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Tanzania debe agilizar las protecciones a la educación de las niñas

Adoptar directrices para madres adolescentes que respeten los derechos y colaborar con las comunidades y con la sociedad civil

The flag of the United Republic of Tanzania. © 2010 TONY KARUMBA/AFP via Getty Images

(Nairobi) – El compromiso de Tanzania de adoptar directrices para que las escuelas permitan que las madres adolescentes puedan regresar a las aulas antes de junio de 2022 es un punto de inflexión importante en la educación de las niñas, señalaron hoy Human Rights Watch y Accountability Counsel.

El 8 de marzo, el gobierno de Tanzania y el Banco Mundial publicaron el acuerdo al cual llegaron para restructurar el Programa de Mejora de la Calidad de la Educación Secundaria de Tanzania (SEQUIP), financiado a través de un préstamo por USD 500 millones del Banco Mundial, con el objetivo de adoptar nuevas medidas que pongan fin a la disposición que prohíbe la escolarización de las alumnas embarazadas o que sean madres.

“El Gobierno de Tanzania ha dado un primer paso alentador e importante para reparar la injusticia que soportan desde hace mucho tiempo las niñas”, apuntó Elin Martinez, investigadora sénior de derechos humanos en Human Rights Watch. “Las autoridades ahora deberían agilizar la adopción de directrices sólidas que respeten los derechos, e incluir tanto en sus leyes como en sus políticas garantías para las estudiantes embarazadas o que son madres”.

El 24 de noviembre de 2021, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología publicó una circular que indica que el embarazo y la maternidad no son causas que justifiquen la expulsión de las escuelas públicas. A las niñas que son madres se les permite regresar a las escuelas públicas para retomar sus estudios. Tanzania era uno de los países de África que prohibían en forma expresa asistir a la escuela a las niñas que quedan embarazadas o que son madres.

El acuerdo de restructuración, que vincula los desembolsos de fondos al cumplimiento de compromisos y objetivos, dispone “lineamientos de continuidad” que precisan por cuánto tiempo las niñas embarazadas pueden permanecer en la escuela antes de tomar una licencia para dar a luz, y cuán pronto después del nacimiento pueden volver a la escuela. El gobierno también se ha comprometido a prohibir las “pruebas de embarazo involuntarias”, que tienen carácter obligatorio en la gran mayoría de escuelas secundarias y se usan para expulsar a las estudiantes embarazadas. El gobierno también establecerá un sistema de monitoreo para el seguimiento de la reincorporación de las niñas a las escuelas públicas a fin de que continúen sus estudios y para determinar en qué medida las autoridades locales adhieren a las directrices.

Las directrices del gobierno y las medidas complementarias que se adopten deben ser concretas e inmediatas, enfocadas en eliminar los diversos obstáculos que enfrentan las niñas que están embarazadas o que son madres. Sin embargo, el gobierno también deberá dar otros pasos para revertir prácticas perniciosas sistémicas en su sistema educativo y afianzar las protecciones para las niñas que están embarazas o que son madres.

El gobierno debería actualizar la Ley de Educación para eliminar las disposiciones en las Reglamentaciones sobre Educación de 2002 (Expulsión y Exclusión de Alumnos de las Escuelas) que permiten a las instituciones expulsar a alumnos que hayan “cometido un acto contra la moral” o “contraído matrimonio”, así como la reforma de 2016 a esta Ley, que exige que los directores de las escuelas informen los matrimonios y los embarazos a los comisionados de distrito o regionales.

La investigación exhaustiva que llevó a cabo Human Rights Watch sobre las leyes que protegen el derecho de las estudiantes embarazadas a la educación en más de 30 países de la Unión Africana concluyó que las directrices suelen ser un paso clave en la adopción de una política nacional jurídicamente vinculante. Para ser acorde con las normas de derechos humanos, las directrices o políticas que traten sobre la continuidad de la escolaridad deben enfocarse en apoyar a las estudiantes a permanecer en la escuela y reducir al mínimo el tiempo que las niñas no asistan a clases.

El gobierno debería evitar establecer condiciones estrictas o engorrosas que exijan que las niñas vuelvan a inscribirse en la escuela; por ejemplo, al requerir un período de ausencia obligatorio o inflexible después del nacimiento. La política también debería prever adecuaciones especiales para las madres jóvenes en las escuelas, como por ejemplo, tiempo para la lactancia, permiso de inasistencia cuando los bebés estén enfermos o para llevarlos a establecimientos de salud, y acceso a guarderías o centros de educación preescolar.

El acuerdo de restructuración del Banco Mundial también insta a que se establezca un equipo de trabajo para desarrollar el Programa de Escuelas Seguras del gobierno, planificado en el marco del SEQUIP, a fin de “crear un entorno de aprendizaje seguro para los estudiantes”, reducir la violencia en las escuelas secundarias y fortalecer el apoyo a las niñas adolescentes.

Asimismo, el gobierno debería establecer un marco de rendición de cuentas transparente que incluya un sistema de reparación por daños en el ámbito de las escuelas y a nivel nacional, y disponer oportunidades para que los estudiantes, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades y otros “actores” puedan plantear cuestiones e inquietudes relacionadas con la educación.

La prohibición anterior que regía en Tanzania sobre escolarización de estudiantes embarazadas o con hijos tuvo consecuencias desastrosas. Según estimaciones del Banco Mundial, 6.500 estudiantes embarazadas dejan de asistir a la escuela en Tanzania cada año, si bien las organizaciones no gubernamentales calcularon anteriormente que cerca de 8.000 se vieron obligadas a abandonar la escuela cada año.

“Para cerciorarse de que se implementen con éxito las directrices sobre continuidad y otros componentes relacionados con el programa SEQUIP, el gobierno deberá generar oportunidades de mantener consultas y comprometerse a una colaboración continua con las organizaciones de la sociedad civil, las madres adolescentes y otras partes afectadas por el programa”, sostuvo Teresa Mutua, asociada sénior de comunicaciones de Accountability Counsel. “Es crucial que el gobierno se asegure de que todas las vías de colaboración estén funcionando realmente”.

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