(Washington D.C.) – La decisión del presidente estadounidense Joe Biden y del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de ampliar la política abusiva de expulsión fronteriza, regida por la normativa llamada Título 42, y comenzar a expulsar a ciudadanos venezolanos a México, sin permitirles solicitar asilo en EE. UU., pone sus vidas en riesgo y viola el derecho internacional, señaló hoy Human Rights Watch. Paralelamente, el anuncio de un nuevo programa que permitirá que algunas personas venezolanas soliciten permiso para viajar a EE. UU. por vía aérea incluye restricciones que impedirán a muchos acceder a protección.
El 12 de octubre de 2022, los gobiernos de EE. UU. y México anunciaron un nuevo proceso de gestión migratoria para venezolanos, con el propósito de “reducir la cantidad de personas que llegan” a la frontera estadounidense. A partir del 13 de octubre, todas las personas venezolanas que crucen de manera irregular la frontera de México a EE. UU. serán expulsadas a México sin tener la posibilidad de solicitar asilo en EE. UU. Hasta el 18 de octubre, habían sido expulsados 4,050 venezolanos.
“El anuncio de una nueva vía legal para que algunos venezolanos puedan ingresar a EE. UU. no sirve para esconder debajo de la alfombra el daño que sufrirán tantos otros como consecuencia de la ampliación masiva por el gobierno de Biden de una política Trumpista de expulsión fronteriza”, manifestó Tyler Mattiace, investigador para las Américas de Human Rights Watch. “Con esta medida, Biden está, en la práctica, castigando a todos aquellos venezolanos que se ven obligados a huir de su país a pie, negándoles su derecho a solicitar asilo e intentando endulzar esta política abusiva con un programa de permisos humanitarios que solo beneficiará a un grupo selecto.”
Antes del 13 de octubre, EE. UU. y México no expulsaban a la mayoría de los venezolanos debido a que Venezuela a menudo se niega a aceptar vuelos de expulsión. Los venezolanos expulsados a México en los últimos días han recibido visas válidas para quedarse sólo por unos días o documentos de las autoridades mexicanas en los cuales se les ordena abandonar el país a través de la frontera sur. Esta documentación no les autoriza a permanecer en México ni les habilita a acceder a servicios públicos, como atención médica o educación. Human Rights Watch preguntó a representantes del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México sobre el estatus legal de las personas expulsadas, pero al 21 de octubre no había recibido una respuesta.
La aplicación del Título 42 desde marzo de 2020 ha impedido a cientos de miles de personas haitianas, africanas, guatemaltecas, salvadoreñas y de muchas otras nacionalidades acceder a procedimientos de asilo en Estados Unidos. Esto viola el derecho estadounidense e internacional.
Los gobiernos de EE. UU. y de México también anunciaron un nuevo programa humanitario, que inició el 18 de octubre, para permitir que hasta 24 mil venezolanos que cumplan con determinados requisitos puedan solicitar permiso para viajar a Estados Unidos por vía aérea. Para poder hacerlo, deben tener un pasaporte válido y contar con el apoyo de alguien en EE. UU. que acepte proporcionar vivienda y ayuda económica. Aquellas personas que ingresaron a EE. UU., México o Panamá de manera irregular después del 18 de octubre no pueden beneficiarse de este programa.
Cumplir con estos requisitos suele ser muy difícil. Muchos venezolanos enfrentan obstáculos administrativos y económicos para obtener o renovar pasaportes u otros documentos oficiales —como certificados de matrimonio y nacimiento— debido a que los servicios consulares venezolanos son escasos e inasequibles. Exigir que solicitantes de asilo presenten un pasaporte emitido por el mismo gobierno que los estaría persiguiendo es contradictorio, señaló Human Rights Watch.
El gobierno de Biden debería restablecer el acceso al derecho a solicitar asilo para cualquier persona que llegue a la frontera entre EE. UU. y México, independientemente de su nacionalidad, o de los recursos económicos, documentos, o vínculos familiares con los que cuente. A su vez, debería eliminarse el requisito del pasaporte que impedirá que muchas personas venezolanas puedan solicitar los beneficios del nuevo programa.
La cantidad de ciudadanos venezolanos que viajan a la frontera sur estadounidense—huyendo de un país que enfrenta una represión brutal del disenso y una situación de emergencia humanitaria que ha dejado a millones de personas sin acceso a atención médica básica, alimentos adecuados ni agua segura – ha aumentado en los últimos años. Más de 7 millones han huido de Venezuela desde 2014. Entre enero de 2021 y agosto de 2022, más de 200 mil ciudadanos venezolanos fueron detenidos en la frontera entre EE. UU. y México por funcionarios estadounidenses.
