Aunque el acceso al aborto seguro está en riesgo desde Estados Unidos hasta China, el movimiento de mujeres conocido como la Marea Verde ha logrado impulsar reformas y avances inéditos en materia de salud reproductiva y derechos en América Latina.
El aborto hasta la semana 14 del embarazo fue legalizado en Uruguay en 2012, en Argentina en 2020 y en algunos estados de México es legal desde 2007 (Baja California, en donde se legalizó el 29 de octubre, es el estado mexicano más reciente). En septiembre, la Suprema Corte de México despenalizó el aborto en Coahuila y limitó las circunstancias en las que los profesionales de la salud pueden negarse a dar atención por motivos de creencias religiosas o personales.
Antes de estos avances, las excepciones legales que permitían el aborto se interpretaban de manera restrictiva, y cualquier persona que quisiera interrumpir un embarazo podía enfrentar estigmatización, maltrato por parte de los profesionales de la salud y persecución penal.
No ha sido un camino fácil y muchos gobiernos de la región —igual que muchos en todo el mundo— todavía se oponen a la lucha por los derechos reproductivos. En Honduras, el Congreso cambió la Constitución para hacer casi imposible la legalización del aborto. República Dominicana rechazó una propuesta para despenalizar el aborto cuando un embarazo supone un riesgo para la vida, es inviable o se produjo como resultado de una violación o de incesto. Y, en septiembre, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, descartó cualquier cambio en las leyes sobre el aborto en la reforma constitucional que emprenderá el país. Algunas mujeres en El Salvador han sido condenadas hasta a 40 años de prisión acusadas de violar la ley, muchas de ellas después de sufrir abortos espontáneos o partos extrahospitalarios.
La Marea Verde ha conseguido victorias sobre esos obstáculos y podría tener éxito en otros lugares, con campañas dinámicas y protestas populares masivas organizadas a partir de acciones legales y demandas legislativas centradas en la autonomía y los derechos de las mujeres, especialmente en la protección de las mujeres contra la violencia.
El movimiento surgió de #NiUnaMenos, que comenzó en Argentina en 2015 para exigir el fin del número terriblemente alto de mujeres asesinadas. Obtuvo su nombre en 2018, después de que más de un millón de activistas, muchas con pañuelos verdes, tomaron las calles del país para apoyar la legalización del aborto.
Los pañuelos se convirtieron en un símbolo de resistencia, un guiño inspirado en las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, quienes durante la última dictadura (que se prolongó desde 1976 a 1983) marcharon con pañuelos blancos para visibilizar la desaparición forzada a manos del Estado de sus seres queridos. Muy pronto, el uso de pañuelos verdes se comenzó a extender en las movilizaciones por los derechos de las mujeres en América Latina y en otros lugares. En enero de 2021, activistas que participaron en manifestaciones contra unas restricciones nuevas al aborto en Polonia llevaban pañuelos verdes.
Las estrategias de la Marea Verde se desarrollaron durante décadas. La primera acción legal que tuvo éxito fue en 2006, después de que Women’s Link Worldwide presentara una demanda ante la Corte Constitucional de Colombia con el argumento de que la ley que tipificaba al aborto en cualquier circunstancia como delito debía considerarse inconstitucional. Como consecuencia, la corte despenalizó el aborto en casos de violación o incesto, embarazo no viable y cuando la vida o la salud de la mujer embarazada estuviera en peligro.
La corte aseguró que los esfuerzos estatales para proteger la vida fetal también tenían que reconocer los derechos de las mujeres a no ser tratadas como “un instrumento reproductivo para la raza humana”.
Los esfuerzos del movimiento para romper el estigma contra el aborto y ayudar a las personas a entender la realidad que enfrentan las mujeres y las niñas cuando se ven forzadas a llevar a término un embarazo no deseado han sido igual de importantes que las acciones legales. En 2016, Planned Parenthood Global y otros organismos comenzaron la campaña Niñas, No Madres para informar e involucrar al público sobre las consecuencias de la violencia sexual y la maternidad forzada para las niñas. En Bolivia, el caso reciente de una niña de 11 años violada por su abuelo de 61 años y obligada a continuar con el embarazo ha reabierto este debate.
Durante años, las historias de mujeres y niñas, la mayoría de ellas pobres, que enfrentan cargos penales y ponen en riesgo su salud y sus vidas por la falta de acceso a servicios de aborto seguro no fueron escuchadas. Las múltiples investigaciones de Human Rights Watch y otros organismos sobre aborto han demostrado que la penalización del aborto no lo elimina, sino que lleva a las personas a recurrir a procedimientos inseguros que ponen en peligro sus vidas. También acentúa la desigualdad y la discriminación. Muchas mujeres, en especial aquellas que viven en la pobreza o en áreas rurales, recurren a abortos autoinducidos que no son seguros o buscan ayuda de personas que no están capacitadas para practicarlos. La tasa de aborto es más alta en los países que restringen el acceso al aborto que en los que no lo hacen.
Además de las movilizaciones de base para ejercer presión, el movimiento ha reclutado a mujeres reconocidas para promover su causa. En 2018, más de 250 actrices y escritoras argentinas firmaron una carta en la que le pedían al Congreso que despenalizara el aborto. El debate se afianzó como tema de campaña cuando Alberto Fernández, entonces candidato a la presidencia, prometió presentar al Congreso un proyecto de ley que despenalizara el aborto. En diciembre de 2020, debido a la presión concertada de la Marea Verde, se aprobó un proyecto de ley para legalizar el aborto hasta las 14 semanas de embarazo.
La sororidad de la Marea Verde ha ayudado a acabar con el estigma social y a crear conciencia sobre los derechos de las mujeres y las niñas. También ha influido en los responsables de diseñar políticas para poner al centro del debate público y legal la autonomía reproductiva y la justicia de género. Hace una década habría sido impensable que el Congreso de Chile estuviera debatiendo la despenalización del aborto hasta después de las 14 semanas de gestación o que la Corte Constitucional de Colombia esté debatiendo un caso que podría, en la práctica, despenalizar el aborto y eliminarlo del código penal del país.
Aún quedan desafíos enormes en Honduras, El Salvador y República Dominicana, y en otros países de América Latina donde el aborto aún no es legal. Pero la hermandad de la Marea Verde es y será la fuerza del movimiento. Hemos aprendido que la organización y la colaboración son los elementos que impulsan los reclamos exitosos por los derechos de la mujer.
Ximena Casas es investigadora para las Américas de la División de Mujeres en Human Rights Watch. Antes trabajó por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres latinoamericanas en Planned Parenthood Global y el Centro de Derechos Reproductivos.
