La tortura y otros abusos contra los detenidos bajo la custodia de los Estados Unidos en Irak fueron autorizados y habituales, incluso después del escándalo de Abu Ghraib en 2004, según las nuevas declaraciones de soldados recogidas en un informe de Human Rights Watch publicado hoy. En el nuevo informe, que contiene testimonios de primera mano del personal militar estadounidense entrevistado por Human Rights Watch, se detallan los abusos en un centro dentro de una zona cerrada del aeropuerto de Bagdad y en otros centros de detención por todo Irak.
En el informe de 53 páginas, “No Blood, No Foul: Soldiers’ Accounts of Detainee Abuse in Iraq” (Si no hay sangre no hay falta: Testimonios de soldados sobre el maltrato a detenidos en Irak), los soldados describen cómo se sometió habitualmente a los detenidos a duras palizas, dolorosas posturas incómodas, privación severa de sueño y la exposición a temperaturas extremas de frío y calor. Los testimonios proceden de entrevistas realizadas por Human Rights Watch, complementados con memorandos y declaraciones juradas contenidas en documentos desclasificados.
“Se dijo a los soldados que los Convenios de Ginebra no eran aplicables, y que los interrogadores podían usar técnicas abusivas para hacer hablar a los detenidos”, dijo John Sifton, autor del informe e investigador senior sobre terrorismo y antiterrorismo de Human Rights Watch. “Estos testimonios refutan las afirmaciones del gobierno estadounidense de que la tortura y el abuso en Irak no fueron autorizados y fueron excepcionales—por el contrario, fueron permitidos y empleados habitualmente”.
Los testimonios revelan que el maltrato a detenidos fue una parte establecida y aparentemente autorizada de los procesos de detención e interrogatorio en Irak durante gran parte del período 2003-2005. También sugieren que los soldados que intentaron denunciar el abuso fueron repulsados o ignorados.
El informe de Human Rights Watch se publica en un momento en el que los funcionarios de la administración Bush y los líderes del Congreso están debatiendo intensamente la aplicabilidad de los Convenios de Ginebra al trato a detenidos. El informe ofrece una demostración gráfica de los abusos que se producen cuando se ignoran estas normas internacionales fundamentales.
Algunos de los abusos más graves detallados en el informe están relacionados con una fuerza de tarea especial, que se denominó en varios momentos Fuerza de Tarea 20, Fuerza de Tarea 121, Fuerza de Tarea 6-26 y Fuerza de Tarea 145, y estuvo ubicada en un centro de detención de una zona cerrada del aeropuerto de Bagdad, llamado Campamento Nama.
En el informe también se describe los graves abusos ocurridos en un centro cercano al aeropuerto de Mosul y en una base cerca de al-Qaim, en la frontera con Siria.
Según los testimonios de los soldados, los detenidos en el Campamento Nama no fueron registrados con el Comité Internacional de la Cruz Roja—en violación del derecho internacional. Fueron regularmente desnudados y sometidos a palizas, ejercicios forzosos, privación severa de sueño y varias formas de tratamiento degradante e inhumano.
Un interrogador que sirvió en el Campamento Nama dijo a Human Rights Watch que los responsables de su unidad de interrogatorio fomentaron el maltrato. “La gente quería tratar con más y más dureza a todos”, señaló. “Creían que ese era su deber y lo que tenían que hacer, y que tenían que hacerlo todo el tiempo”, agregó.
Los testimonios ofrecidos por los soldados revelan que la cadena de mando militar autorizó muchas técnicas abusivas. Un interrogador localizado en un centro cercano a Mosul en 2004 mencionó a Human Rights Watch el caso de un oficial responsable de su unidad de interrogatorio que le ordenó a él y a otros interrogadores que emplearan técnicas abusivas con una serie de detenidos. Según él, el oficial dijo: “Mira, esto es lo que vamos a hacer—vamos a tenerlos despiertos toda la noche, vamos a tenerlos de rodillas y no los vamos a dejar dormir”.
Según el interrogador:
[El oficial de inteligencia militar] fue muy específico sobre el tema. No dijo: “Quiero que les den una paliza a estos tipos”, sino que fue muy específico sobre lo que quería… Después, dejemos que acercaran unos perros también [es decir, usaron perros para intimidar a los detenidos], y todo lo demás . . . [El oficial de inteligencia] dijo, saben, “Hay unos adiestradores de perros, unos policías militares, que van a venir y van a usarlos en el interrogatorio” . . . Los forzábamos hacer MPT [ejercicio], que era bastante duro para ellos. Y las posiciones de estiramiento también eran muy duras para ellos… sabe, como arrodillarse sobre la grava, caminar sobre las rodillas en la grava… tenerles de pie con los brazos estirados sosteniendo botellas de agua en las manos durante períodos prolongados. Arrastrarse por la grava. Y los guardias de la prisión ayudaban con esto.
