(Nueva York, 17 de noviembre de 2022) – Los sistemas de bienestar infantil en Estados Unidos tratan con demasiada frecuencia la pobreza como base para las acusaciones de negligencia y las decisiones de separar a los niños y niñas de sus padres, dijeron Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en un informe publicado hoy. El impacto desproporcionado del sistema en las familias negras e indígenas y en las personas que viven en la pobreza, así como el gran número de niños y niñas separados injustamente, hacen que se trate de una crisis nacional que requiere atención y acción inmediatas.
El informe de 146 páginas “‘If I Wasn’t Poor, I Wouldn’t Be Unfit’: The Family Separation Crisis in the US Child Welfare System” (“‘Si no fuese pobre, no sería considerada incapaz’: la crisis de la separación familiar en el sistema de bienestar infantil de Estados Unidos”), documenta cómo las condiciones de pobreza, como la lucha de una familia por pagar el alquiler o mantener la vivienda, se malinterpretan como negligencia y se interpretan como prueba de incapacidad y falta de aptitud para ser padres. Human Rights Watch y la ACLU descubrieron importantes disparidades raciales y socioeconómicas en la participación en el sistema de bienestar infantil. Los niños y niñas negros tienen casi el doble de probabilidades de ser investigados que los menores blancos y más probabilidades de ser separados de sus familias.
“El sistema de bienestar infantil castiga a los padres por la pobreza llevándose a sus hijos”, dijo Hina Naveed, becaria Aryeh Neier en Human Rights Watch y la ACLU y autora del informe. “Los padres necesitan recursos para ayudar a mantener a sus familias, pero lo que reciben es vigilancia, regulación y castigo”.
Human Rights Watch y la ACLU analizaron datos nacionales y estatales sobre los niveles de ingresos y pobreza, el maltrato infantil y el sistema de acogida, y entrevistaron a 138 personas, entre ellas padres y cuidadores afectados, abogados, funcionarios del gobierno, defensores locales, estatales y nacionales, y otros.
Uno de cada tres menores en EE.UU. formará parte de una investigación del sistema de bienestar infantil a los 18 años. Casi ocho millones fueron remitidos a una línea directa de maltrato infantil en 2019, con investigaciones resultantes para tres millones de ellos. Se determinó que más del 80 por ciento no había enfrentado abuso o negligencia.
Una mujer nos contó que su hijo se lesionó al resbalar con el agua mientras bailaba en la cocina. “Le llevé a urgencias cuando se hizo daño. Los médicos me hicieron preguntas y les conté todo”. Se sorprendió al descubrir que la habían denunciado a los servicios de protección infantil por sospecha de maltrato, lo que desencadenó una cascada de intervenciones que, según ella, perjudicó profundamente a sus hijos y dañó su relación.
Human Rights Watch y la ACLU descubrieron que casi el 75 por ciento de los casos de maltrato infantil en todo el país en 2019 implicaban “negligencia” según la definición del sistema.
Una madre de 52 años de Oklahoma dijo que la condición de su pequeña casa móvil fue un factor en una investigación de bienestar infantil que le hizo perder la custodia de su hijo de 8 años. “Dijeron que [una de las razones] era que no teníamos agua corriente, pero yo tenía como 12 galones en mi caravana”, dijo. “Estábamos buscando un lugar [más grande] para alquilar y aún no habíamos encontrado ninguno”.
Los condados con mayores índices de pobreza tienen mayores índices de investigación por malos tratos. Pero los índices de investigación son altos para las familias negras incluso en los condados con bajos índices de pobreza.
Las familias negras e indígenas se ven afectadas de forma desproporcionada. Los niños y niñas negros representan solo el 13 % de la población infantil de EE.UU., pero el 24 % de las denuncias de maltrato o abandono infantil y el 21 % de los menores que entran en el sistema de acogida. Los niños y niñas blancos representan el 50 % de la población infantil de EE.UU., y el 46 % de los menores denunciados por abuso o negligencia y que entran en el sistema de acogida.
Los niños y niñas indígenas entran en el sistema de acogida con casi el doble de la tasa nacional. Los padres indígenas tienen hasta cuatro veces más probabilidades de que les quiten a sus hijos que sus pares no indígenas.
