(Nueva York) – Décadas de financiación federal inadecuada han puesto en peligro las condiciones de vida de los residentes de las viviendas públicas y han agravado la crisis de la vivienda asequible, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 63 páginas “‘We Deserve to Have a Place to Live:’ How US Underfunding Public Housing Harms Rights in New York, New Mexico, and Beyond” (“‘Merecemos tener un lugar donde vivir’: cómo la falta de financiación para vivienda pública en EE.UU. perjudica los derechos en Nueva York, México y otros lugares”) examina el impacto de la disminución de la financiación federal para la vivienda pública, que ha ido acompañada de un modesto aumento de la inversión en programas de vivienda asequible que dependen del sector privado, como los programas de vales y subsidios. Human Rights Watch descubrió que los recortes presupuestarios han provocado el deterioro de las condiciones de vida en las viviendas públicas de la ciudad de Nueva York, así como en el norte de Nuevo México, y han reducido el parque de viviendas públicas en todo el país. También constata que otros programas de vivienda asequible, que dependen del sector privado, a menudo no han garantizado la asequibilidad a largo plazo para las personas con los ingresos más bajos.
“En comparación con otros programas federales de vivienda, la vivienda pública es especialmente importante para proporcionar casas asequibles a las personas con bajos ingresos”, dijo Jackson Gandour, becario de la división de Justicia y Derechos Económicos de Human Rights Watch. “La falta de financiación no solo pone en peligro a los residentes de las viviendas públicas, sino que obliga a muchas personas a pagar alquileres inasequibles en el mercado privado mientras languidecen en las listas de espera de ayudas a la vivienda”.
Human Rights Watch entrevistó a un total de 37 inquilinos en 2 autoridades de vivienda pública marcadamente diferentes: la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, la mayor autoridad de vivienda pública de Estados Unidos, y la Autoridad de Vivienda Regional del Norte, una pequeña autoridad de vivienda pública en el norte de Nuevo México. Human Rights Watch también entrevistó a varios expertos en política de vivienda y analizó datos de organismos gubernamentales, así como de organizaciones de investigación y de la sociedad civil.
Alrededor de un millón de personas en EE.UU. residen en viviendas públicas. Es un recurso fundamental para las personas de bajos ingresos en todo el país, especialmente las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas de color. Esto ha sido especialmente cierto en los últimos años, ya que Estados Unidos sigue enfrentándose a una grave escasez de viviendas asequibles. No hay un solo condado en Estados Unidos en el que un trabajador con salario mínimo a tiempo completo pueda permitirse un modesto apartamento de dos dormitorios. Tanto en Nueva York como en Nuevo México, los residentes dieron testimonio de la importancia de la vivienda pública en sus vidas.
Jasmin Sánchez, residente de una vivienda pública en la ciudad de Nueva York, dijo que la vivienda pública le dio estabilidad a su familia y la ayudó a obtener una educación. “Ya no teníamos que preocuparnos por no tener un lugar donde vivir”, dijo. Varios residentes de Nuevo México describieron su llegada a la vivienda pública después de enfrentarse a una vivienda inadecuada o a la falta de hogar. “No teníamos donde vivir y alguien nos habló de las viviendas, así que presentamos una solicitud y conseguimos una casa de inmediato”, dijo un residente.
Muchos residentes de larga duración en Nueva York también describieron una época en la que las condiciones de vida en las viviendas públicas eran mucho mejores. “Los edificios estaban limpios; las instalaciones estaban limpias”, dijo un residente. “Si había un problema en tu apartamento o necesitabas que te arreglaran algo, normalmente [los trabajadores de mantenimiento] venían el mismo día”. Otro residente dijo: “Cuando llegué aquí por primera vez, era tan bonito que pensé que estaba en el paraíso”.
Las condiciones de algunas viviendas públicas en Estados Unidos se han deteriorado en las últimas décadas, ya que el Congreso ha recortado los presupuestos de vivienda pública. Las autoridades de la vivienda pública reciben la mayor parte de su financiación del gobierno federal, y entre 2000 y 2021, la financiación de las reparaciones importantes se redujo en un 35% en términos reales. La financiación de las operaciones diarias y el mantenimiento también ha sido sistemáticamente inadecuada para satisfacer las necesidades de funcionamiento. Una ley de 1998, denominada Enmienda Faircloth, restringe drásticamente el uso de fondos federales para la construcción de nuevas viviendas públicas, despojando a las localidades de una herramienta potencial para abordar la escasez crónica de viviendas asequibles.
En todo el país, cada año se pierden unos 10.000 apartamentos de vivienda pública debido a su deterioro. Los residentes de Nueva York y Nuevo México señalaron el empeoramiento de las condiciones de vida y, en algunos casos, describieron problemas en sus viviendas que suponían una posible amenaza para su salud. Una residente de Nueva York dijo que luchó durante meses para conseguir la reparación de una gotera en su apartamento que estaba causando daños en las paredes y moho. “Si se trata de algo grande e importante como eso, intentan evitarlo”, dijo. “Son literalmente años de abandono y deterioro”.
Numerosos residentes, tanto en Nuevo México como en Nueva York, describieron la espera de meses o incluso años para las reparaciones. Catherine Parker, que vive en Taos (Nuevo México), describió numerosos problemas en su casa, como moho, plagas de hormigas y daños en las paredes. Dice que el personal de mantenimiento no ha respondido. “No espero que las cosas se hagan de inmediato”, dijo. “Entiendo que no soy la única que tiene problemas en su apartamento. Pero espero una respuesta”.
Subrayando la escasez crónica de viviendas asequibles en EE.UU., múltiples residentes dijeron que habían intentado salir del sistema de vivienda pública pero que no habían podido encontrar una opción asequible. “Si pudiera salir de aquí lo haría”, dijo Parker. “Si pudiera salir de Taos lo haría”.
A medida que los presupuestos para las viviendas públicas disminuyen, el gobierno federal aumenta la financiación de los programas de vivienda asequible que dependen del sector privado, como los vales para inquilinos y los créditos fiscales para los promotores de viviendas asequibles. Sin embargo, estos programas, en comparación con las viviendas públicas, a menudo no consiguen proporcionar viviendas suficientemente asequibles a largo plazo.
Las viviendas construidas con el programa de créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos, el mayor programa de viviendas asequibles por el lado de la oferta en EE.UU., son, por ejemplo, normalmente menos asequibles que las viviendas públicas. Además, las protecciones de asequibilidad del programa son temporales: más de 400.000 apartamentos con créditos fiscales, aproximadamente el 20% del parque, perderán sus protecciones de asequibilidad en 2030.
El Gobierno federal, así como las autoridades estatales y locales, deben aumentar la financiación de la vivienda pública, y el Congreso debe derogar la Enmienda Faircloth, dijo Human Rights Watch. El gobierno federal también debe ampliar el apoyo a todos los programas de asistencia a la vivienda, al tiempo que realiza las revisiones necesarias para garantizar que sirvan de manera más eficaz a los hogares de bajos ingresos.
“La vivienda pública desempeña un papel crucial en el cumplimiento del derecho humano a la vivienda, ya que puede proporcionar hogares dignos a todos, independientemente de los ingresos”, dijo Gandour. “Al restablecer una financiación adecuada, Estados Unidos puede cumplir sus obligaciones internacionales y dar un paso importante para abordar la crisis de la vivienda en el país”.
