La COP26 debe proclamar el fin del carbón

“El evento de Glasgow debe convertirse en la COP que hizo pasar a la historia al carbón”. Eso fue lo que dijo en julio Alok Sharma, presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP26). Esta semana los líderes mundiales se han convocado en Glasgow y la necesidad de eliminar gradualmente el uso del carbón nunca ha sido tan urgente, si la humanidad desea evitar las consecuencias más graves de la crisis climática.

El carbón es el combustible fósil que más emisiones genera, y el causante del 30 % de las emisiones globales, además de una sustancia que contribuye significativamente a la contaminación ambiental, que tiene un efecto devastador en la salud y se cobra prematuramente las vidas de 8 millones de personas todos los años.

Si bien desde hace décadas se está impulsando que se deje de extraer carbón, ese final sigue tan improbable como siempre. En muchos lugares del mundo, el carbón sigue siendo preponderante.

Desde hace tiempo, los órganos regionales e internacionales de derechos humanos han dejado en claro a los gobiernos que son ellos los responsables del impacto perjudicial en los derechos humanos que tienen las emisiones que se originan en sus territorios, sea dentro de sus fronteras o fuera de ellas. Los países que no toman medidas para eliminar gradualmente el uso de carbón incumplen sus obligaciones de derechos humanos.

Se han producido algunos acontecimientos alentadores con respecto al carbón desde la última Conferencia de las Partes celebrada en 2019. Las naciones que conforman el Grupo de los 7 (G7) acordaron en mayo poner fin a la mayor parte del financiamiento internacional para conseguir nuevo carbón. Las naciones del Grupo de los 20 (G20) concertaron un acuerdo similar en los días previos a la COP26. China anunció en septiembre que no construiría nuevas plantas de carbón en el exterior. Japón y Corea del Sur, dos de los cinco países que brindan más financiamiento público para el carbón, también anunciaron a principios de este año que tenían la intención de eliminar gradualmente el financiamiento exterior al carbón.

Al mismo tiempo, bancos privados, fondos de pensión y otros actores del sector financiero privado han adoptado medidas para restringir el financiamiento del carbón. Han establecido términos más estrictos o se han desprendido totalmente de sus inversiones en carbón, en parte debido al riesgo que supone para la reputación, pero también por el futuro incierto a largo plazo de ese recurso. Algunas aseguradoras también se están apartando del carbón debido a riesgos excesivos. A causa de estos factores, que se suman a los impuestos sobre el carbono aplicados en muchas jurisdicciones, el carbón es cada vez  menos económico que las energías renovables, cuyos costos han caído sustancialmente. En la actualidad la energía solar es la fuente de electricidad más económica.

Todo esto pareciera sugerir que se ha avanzado, ¿verdad? Sí, pero no lo suficiente. El carbón sigue siendo la principal fuente de electricidad del mundo. Y China, Japón e India —que utilizan más del 65 % del total— muestran pocos signos de estar apartándose de esa dirección. China, que es, por lejos, el mayor productor, importador y usuario de carbón térmico del mundo, aprobó en el primer semestre de 2020 la construcción de más centrales eléctricas nuevas a carbón que las aprobadas durante los dos años anteriores juntos. A su vez, los cortes eléctricos persistentes que han ocurrido en regiones de China que producen energía a carbón, en parte debido a la escasez de carbón en un momento en que sus precios han alcanzado un nivel récord, podrían hacer que la demanda china siga impulsando la producción de ese recurso en Sudáfrica, Australia y en otros lugares.

En los cambios normativos anunciados con respecto al financiamiento del carbón, si bien son positivos, abundan los vacíos, las excepciones y las ambigüedades. Japón, por ejemplo, a pesar de su compromiso de retirar el apoyo a proyectos relacionados con el carbón en el extranjero, continúa financiando enormes centrales de carbón en Bangladés, Vietnam e Indonesia, que se encontraban en la cartera de proyectos al momento del anuncio pero que aún no se habían construido. Por su parte, el gobierno chino todavía debe aclarar si la eliminación progresiva de financiamiento que anunció para las plantas de carbón en el exterior se aplica a decenas de proyectos que se encuentran en trámite.

Dentro del G20, los fondos para la recuperación tras el Covid-19, en vez de utilizarse para fuentes de energía no contaminante, se han reinvertido en gran medida en combustibles fósiles, entre ellos, el carbón. El G20 podría haber aprovechado la oportunidad para acelerar la transición hacia la energía limpia y para ayudar a proteger un amplio repertorio de derechos humanos, como el derecho a la salud, a la vida, al agua, a la seguridad alimentaria y a un medioambiente sano. En lugar de eso, los gobiernos del G20 agudizarán los problemas.

La industria del carbón y quienes están a favor de ella defienden la continuidad de este apoyo señalando los costos económicos que implica hacer desaparecer la industria del carbón, en especial, para los trabajadores de minas de carbón y centrales energéticas. Sin embargo, no toman en cuenta los empleos que genera la transición hacia la energía no contaminante y los altísimos costos económicos que implica no actuar frente al cambio climático. Una aseguradora calculó que las pérdidas provocadas por el cambio climático podrían alcanzar los USD 23 billones por año para 2050, con efectos devastadores para los derechos humanos. Esto supera más de diez veces los ingresos que tuvieron las empresas de petróleo y gas de todo el mundo en 2020, y es mayor que el actual PIB de Estados Unidos o China.

Entre los muchos anuncios que los gobiernos realizarán durante la COP26 para destacar sus acciones relativas al clima, es preciso que se den pasos concretos e inmediatos para poner fin a la energía a carbón de una vez por todas, tanto en el ámbito nacional como internacional, y tanto para centrales energéticas nuevas como ya existentes, estén o no en funcionamiento. Sin excepciones, vacíos ni demoras. Como señaló en marzo el secretario general de la ONU António Guterres: “Eliminar gradualmente el carbón del sector de la electricidad es el paso individual más importante que debe darse para poder estar encaminados hacia la meta de que el aumento de la temperatura no supere los 1,5 grados”.

Las plantas existentes deberían darse de baja tan pronto como sea posible, preferentemente para 2030 como último plazo. Además, los gobiernos deberían dejar de brindar de inmediato ayuda financiera a infraestructuras de carbón térmico que todavía se estén construyendo y retirar los subsidios y otra asistencia a entidades de la industria cuyos ingresos provengan del carbón.

En especial, Japón debería dejar de financiar las plantas de carbón en Vietnam y Bangladés. China debería aclarar que su eliminación progresiva del apoyo al carbón en el extranjero comprende a los proyectos que tiene actualmente, y debería recortar de inmediato el financiamiento para plantas de carbón proyectadas en Camboya, Bosnia y otros lugares. Asimismo, el desarrollo o la expansión de minas de carbón térmico —incluso en Australia, que aprobó tres importantes proyectos de carbón recientemente, en el curso de tan solo un mes— deberían finalizar por completo.

Cada día que quemamos carbón para producir electricidad es otro día que contribuimos a frustrar los esfuerzos en pos del objetivo del Acuerdo de País de limitar el calentamiento global a 1,5 grados y, así, evitar los resultados y efectos climáticos más catastróficos. Alok Sharma tiene razón: es en la COP donde los Estados deben adoptar medidas drásticas —sin vacíos, excepciones ni poses políticas— para que el carbón pase a ser historia.