Un adolescente venezolano de 16 años abrazaba a su perro sentado a un costado de la carretera. Estaban en el Páramo de Berlín, en Colombia, el punto más alto en la ruta que toman los venezolanos que cruzan a pie la frontera entre Venezuela y Colombia, donde las temperaturas pueden descender hasta 0 °C. El joven, junto con otros dos de su edad, llevaban horas caminando.
Tal vez incluso más doloroso que escuchar sus historias, fue la sensación de déjà vu y la certeza de que parte de su sufrimiento era innecesario.
En 2018, vimos a algunos de los primeros cientos de caminantes venezolanos, incluidas mujeres embarazadas, niños y niñas, que caminaban durante días para llegar a ciudades más grandes en Colombia y a otros países latinoamericanos. Ya en ese entonces, huían de la devastadora crisis política, humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, que al día de hoy ha obligado a más de seis millones de personas a irse del país.
Tres años y una pandemia más tarde, cientos de venezolanos siguen recorriendo estos trayectos peligrosos, sin estar preparados para las temperaturas extremas ni los riesgos para su seguridad. Los organismos de la ONU estiman que 400 refugiados y migrantes recorren a pie estas rutas cada día para llegar a Bogotá u otras ciudades colombianas, incluidos entre 10 y 15 niños y niñas no acompañados o separados de sus familias, que quedan expuestos a la trata de personas y, en partes del trayecto, al reclutamiento por grupos armados.
La represión feroz del Gobierno de Nicolás Maduro contra opositores en Venezuela ha llevado a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inicie la primera investigación formal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en las Américas. A su vez, la emergencia humanitaria en el país, que es anterior a la pandemia de covid-19, ha dejado a uno de cada tres venezolanos sufriendo inseguridad alimentaria, y a millones con necesidad de atención médica adecuada.
Mientras el Gobierno de Maduro continúe violando sistemáticamente los derechos fundamentales del pueblo venezolano y no dé respuesta a la crisis humanitaria, los venezolanos seguirán huyendo.
El Gobierno colombiano ha dado un paso histórico para otorgarle estatus legal a los más de 1,8 millones de venezolanos en el país. Esta medida trascendental permite que los venezolanos puedan trabajar legalmente en Colombia, protegiéndolos de posible explotación. Una vez que obtienen sus permisos, pueden enviar a sus hijos a la escuela, obtener atención en salud y denunciar delitos sin temor a ser deportados.
El gobierno colombiano y diversas organizaciones internacionales y de la ONU que brindan asistencia humanitaria han establecido varios centros sobre la ruta que siguen estos caminantes, con el propósito de darles alimentos, albergues temporales, atención en salud y acceso a internet. En 2021, más de 100.000 caminantes recibieron ayuda. Además, organizaciones colombianas, algunas de ellas con el apoyo de organizaciones como Aid for Aids y Funvecuc, han instalado sus propios puntos de atención en el camino.
Salvo muy pocas excepciones, como el caso de familias con hijos menores de 12 años y mujeres embarazadas, nadie ofrece transporte a los caminantes venezolanos.
¿Por qué el Gobierno colombiano, que ha acogido generosamente a tantos venezolanos, no permite que tomen un autobús para evitar un viaje peligroso?
La respuesta parece ser una mezcla de temor, legislación deficiente y políticas crueles. A algunas empresas de transporte les preocupa que llevar en sus autobuses a migrantes sin estatus legal pueda constituir “tráfico de migrantes”, un delito tipificado en el derecho colombiano. A su vez, un decreto migratorio aprobado en 2018 establece como infracción administrativa que las empresas transporten migrantes sin estatus legal en el país. Ante esto, algunas compañías de transporte temen que las multen, puesto que la mayoría de los venezolanos que cruzan la frontera a pie todavía no han podido regularizar su situación. Funcionarios públicos y trabajadores humanitarios nos dijeron que algunos alcaldes de las ciudades adonde se dirigen los refugiados quieren frenar la afluencia de venezolanos. Al parecer, algunos creen que, si permiten a los caminantes usar autobuses, alentarán a más venezolanos a irse de su país.
Sin embargo, esta política no ha disuadido a miles de venezolanos, quienes, al igual que tantos otros migrantes en la región, están en situación desesperada. Esta política solo hace que sufran más al obligarlos a caminar.
El Gobierno colombiano debería trabajar con las organizaciones humanitarias para brindar transporte a los caminantes y llevar a cabo las reformas legislativas necesarias para que los venezolanos puedan circular por el país en forma segura.
Ayudar a los exiliados venezolanos a llegar a su destino final en autobús no solo sería un gesto humano, sino que además sería conveniente en términos económicos. Las agencias de la ONU y sus socios gastan entre 200 y 300 dólares por día para alimentar y ayudar a cada caminante durante su trayecto a pie. Pagar un pasaje de autobús de 30 dólares permitiría emplear un presupuesto mayor para ayudar a los venezolanos en el lugar donde elijan vivir, o para asegurar que tengan un acceso más rápido al estatus legal.
En 2020, cuando la covid-19 golpeó a Colombia, muchos venezolanos perdieron su trabajo y decenas de miles decidieron regresar a su país. En ese momento, Colombia puso a disposición autobuses para llevarlos de regreso a la frontera, por lo que no habría razones logísticas para no ofrecer ese transporte ahora.
Los caminantes que vimos hace poco recibiendo ayuda humanitaria durante su difícil trayecto estaban en mejores condiciones que aquellos que vimos en 2018, cuando había mucha menos asistencia humanitaria. Sin embargo, ¿cuál es el sentido de hacerlos sufrir innecesariamente?
Colombia ha tomado la decisión acertada de otorgarles estatus legal a los venezolanos. Ahora debe dar este paso crucial para terminar con el sufrimiento en esta ruta y contribuir a que los caminantes venezolanos dejen de ser parte del paisaje de las rutas colombianas.