El 9 de noviembre de 2022, la Corte Suprema escuchó los alegatos orales en el caso Brackeen v Haaland, que desafía la constitucionalidad de la Ley de Bienestar Infantil Indígena, la cual exige que los tribunales de los estados realicen gestiones activas para mantener unidas a las familias nativas. El caso podría tener consecuencias significativas para niños y niñas, familias y comunidades nativas. Está previsto que se emita una decisión para junio de 2023.
Las investigaciones suelen ser muy estresantes, e incluso traumatizantes, para los menores y sus familias, e incluyen visitas sin previo aviso al hogar y a la escuela, así como controles corporales.
Las amplias y vagas definiciones estatales de abuso y negligencia permiten a los trabajadores sociales tomar decisiones subjetivas. Si un asistente social o una agencia determina que se ha producido un abuso o una negligencia, los padres u otros cuidadores son incluidos en un registro central del estado, a menudo durante años. Esto afecta negativamente a su empleo y a su capacidad para acoger a otros menores, incluidos sus propios familiares.
Separar a un niño o niña de sus padres, aunque sea por poco tiempo, puede ser muy traumatizante, con consecuencias a largo plazo, señalaron Human Rights Watch y la ACLU. En algunos casos, los niños y niñas colocados fuera del hogar sufren malos tratos, incluido el abuso sexual o físico, lo que provoca un mayor trauma.
A los padres que trabajan para reunirse con sus hijos se les permite visitarlos, pero a menudo bajo la supervisión de un asistente social, lo que da lugar a interacciones incómodas que pueden ser utilizadas en contra de los padres como prueba de la falta de vínculo parental.
“Me pasa factura cada vez que acaba la visita”, dijo una madre de California.
Más de 250.000 menores entraron en el sistema de acogida en 2019. Los padres de casi 61.000 menores vieron cómo ese año les fueron arrebatados sus derechos parentales. Los padres dijeron que sus familias se vieron “destrozadas” o “destruidas” cuando suspendieron sus derechos parentales.
Las condiciones de pobreza, incluida la inestabilidad de la vivienda o la imposibilidad de ausentarse del trabajo o de pagar los viajes y otros gastos, dificultan que los padres que viven en la pobreza se reúnan con sus hijos.
El número de niños y niñas colocados en el sistema de acogida debido al consumo de alcohol o drogas por parte de los padres se ha duplicado con creces en las últimas dos décadas. El sistema de bienestar infantil castiga indiscriminadamente el consumo de cualquier sustancia por parte de los padres, incluso las legales o las indicadas médicamente, sin que haya pruebas claras de daño o riesgo para el menor. En algunos casos, los padres en recuperación dijeron que el seguimiento de los planes de tratamiento médico indicados fue utilizado en su contra.
Los padres tienen menos protecciones procesales en los casos de bienestar infantil que en el sistema jurídico penal. “Ojalá esto ocurriera en un tribunal penal”, dijo un padre de California. “Al menos tendríamos un juicio con jurado”.
Los padres suelen carecer de información sobre sus derechos y de un apoyo legal adecuado cuando luchan por conservar a sus hijos, lo que limita su capacidad para hacer valer sus derechos, responder a los cargos y apelar. Muchas intervenciones de bienestar infantil se producen sin supervisión judicial.
Las autoridades federales, estatales y locales deben tomar medidas inmediatas para reducir el impacto perjudicial de las intervenciones de bienestar infantil y fortalecer y apoyar a las familias y comunidades para prevenir el maltrato infantil. La ampliación de los programas de protección social, como la desgravación fiscal por hijo, puede proporcionar a las familias un apoyo financiero muy necesario que puede ayudar a reducir y prevenir el abandono, tal y como lo definen los estados, arraigado en la pobreza.
Los funcionarios deberían celebrar audiencias públicas para escuchar a las familias afectadas, garantizar que las circunstancias relacionadas con la pobreza dejen de estar penalizadas, sustituir las denuncias anónimas por denuncias confidenciales seguras, reducir las intervenciones innecesarias, aumentar las protecciones del debido proceso para los padres y dar a los padres un apoyo más significativo que aborde sus necesidades sin someterlos a vigilancia y regulación.
“Los daños causados por el sistema de bienestar infantil son tan graves que es necesario replantearse todo el sistema”, dijo Naveed. “El cambio a largo plazo requiere abordar las extremas dificultades económicas que están en el centro de muchos casos de bienestar infantil y el impacto corrosivo del racismo sistémico”.
