La reciente sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, C-055 de 2022, por la cual se despenaliza el aborto en todos los supuestos hasta las 24 semanas de embarazo representa un hito para los derechos reproductivos de las mujeres.
El aborto no será punible cuando se realice después de la semana 24 de gestación si fuera aplicable alguno de los tres supuestos vigentes desde la sentencia C-355 de 2006: cuando el embarazo represente un riesgo para la salud o la vida de la persona embarazada, no sea viable o sea el resultado de una violación.
La decisión emblemática, que sea adoptó por una diferencia de 5 votos contra 4, sitúa a Colombia a la vanguardia de los derechos reproductivos de las mujeres en América Latina y el Caribe luego de una serie de decisiones que amplían el acceso al aborto legal en la región. En 2020, Argentina legalizó el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo y, tras una serie de legalizaciones en México, ahora en seis estados mexicanos el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación.
La decisión de ayer fue posible gracias a los arduos esfuerzos del movimiento Causa Justa, integrado por más de 200 organizaciones y activistas que busca eliminar el delito de aborto del Código Penal para lograr la libertad y autonomía reproductiva de las mujeres y niñas en Colombia. En septiembre de 2020, Causa Justa, planteó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de Colombia para que se despenalice el aborto en todos los casos y cesen las violaciones continuas de los derechos reproductivos de las mujeres. Human Rights Watch presentó un amicus curiae a la corte instándola a que despenalizara plenamente el aborto de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.
En Colombia, el acceso al aborto legal seguro es limitado y desigual. La Fiscalía General de la Nación determinó que cerca del 34 % de las mujeres y niñas que fueron investigadas penalmente por abortos entre 1998 y 2019 se desempeñaban como trabajadoras del hogar. el Instituto Guttmacher , una organización internacional que promueve los derechos reproductivos, concluyó en 2013 que el 33 % de las mujeres en Colombia que tuvieron abortos clandestinos experimentaron complicaciones para las cuales se necesitó atención médica y que, entre las mujeres de bajos recursos en zonas rurales, ese índice era de hasta el 53 %.
Tratar al aborto como un delito no reduce esta práctica ni la elimina. Simplemente impide que las mujeres y niñas puedan acceder a la atención esencial de la salud, pone en riesgo sus vidas y su salud y cercena su privacidad y su dignidad. También menoscaba la posibilidad de los proveedores sanitarios de llevar adelante su trabajo con integridad y sin temor, y compromete la atención de las pacientes.
Se trata de una decisión histórica en tanto reconoce la autonomía reproductiva de las mujeres, y niñas , en consonancia con los estándares internacionales. Ahora el gobierno debería implementar la decisión eliminando cualquier tipo de obstáculos para garantizar un acceso real y efectivo al aborto legal. Las mujeres y las niñas en Colombia tienen motivos válidos para festejar. Se merecen que esta sentencia se haga realidad.
