(Nueva York) – El nombramiento de un nuevo Contralor General en Guatemala debería ser el resultado de un proceso imparcial y transparente, señaló hoy Human Rights Watch. La contraloría desempeña un papel fundamental para prevenir la corrupción y es crucial para que las elecciones presidenciales de junio de 2023 se lleven a cabo de manera libre y justa.
Nombramientos similares efectuados en meses anteriores, incluidos los de la fiscal general y el procurador de derechos humanos, estuvieron marcados por falta de transparencia e imparcialidad, y debilitaron la separación de poderes y la protección de los derechos humanos.
“El desmantelamiento progresivo del Estado de derecho en Guatemala genera serias dudas sobre si la próxima elección presidencial se desarrollará de forma libre y justa”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “El escrutinio de la comunidad internacional respecto al nombramiento del contralor general es clave para proteger la democracia en el país y garantizar el derecho de los guatemaltecos a votar y a postularse en cargos públicos”.
El 21 de septiembre de 2022, el Congreso juramentó a la comisión de postulación de 23 miembros que está encargada de presentar una nómina de seis candidatos al cargo de contralor. El Congreso nombrará un nuevo contralor, que tiene la responsabilidad de velar por el uso correcto de fondos públicos, a partir de esa lista de finalistas. Funcionarios y exfuncionarios públicos, así como otras personas que hayan manejado fondos públicos y deseen postularse a cargos públicos, deben obtener un certificado emitido por el contralor que confirme que no están siendo investigados por uso indebido de fondos públicos.
En varios casos, contralores anteriores no emitieron certificados a candidatos que deseaban participar en elecciones presidenciales y locales pasadas, lo cual en la práctica impidió que se pudieran postular.
El derecho guatemalteco exige, entre otros criterios de elegibilidad, que quien ejerza la función de contralor general sea contador público o auditor con al menos 10 años de experiencia. La ley guatemalteca también fija la fecha en la cual la comisión de postulación debe iniciar su tarea, que en este caso era el 13 de agosto. Debido a demoras en el proceso de integración de la comisión de postulación, los comisionados no presentaron la nómina de seis candidatos a fines de septiembre, como exige la ley.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala también tendrá funciones cruciales en las elecciones, incluyendo la revisión del financiamiento de las campañas electorales y las inscripciones de los partidos políticos. En 2020, el Congreso nombró a los cinco miembros actuales del tribunal mediante un proceso que no fue transparente y que respondió a “intereses políticos”, según explicó la organización cívica Guatemala Visible que le dio seguimiento a los nombramientos. La comisión responsable de analizar las postulaciones para ocupar las vacantes en el tribunal electoral cambió su reglamento mientras se encontraba en curso el proceso para permitir que se incluyera a candidatos que, de lo contrario, habrían quedado excluidos debido a que no contaban con suficiente experiencia académica o profesional.
El presidente Alejandro Giammattei y el Congreso han nombrado a aliados del gobierno para ocupar cargos clave en otros organismos que deberían ser independientes del ejecutivo.
El 16 de mayo, Giammattei nombró a la fiscal general Consuelo Porras para un segundo mandato, tras un proceso de selección que careció de transparencia e independencia. Durante sus primeros cuatro años de mandato, Porras obstaculizó investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos. También transfirió y despidió de manera arbitraria a fiscales e impulsó procesos penales infundados contra jueces, fiscales y periodistas independientes.
El 20 de julio, el Congreso nombró a un nuevo procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova. Su antecesor, Jordán Rodas, denunció en forma reiterada los ataques contra la independencia judicial, la libertad de expresión y los defensores de derechos humanos. El Congreso, que nombró al sucesor de Rodas, intentó varias veces bloquear el financiamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos y separar del cargo a Rodas por su apoyo a los derechos de las personas LGBT y por otras posturas de defensa de los derechos humanos que asumió durante su mandato.
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso, en la cual tienen mayoría aliados del gobierno, nombró a Córdova a través de un proceso que careció de transparencia. Córdova ha sido señalado de participar en un caso de presunto tráfico de influencias, conocido como “comisiones paralelas”, durante la selección de 2019 de jueces para la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones. Aun así, la Comisión le otorgó el mayor puntaje de todos los candidatos para Procurador. La Comisión no ha dado explicaciones sobre cómo calculó el puntaje ni ha indicado en qué medida tuvo en cuenta los señalamientos de tráfico de influencias, ni si acaso los consideró.
Los miembros de la Comisión de Postulación para el cargo de Contralor General deberían evaluar de manera exhaustiva si los antecedentes profesionales de cada candidato indican que actuarán de manera imparcial, y cerciorarse de que todos los candidatos hayan demostrado la más alta honradez, indicó Human Rights Watch.
Los gobiernos preocupados por la situación en Guatemala, incluyendo Estados Unidos y de países de Europa, deberían exigir que el proceso de nombramiento del nuevo controlar sea transparente, respete los criterios de selección ya establecidos y garantice la vigencia del Estado de derecho, indicó Human Rights Watch.
