Las protestas en las que se encuentra sumido Irán no parecen ceder. A más de 45 días de la muerte de Mahsa Amin, una mujer kurdo-iraní que murió tras haber sido arrestada por la policía de la moral de Irán por transgredir el código estricto sobre vestimenta que rige en el país, no cesa la ola de indignación que desataron las leyes sobre uso obligatorio de hiyab, la ferocidad de las fuerzas de seguridad y la represión por parte del gobierno en general.
Esta revuelta ha sido distinta. Hombres y mujeres de diversos orígenes étnicos han marchado bajo el estandarte de los derechos de la mujer. En todo Irán, multitudes han entonado los cánticos del movimiento de mujeres “Jin, Jian, Azadi” en kurdo y “Zan, Zendagi, Azadi” en farsi, que significan “¡Mujer, vida, libertad!”, con la premisa de que la libertad para las mujeres implica libertad para todos.
En las últimas semanas, valerosas colegialas y estudiantes universitarias han tomado la iniciativa y han alzado sus velos, han marchado por las calles y han ahuyentado a funcionarios públicos. La reacción represiva a esto han sido detenciones masivas y, según trascendió, el asesinato de cientos de personas, incluidas niñas.
Reclaman que haya cambios radicales, y no causa sorpresa que en la primera línea de las movilizaciones haya niñas y mujeres jóvenes. Jina, el nombre de Mahsa en kurdo, tenía apenas 22 años cuando murió mientras se encontraba bajo custodia de la policía iraní, y se ha convertido en símbolo de la injusticia de las normas restrictivas que el Estado impone a las mujeres. Durante la infancia, deben empezar a usar el hiyab cuando alcanzan la pubertad. Como mujeres adultas, se les sigue negando la posibilidad de elegir su vestimenta, lo cual impacta en su derecho a participar en todos los aspectos de la vida pública, como estudiar, trabajar o incluso dejar su hogar.
Podría ocurrirles, como le sucedió a Jina, que las arresten sencillamente porque un policía de la moral considera que la forma en que usan el hiyab no es “adecuado”. Podrían ser multadas o detenidas con el fin de “educarlas”, golpeadas, hostigadas y, si se considera que han protestado contra el código de vestimenta, incluso condenadas a prisión.
Las mujeres han cuestionado el código de vestimenta obligatorio durante décadas y ahora lo rechazan abiertamente en un acto de resistencia que consiste tan solo en salir a vivir sus vidas sin el hiyab. Si bien el código de vestimenta es la forma de discriminación más visible, es apenas un aspecto de la discriminación sistémica que enfrentan.
La crisis económica, que precede a esta revuelta, ha puesto al borde de la pobreza a una buena parte de la sociedad iraní, y esta situación afecta a las mujeres de manera desproporcionada. Las leyes y políticas de Irán son discriminatorias en cuanto al acceso de las mujeres al empleo, lo que incluye limitar las profesiones a las cuales pueden ingresar las mujeres y negar igualdad de beneficios a las mujeres que integran la fuerza laboral. Aunque más del 50 % de quienes se gradúan de la universidad en Irán son mujeres, la tasa de desempleo entre las mujeres supera en más del doble a la de sus pares hombres, una tendencia preocupante que incluso se ha profundizado desde la pandemia de Covid-19.
De hecho, la participación de las mujeres en la fuerza laboral en 2019 fue de apenas el 18% y se redujo al 14% en 2020. Por el contrario, la participación de los hombres fue del 72% en 2019, y bajó al 70% en 2020. En 2017, Human Rights Watch comprobó que era habitual que los empleadores publicaran búsquedas laborales dirigidas a hombres más que a mujeres, y algunos exigían el consentimiento escrito de esposos y novios, sin que exista una ley que prevea sanciones por estos actos manifiestos de discriminación.
En vez de abordar las dificultades económicas que enfrentan las mujeres y su falta de acceso equitativo a oportunidades para definir sus propias vidas, las autoridades iraníes están intentando obligar a las mujeres a contraer matrimonio a una edad más temprana y a tener más hijos para aumentar la población del país. Así como en un momento el gobierno recibió elogios internacionales por promover la planificación familiar, hoy las mujeres lidian con graves limitaciones en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Una ley sobre población sancionada en noviembre de este año prohibió la esterilización y la distribución gratuita de anticonceptivos en el sistema de atención de la salud pública a menos que la posibilidad de un embarazo amenace la salud de la mujer, y limitó incluso más el acceso al aborto seguro.
Esa misma ley estableció incentivos para el matrimonio temprano, como préstamos sin interés para jóvenes de hasta 25 años que se casen. En un contexto en el que muchas familias se ven empujadas a una situación de pobreza, podrían forzar a niñas y mujeres a casarse antes para tener una persona menos que alimentar. La información del propio gobierno muestra que el matrimonio infantil está en aumento. El código civil de Irán establece que las niñas podrán casarse desde los 13 años y los niños desde los 15, y prevé la posibilidad de edades incluso menores cuando medie autorización de un juez.
Una vez casadas, las mujeres y niñas a menudo sufren otros abusos. Las leyes de Irán otorgan a los esposos un control significativo sobre la vida de sus esposas. Conforme al Código Civil, el esposo tiene derecho a elegir donde vive el matrimonio y puede impedir que su esposa tenga ciertos empleos si considera que son contrarios a los “valores familiares”. La Ley de Pasaportes dispone que una mujer deberá obtener el permiso de su esposo para que se le otorgue un pasaporte y para viajar fuera del país.
Irán no cuenta con políticas para prevenir abusos, proteger a las mujeres y juzgar hechos de violencia doméstica, pese al número creciente de noticias sobre femicidios horrorosos y sobre mujeres que ponen en riesgo su vida para escapar de situaciones de abuso. En muchos casos de femicidio, los fiscales y los jueces no presionan para que se impongan penas adecuadas.
Hace más de 40 años, las autoridades iraníes intentaron excluir a las mujeres de la vida pública. Pese a la discriminación, las mujeres iraníes tienen un nivel educativo alto y han superado barreras en numerosos campos profesionales. Las mujeres han repudiado leyes y políticas discriminatorias, como el código de vestimenta y el acoso sexual, y han logrado algunas reformas. Pero también han enfrentado detenciones, torturas, encarcelamiento e incluso penas de muerte. Un hecho particularmente relevante es que las autoridades iraníes han encarcelado a quienes lideraron la campaña por “Un millón de firmas”, una iniciativa crucial por los derechos de la mujer que empezó en el año 2006 para obtener un millón de firmas de ciudadanos iraníes a favor de la igualdad de género.
Las niñas y las mujeres iraníes están protestando contra las normas discriminatorias y reclaman un cambio profundo para asegurar sus derechos y libertades fundamentales. Las autoridades iraníes —y el mundo entero— deben escucharlas.
