Manuel (seudónimo) es un hombre de 27 años con una condición de salud mental que vive en el estado de Chihuahua, México. Debido a su condición, aunada a la falta de apoyo para el empleo y el estigma; necesita usar una pensión del gobierno para pagar sus costos de vida diarios y su tratamiento médico. Pero según la ley actual, para recibir su pensión, Manuel debe renunciar a sus poderes de decisión y ser puesto en interdicción.
La Ley de Pensiones Civiles de Chihuahua actualmente requiere que las personas con condiciones de salud mental certifiquen judicialmente que son incapaces y sean puestas en interdicción. Bajo la interdicción, otra persona, como un miembro de la familia, es designada para que tome decisiones en nombre de alguien, incluidas todas las transacciones jurídicas. Las leyes de interdicción y legislación similar despojan a las personas con discapacidad de su capacidad jurídica y fomentan su exclusión y aislamiento al agregar barreras y obstáculos para el disfrute de sus derechos. Dicha legislación es muy común en todo México.
El derecho internacional de los derechos humanos define a la discapacidad como el resultado de las barreras legales y sociales que obstaculizan que las personas con impedimentos permanentes participen en la sociedad, en iguales condiciones que las demás personas.
La interdicción es una más de esas barreras legales. En lugar de proteger a las personas con discapacidad, la interdicción limita su capacidad de participar en la sociedad. Es poco probable que los empleadores contraten a alguien bajo tutela, la cual impide que una persona incluso firme un contrato de trabajo por sí misma.
México debe tomar medidas efectivas y apropiadas para garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar plenamente de sus derechos fundamentales. Una iniciativa de ley propuesta la semana pasada para eliminar la interdicción, así como las discusiones actuales en el Congreso Federal que buscan crear un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y así establecer la capacidad jurídica plena para todos, son clave para desmantelar el sistema jurídico incapacitante de México. México debería continuar estas acciones con una revisión integral de los marcos legislativos del país en todos los niveles para eliminar cualquier disposición que restrinja la capacidad jurídica, como la Ley de Pensiones Civiles de Chihuahua o, a nivel nacional, la Ley del Seguro Social, que de manera similar obliga a las personas con discapacidad al proceso de interdicción para acceder a las pensiones.
Todos los niveles del gobierno mexicano deben esforzarse por lograr la uniformidad en el uso de la ley para mejorar, no obstaculizar, la vida de las personas.