El interrogador localizado en el Campamento Nama, antes mencionado, dijo que el comandante de la unidad de interrogatorio del centro tenía que autorizar el uso de técnicas abusivas, pero que las autorizaciones eran tan normales que los interrogadores usaban una plantilla para rellenar los formularios de autorización:
Había una plantilla para autorizaciones en la computadora, una hoja que imprimías, o realmente solo se escribía sobre el mismo texto. Y era una lista de control… sólo se marcaba lo que se quería utilizar, y si planeabas utilizar un interrogatorio duro, solo tenían que firmártelo. Nunca vi una hoja sin firmar. Me la firmaba el comandante, el que fuera en ese momento… Firmaba la autorización siempre que se la presentaban.
En varios casos descritos en el informe, el maltrato a los detenidos fue aparentemente denunciado a los responsables militares en Bagdad y Washington, pero se tomaron escasas o ninguna medida para detenerlo. Por ejemplo, una investigación sobre un centro de detención en el aeropuerto de Mosul a principios del 2004, iniciada después de que le rompieran la mandíbula a un detenido, reveló que los detenidos en Mosul eran maltratados habitualmente. Sin embargo, no se adoptó ninguna medida para castigar a los responsables y un interrogador localizado en el centro dijo que los abusos continuaron a lo largo del 2004. Un detenido murió cuando estaba siendo interrogado en el centro en diciembre de 2003; otro murió en abril de 2004.
Los abusos en el Campamento Nama continuaron durante gran parte de 2004, incluso después de que varios oficiales militares presentaran denuncias sobre el maltrato en ese centro. El Coronel Stuart A. Herrington, un oficial retirado de la inteligencia militar, fue trasladado a Irak para evaluar el proceso de reunión de información de inteligencia. Informó en un memorando a la General Barbara Fast, jefa de inteligencia militar en Irak, que la Fuerza de Tarea 21 estaba maltratando a los detenidos y no los estaba inscribiendo en los registros de detención de las fuerzas armadas ni informando de ellos al Comité de la Cruz Roja.
Herrington concluyó: “Parece claro que es necesario controlar la FT 21 con respecto a su tratamiento de los detenidos”. A pesar de esta advertencia, continuaron los abusos de la fuerza de tarea.
Human Rights Watch señaló que el nuevo informe muestra cómo los soldados que consideraron erróneas o ilegales las prácticas abusivas se enfrentaron a obstáculos significativos cada vez que intentaron denunciar o exponer los abusos. Por ejemplo, a un guardia de la policía militar en un centro cercano a al-Qaim, que se quejó a un oficial sobre las palizas y otros abusos que presenció, le dijeron: “Tiene que dejar este asunto, sargento”.
El guardia dijo a Human Rights Watch: “Me insistieron repetidamente de que no era inteligente seguir por ese camino… Algo así como que ‘mejor que no lleve esta investigación a otro sitio’. ‘Definitivamente es mejor que lo deje; esto no es un asunto en el que se quiera meter’”.
En otro caso, después de que un interrogador se quejó sobre el abuso en un centro cercano al aeropuerto de Bagdad, los comandantes pidieron a los abogados militares que realizaran una presentación en Power Point para los interrogadores. Durante la presentación, los abogados informaron erróneamente a los interrogadores de que los Convenios de Ginebra no eran aplicables a los detenidos en su centro, y que las técnicas que estaban usando eran aceptables.
“Nos dijeron que son combatientes enemigos, no prisioneros de guerra, y entonces podemos hacerles todas estas cosas y demás”, señaló el interrogador.
Human Rights Watch ha condenado previamente a los grupos insurgentes iraquíes por violar habitualmente el derecho internacional humanitario, llevar a cabo secuestros y ataques contra civiles y trabajadores de ayuda humanitaria, y detonar cientos de bombas en bazares, mezquitas y otras áreas civiles. Human Rights Watch ha declarado que, si son capturados, los responsables de las violaciones, entre ellos los líderes de estos grupos, deben ser investigados y enjuiciados por violaciones de las leyes iraquíes y las leyes de la guerra.
“Los crímenes de los insurgentes no son una excusa”, dijo Sifton. “Los abusos cometidos por un lado de un conflicto, independientemente de su vileza, no justifican las violaciones por parte del otro lado. Esto es un principio fundamental de las leyes de la guerra”, agregó.
Human Rights Watch señaló que el informe demostraba que la investigación penal de los abusos tendría que seguir la cadena de mando militar, en lugar de concentrarse en soldados de bajo rango. Hasta la fecha, no se ha celebrado ningún consejo de guerra a un solo oficial de la inteligencia militar en relación con las denuncias de abusos en Irak. Human Rights Watch no tiene conocimiento de ninguna investigación criminal sobre la mala conducta de los oficiales que han supervisado las operaciones de interrogatorio y detención en Irak.
Human Rights Watch instó al Congreso de los EE.UU. a que nombre una comisión independiente respaldada por ambos partidos para que investigue el verdadero alcance del abuso en Irak, la complicidad de oficiales superiores y los fallos sistemáticos que hacen difícil para los soldados denunciar los abusos que presencian. Human Rights Watch también instó al presidente a que nombre un fiscal independiente para investigar y enjuiciar a los responsables del abuso, incluidos los líderes militares y civiles que autorizaron o permitieron el abuso.
“Ahora está claro que hay líderes responsables del abuso que se produjo en Irak”, señaló Sifton. “Ha llegado el momento de pedirles cuentas”, agregó.