruebas de violaciones de las leyes de guerra por parte de la coalición. Las fuerzas de la coalición, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, dejaron caer miles de municiones en racimo en áreas pobladas, que son de por sí armas que no distinguen objetivos, y llevaron a cabo bombardeos aéreos indiscriminados en los que murieron civiles.
Las fuerzas estadounidenses también sometieron a torturas a personas detenidas en Abu Ghraib y en otros lugares de detención, que incluyeron abusos sexuales y humillaciones; mataron a manifestantes; y emplearon a contratistas militares privados que asesinaron e hirieron a decenas de civiles. Las fuerzas británicas han cometido abusos contra cientos de detenidos iraquíes, incluidas torturas y ejecuciones ilegales.
La insurgencia posterior a la invasión estadounidense no solo atacó a fuerzas dirigidas por EE. UU., sino también a civiles iraquíes. El grupo Al-Qaeda escaló con rapidez en Irak hasta que, eventualmente, se transformó en el Estado Islámico (EI). En 2014, EI capturó vastas extensiones de Irak y de la vecina Siria, donde impuso un régimen feroz, y perpetró crímenes de guerra y de lesa humanidad, lo que propició una segunda invasión de EE. UU. que tuvo como consecuencia un número masivo de víctimas civiles que normalmente no se contabilizan debidamente.
En octubre de 2019, miles de iraquíes salieron a las calles, exigiendo, muchos de ellos, un replanteo del muy cuestionado sistema político establecido tras la invasión de 2003. Las autoridades, en respuesta, eligieron la represión antes que la reforma, y provocaron la muerte de más de 600 manifestantes y la desaparición de cientos más.
Para los iraquíes, ya es hora de que haya compromisos significativos en materia de reformas de derechos humanos y rendición de cuentas.
Estados Unidos y el Reino Unido deberían llevar adelante investigaciones creíbles e independientes de los daños que sus fuerzas militares han causado a civiles y repararlos. El Departamento de Defensa de EE. UU. elaboró un nuevo plan para investigar los incidentes en los que hubo víctimas civiles, pero ese plan no está autorizado para analizar casos en forma retrospectiva, lo que representa una deficiencia inaceptable. Es necesario que el gobierno del Reino Unido deje de interferir con la justicia, como ha hecho tan a menudo en el pasado, cuando sus fuerzas armadas fueron acusadas de cometer abusos.
El gobierno iraquí también debe proteger la libertad de expresión y de reunión para que los iraquíes puedan expresar sus reclamos y debatir el futuro de su país. Las autoridades deben dar prioridad a reformar el ámbito de la justicia, modificar las leyes y las prácticas judiciales que resultan abusivas, y lograr que los responsables de las violaciones derechos rindan cuentas por sus actos. Deben incorporar los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio en su código penal nacional y sumarse a la Corte Penal Internacional
Esta es la única manera en que será posible abordar tanto los problemas del pasado de Irak, incluida la herencia de la invasión de EE. UU., como los desafíos de cara al futuro.