EE. UU. ha presionado a México, Guatemala y otros gobiernos de la región para tomar medidas para prevenir que migrantes y solicitantes de asilo de distintas nacionalidades viajen hacia el norte para llegar a la frontera sur de Estados Unidos, lo cual ha impulsado a muchas personas a tomar rutas más peligrosas.
Después de que México, Costa Rica y Belice impusieron nuevos requisitos de visas que hicieron más difícil viajar en avión hacia el norte, la cantidad de venezolanos que atravesó el Tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá incrementó de manera vertiginosa. Más de 107 mil venezolanos cruzaron el Tapón del Darién entre enero y septiembre de 2022, mientras que aproximadamente 1,500 lo hicieron durante el mismo período de 2021. En mayo, un equipo de Human Rights Watch viajó al Darién y documentó abusos graves perpetrados por grupos armados contra migrantes que pocas veces podían acceder a atención médica, protección o justicia.
La política de expulsión fronteriza bajo el Título 42, en la práctica, ha cerrado los puertos de ingreso a Estados Unidos a casi todos los solicitantes de asilo desde que el expresidente Donald Trump comenzó a implementarla en marzo de 2020, con el pretexto de que se trataba de una respuesta a la pandemia. Desde entonces, diversos funcionarios de salud pública han expresado que la aplicación de esa política fue un “uso indebido de una autoridad de salud pública” y que respondía a motivaciones políticas.
Esta política migratoria habilita a agentes de inmigración estadounidenses a negarse a aceptar solicitudes de asilo en los puertos de entrada oficiales y a expulsar a toda persona que cruce la frontera de manera irregular, sin permitirle solicitar asilo en EE. UU. Se ha utilizado más de 2.2 millones de veces para expulsar a migrantes y solicitantes de asilo a México o a sus países de origen.
El gobierno de Biden había anunciado que tenía previsto poner fin a la política de expulsión en abril, tras más de un año en el cual se llevaron a cabo más del doble de expulsiones que durante el gobierno de Trump. Sin embargo, varios estados de EE. UU. interpusieron recursos legales y obtuvieron órdenes judiciales para que la política se mantuviera en vigor mientras se litiga el caso. Desde entonces, el gobierno de Biden ha ampliado la aplicación del Título 42 y algunos funcionarios han manifestado que pretenden encontrar otros argumentos legales para seguir justificando las expulsiones de solicitantes de asilo si las decisiones judiciales llegasen a poner fin a expulsiones bajo el Titulo 42.
Los migrantes y solicitantes de asilo expulsados por EE. UU. a México suelen ser víctimas de abusos como secuestros, extorsiones y violaciones sexuales, por parte de grupos criminales y funcionarios mexicanos, según fue documentado por Human Rights Watch y otras organizaciones. Se han documentado al menos 6 mil casos de secuestros u otros ataques violentos contra personas que EE. UU. expulsó a México, según la organización Human Rights First, que realiza un seguimiento de esos casos.
El gobierno mexicano debería negarse a aceptar estas expulsiones, incluyendo las de venezolanos, y en especial, las de aquellas personas con condiciones de vulnerabilidad, como miembros de la comunidad LGBT y personas con enfermedades o discapacidades crónicas, manifestó Human Rights Watch. También debería otorgar estatus legal a todas las personas venezolanas expulsadas de EE. UU. para que tengan acceso a servicios básicos.
El derecho a solicitar asilo es un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos y está previsto en el derecho estadounidense. Todas las personas que busquen protección internacional tienen derecho a solicitar asilo en el extranjero y a que su caso sea oído por las autoridades correspondientes. Expulsar a los solicitantes de asilo sin darles la oportunidad de presentar sus solicitudes constituye una violación flagrante de la Convención sobre Refugiados, la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de las cuales tanto Estados Unidos como México son parte.
“Biden y López Obrador deberían trabajar en conjunto para crear sistemas de inmigración y asilo que sean humanos y equitativos y que respeten los derechos fundamentales, en lugar de restringir el acceso al asilo en función de criterios como la raza, la nacionalidad, los recursos económicos o los vínculos familiares de los solicitantes”, manifestó Ari Sawyer, investigadore de frontera de la división de Estados Unidos de Human Rights Watch.
