El 25 de enero, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas analizará la dramática situación de los derechos humanos en Venezuela durante su Examen Periódico Universal (EPU). El examen ofrece una oportunidad de exponer el desprecio manifiesto de las autoridades en Venezuela por los derechos fundamentales y de plantear recomendaciones que deben adoptarse para cumplir con sus obligaciones internacionales.
Por medio del EPU, la situación de los derechos humanos de cada país es objeto de una revisión por otros países cada cuatro años. Venezuela no ha implementado la mayoría de las recomendaciones que recibió tras los exámenes EPU de 2011 y 2016.
Previo al examen de este año, Human Rights Watch presentó un resumen sobre la situación de derechos humanos en Venezuela con recomendaciones orientadas a restablecer el Estado de derecho e implementar reformas para proteger derechos. La represión brutal por parte del régimen de Nicolás Maduro persiste, incluyendo abusos aberrantes por las fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno. Las autoridades hostigan y persiguen penalmente a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para responder a la emergencia humanitaria y de derechos humanos que atraviesa el país. Esta emergencia ha privado a millones de venezolanos de la posibilidad de obtener atención médica básica y nutrición adecuada, y ha dejado al país en una situación desastrosa para enfrentar la pandemia de Covid-19. Más de 6 millones de venezolanos han huido del país, generando la mayor crisis migratoria de América Latina.
La Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela concluyó que existen motivos razonables para creer que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad, y que las autoridades judiciales, cómplices de los abusos, perpetúan la impunidad. En noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan anunció su decisión de abrir una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad.
Durante el EPU de Venezuela, los estados deberían interpelar al régimen de Maduro para que adopte las siguientes medidas:
- Liberar inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos y poner fin a las detenciones arbitrarias y los abusos contra opositores.
- Reformar la Policía Nacional Bolivariana, entre otras medidas, disolviendo la Fuerza de Acciones Especiales (FAES).
- Reformar el poder judicial con el propósito de restablecer la independencia judicial.
- Poner fin a la censura y a la campaña sistemática contra periodistas independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
- Permitir el pleno despliegue de todas las organizaciones humanitarias.
- Asegurar las condiciones para elecciones libres y justas con observación internacional independiente.
- Investigar de manera oportuna y exhaustiva todas las denuncias de violaciones de derechos humanos desde 2014, examinando la responsabilidad penal de quienes cometieron los abusos y de los funcionarios de alto rango que sabían o deberían haber sabido que se estaban cometiendo.
