La demanda presentada por Causa Justa, ante la Corte Constitucional de Colombia, ofrece una oportunidad histórica para despenalizar plenamente el aborto y poner fin a un modelo de causales que viola los derechos de las mujeres y de los profesionales de la salud. Human Rights Watch ha presentado una intervención ante la Corte instándola a dar este paso decisivo para vigencia de los derechos humanos.
El aborto es legal en Colombia en casos de violación, incesto o inseminación artificial sin consentimiento, malformaciones fetales graves incompatibles con la vida y para proteger la vida o la salud. Sin embargo, aun cuando se reconoce el derecho legal al aborto, muchas mujeres y niñas enfrentan múltiples barreras para ejercer su derecho a acceder a este servicio.
Estas barreras se deben en buena medida a la criminalización del aborto negándose acceso seguro, oportuno y digno a un servicio de salud esencial. De hecho, algunas mujeres son perseguidas penalmente incluso cuando buscan obtener abortos legales, como lo ha documentado Women’s Link Worldwide en Colombia.
Human Rights Watch ha publicado ocho informes que analizan cómo la criminalización del aborto en América Latina y el Caribe viola derechos humanos reconocidos internacionalmente. A partir de estas investigaciones, hemos extraído tres conclusiones centrales.
En primer lugar, las leyes que penalizan el aborto obligan a las personas a recurrir a procedimientos inseguros para poner fin a un embarazo no deseado, poniendo en riesgo su salud y su vida. Aunque en Colombia no se recopilan datos de forma consistente al respecto, la última información difundida por el Ministerio de Salud en 2014, indica que cada año en el país 70 mujeres mueren y 132.000 sufren complicaciones debido a abortos inseguros. El Instituto Guttmacher, una entidad internacional, concluyó en 2013 que el 33% de las mujeres en Colombia que tuvieron abortos clandestinos experimentaron complicaciones para las cuales se necesitó atención médica y que, entre las mujeres de bajos recursos en zonas rurales, ese índice era de hasta el 53%.
En segundo lugar, la criminalización perjudica mayormente a las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. En Colombia, la Fiscalía General de la Nación ha reconocido que cerca del 34% de las mujeres y niñas investigadas penalmente por aborto se desempeñaban como trabajadoras del hogar. El Instituto Guttmacher informó que la tasa más alta de mujeres que sufren complicaciones por abortos inseguro existe en el Pacífico, una región con altos índices de pobreza.
En tercer lugar, la criminalización disuade a las mujeres no solo de solicitar un aborto sino además de intentar obtener atención post aborto o asistencia por complicaciones obstétricas. De hecho, la Fiscalía informó este año que el 73 % de las investigaciones sobre abortos que se impulsaron entre 1998 y 2019 fueron iniciadas por personal hospitalario, en violación del secreto profesional. A su vez, la criminalización puede provocar que los profesionales sanitarios no brinden atención de emergencia por temor a una persecución penal o estigmatización si se percibe que son cómplices en abortos.
La tipificación del aborto no reduce la cantidad de abortos. Simplemente impide que las mujeres y niñas puedan acceder a la atención esencial de la salud y pone sus vidas y su salud en riesgo. Del mismo modo, la criminalización del aborto menoscaba la posibilidad de los proveedores sanitarios de llevar adelante su trabajo con integridad y sin temor, y compromete la atención y la privacidad de las pacientes.
Despenalizar el aborto protegería adecuadamente la salud y la vida de las mujeres y permitiría que Colombia cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
